¿La magistrada Cristina Lombana no estuvo de acuerdo con la captura de Arturo Char? salvamento de voto demuestra que se apartó de la decisión

SEMANA tuvo acceso al extenso documento en el que la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia consignó uno a uno los argumentos y las pruebas documentales y testimoniales que llevaron a dictar la orden de captura y la medida de aseguramiento en contra del excongresista Arturo Char.

Las pruebas, recolectadas durante cuatro años, pusieron en aprietos al miembro de una de las familias políticas y económicas más importantes del país y quien ahora se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, mientras se adelanta el proceso en su contra por los presuntos delitos de concierto para delinquir y manipulación de elementos materiales probatorios.

Los apartes más relevantes del documento han sido revelados por SEMANA, que ahora se concentra en la última página del fallo. Allí están plasmadas las firmas de los seis magistrados de la sala de instrucción y también una anotación junto a la firma de la magistrada Cristina Lombana que dice: salvo voto.

El salvamento de voto de la magistrada Lombana quiere decir que la togada fue la única de los integrantes de la sala de instrucción que no estuvo de acuerdo o, al menos, no completamente, con la decisión de enviar a Arturo Char a prisión preventiva.

Sin embargo, la magistrada no dejó claro el porqué de su decisión, pues en el fallo no se exponen sus argumentos para haber hecho el salvamento de voto.

El pasado 30 de junio la Corte Suprema de Justicia le imputó al exsenador Arturo Char los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados por el supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en el Atlántico, el cual posiblemente se materializó en octubre de 2017, y en el que habría participado también Aída Merlano Rebolledo, condenada en primera y en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia por estos hechos de corrupción electoral que se fraguó desde su sede política conocida como la ‘Casa Blanca’.

De acuerdo con la Corte, “dicho concierto delictivo habría ido más allá de un simple convenio político, en la medida en que, supuestamente, para conseguir la elección de Aida Merlano Rebolledo en el Senado; de Lilibeth Llinás Delgado en la Cámara, y la propia reelección de Arturo Char Chaljub en el Senado, se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática, a través de la compra de votos para estos tres candidatos”.

Colaboración con Venezuela

En el documento de la Corte también quedó consignada la solicitud que le hizo el alto tribunal a las autoridades judiciales de Venezuela, para que suministren el registro de las visitas que recibió la excongresista Aida Merlano mientras estuvo privada de la libertad en ese país.

En el documento, la Corte hace la solicitud explicita de cooperación internacional al Ministerio de Justicia y relaciones exteriores de Venezuela, lo que significaría además el completo restablecimiento de las relaciones bilaterales.

“Oficiar a los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores para que, en su condición de autoridades centrales, le informen a la Corte la posibilidad real que actualmente tendrían dichas Carteras, a efecto de lograr la cooperación de las autoridades judiciales y penitenciarias del vecino país de Venezuela, para que éstas suministren, con el fin de ser incorporados como prueba a esta actuación, el registro de visitas que recibió Aída Merlano Rebolledo mientras estuvo privada de la libertad bajo custodia de las autoridades venezolanas”, dice el documento conocido en exclusiva por SEMANA.

Esa misma solicitud expresa la hace la Corte al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab Halabi, con el objetivo de seguir investigando si Arturo Char estuvo involucrado en la compra de votos por la que fue condenada Merlano.

“Para que en su condición de autoridad central y, por su conducto, se realicen las gestiones necesarias encaminadas a obtener información sobre el registro de visitas que recibió Aida Merlano Rebolledo mientras se encontraba privada de la libertad bajo custodia de las autoridades venezolanas, con el propósito de que tales soportes sean incorporados a la presente actuación”, dice el auto de la Corte.

Mientras las autoridades venezolanas dan respuestas, las investigaciones en Colombia avanzan. El próximo 25 y 26 de septiembre a las nueve de la mañana el exsenador Arturo Char tiene una cita en la Corte Suprema de Justicia para la ampliación de su indagatoria. La diligencia se hace por solicitud de la defensa del exsenador.