Lo último | Ya hay fecha para la ampliación de indagatoria Arturo Char en la Corte Suprema por escándalo de corrupción de la Casa Blanca

La Corte Suprema de Justicia ya definió la fecha para la ampliación de la indagatoria del expresidente del Senado Arturo Char Chaljub, miembro de una de las más poderosas familias políticas y empresariales del país, quien fue capturado y permanece en la cárcel La Picota de Bogotá mientras se le investiga por presunta compra de votos.

La diligencia se llevará a cabo el próximo 25 y 26 de septiembre a las nueve de la mañana y se hace por solicitud de la defensa del exsenador.

El pasado 30 de junio la Corte Suprema de Justicia le imputó al exsenador Arturo Char los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados por el supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual posiblemente se materializó en octubre de 2017, y en el que habría participado también Aída Merlano Rebolledo, condenada en primera y en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia por estos hechos de corrupción electoral que se fraguó desde su sede política conocida como la ‘Casa Blanca’.

De acuerdo con la Corte, “dicho concierto delictivo habría ido más allá de un simple convenio político, en la medida en que, supuestamente, para conseguir la elección de Aida Merlano Rebolledo en el Senado; de Lilibeth Llinás Delgado en la Cámara, y la propia reelección de Arturo Char Chaljub en el Senado, se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática, a través de la compra de votos para estos tres candidatos”.

Las testigos que involucran a Char en la compra de votos

La principal prueba en contra de Arturo Char es el testimonio de la excongresista Aida Merlano, quien en varias declaraciones lo calificó como el “artífice” de toda la compra de votos en su campaña mediante el movimiento de grandes sumas de dinero que llegaron en la recta final de la campaña.

Además, una decena de testigos y evidencia documental, entre la que se destacan videos de las cámaras de seguridad de la Casa Blanca —sede de Aida Merlano en Barranquilla—, ubican a Char en el engranaje de todas las piezas que buscaban lograr la consolidación de los candidatos que habían recibido el aval de su casta política. Estos videos fueron pieza fundamental para emitir una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Char.

Rafael Antonio Rocha Salcedo, Francisco Rafael Palencia Borrero y Vicente Roger Rosanía, quienes participaron activamente en la campaña de Merlano al Senado, declararon la forma como se puso en marcha el sofisticado plan para contactar gente y comprar votos. Todos mencionaron la participación directa tanto de Arturo Char y varios integrantes de su familia, así como del empresario Julio Gerlein, quien era el principal promotor de la dirigente política conservadora.

Igualmente, coincidieron en afirmar que en la sede se movían grandes sumas de dinero en efectivo, las cuales aumentaron potencialmente en los últimos días de la campaña. Además, contaron la “pelea” entre Merlano y Gerlein por las promesas incumplidas frente a un dinero que iba a enviarle y que, según sus propias palabras, llegó incompleto.

También se destacan las declaraciones de Edwin Martínez Salas, quien era gerente de la Casa Blanca y Evelyn Carolina Díaz Díaz, una de las personas encargadas de coordinar las finanzas. Ellos no dudaron en detallar que la campaña superó considerablemente los topes permitidos por las autoridades electorales, así como el envío de dineros de forma constante y personal por parte de los Char.

El documento emitido por la Corte

SEMANA conoció en exclusiva el extenso documento de 219 páginas en el que la Corte Suprema de Justicia argumenta la decisión de “imponer medida de aseguramiento de detención preventiva intramural” en contra del excongresista. En el documento queda evidenciado que son varios los videos y testimonios en poder del alto tribunal los que complican su situación jurídica.

En la extensa decisión, la Corte da credibilidad a las cinco declaraciones que rindió la excongresista Aida Merlano, quien lo señaló directamente de participar en el plan de compra de votos para las elecciones de marzo de 2018 a fin de garantizar su reelección y aumentar su poder.

Según el documento, en diciembre de 2017, Arturo Char fue a la Casa Blanca, sede de campaña de Aida Merlano, en Barranquilla, para “concretar el acuerdo delictivo que se canalizaría en procura de ejecutar las conductas punibles de corrupción electoral”. Una decena de testimonios y una grabación tomada por una de las cámaras de seguridad permitieron vincular al exsenador en “la estructura delictiva dedicada a la compra de votos”.

Pese a que Char, por medio de su defensa, reconoció la visita alegando que el objetivo era “finiquitar un asunto relativo a la Mesa Directiva de la Asamblea del departamento del Atlántico”, testigos aseguran que en los encuentros que se llevaron en la sede política ejerció presiones y dio instrucciones para el plan de compra de votos, que ya estaba en marcha.

“El referido acuerdo se tradujo en la organización y logística para la compra de 10.000 votos a favor de Arturo Char”, señaló la Corte en el documento.

El convenio criminal, como catalogó la Sala de Instrucción de la Corte al complejo y sofisticado plan, tenía como objetivo principal fortalecer el “liderazgo y hegemonía política” del denominado clan Char en el Congreso y “tener un incremento de aliados en el Legislativo, como parte de la plataforma política que impulsaría la aspiración de su candidato a la presidencia de la república, Germán Vargas Lleras, y, en un futuro, la de Alejandro Char”.