De las 11.479 víctimas de las minas antipersonal que ha dejado la guerra en Colombia desde 1990, 4.451 son civiles y 7.028 forman parte de las Fuerzas Militares.

COOPERACIÓN

Japón apoya el plan estratégico por una Colombia libre de minas antipersonal

Desde 2011 el Gobierno de ese país ha donado cerca de 17 millones de dólares a la causa, y liderado 17 programas de desminado y atención integral a las víctimas.

Vanessa Cortes Uchuvo*
25 de octubre de 2018

Con la ayuda de Japón, Colombia trabaja para limpiar todas sus regiones de minas antipersonal. Después de la Segunda Guerra Mundial el país asiático desarrolló tecnologías que contribuyen a este propósito y entendió, también, lo importante de rehabilitar a las víctimas.

Las primeras minas antipersonal comenzaron a estallar cuando arrancaba la década de los noventa. Estaban ahí, debajo de los verdes y fértiles suelos nacionales esperando a sus víctimas. En 2005 Colombia era el país del mundo con más afectados por estos artefactos: 1.232 personas. Un flagelo que comenzó a llamar la atención del mundo. Estados Unidos y Noruega decidieron cooperar y muy pronto Japón se sumaría a este esfuerzo. Hoy, es el principal aliado del plan ‘Colombia Libre de Sospecha de Minas Antipersonal al 2021’.

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Alcanzar este objetivo no es sencillo. Los primeros estudios de mapeo indicaron que 673 municipios, de los 1.122 que tiene el país, registraban algún tipo de contaminación por minas. Este era el resultado de un conflicto armado que durante más de 40 años se adueñó de por lo menos el 60 por ciento del territorio. Pero hoy las noticias son mucho más alentadoras. Según el reporte más reciente de Descontamina Colombia, dirección adscrita a la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, 264 municipios ya están libres de minas antipersonal.

Sin embargo, la improductividad, la desolación y el miedo aún no han sido desterrados de varias parcelas de 409 municipios y quedan únicamente tres años para liberar al país de las minas. El Estado y las organizaciones civiles confían en que van lograrlo. Y no están solos. La Iniciativa Global para el Desminado Humanitario contribuye a esta causa, de la que Japón ha sido protagonista desde 2001. Su interés por el tema no se debe solo al deseo de contribuir a la construcción de paz; el país asiático se siente identificado con esta realidad porque la sufrió durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, desarrolló tecnologías para desminar su territorio y llevó a cabo iniciativas que permitieron la rehabilitación de las víctimas.

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Los japoneses comprendieron que hablar de desminado implica reconocer sus consecuencias y que así como desarmar el campo es primordial, velar por la integridad de los afectados, con atención médica y estrategias de inclusión social, resulta fundamental para la reconciliación. Por ello, a lo largo de estos 17 años de cooperación se han concentrado en estos dos frentes. En total son 17 proyectos de Acción Integral contra Minas Antipersonal (Aicma), de los cuales 15 son liderados por la embajada de Japón en Colombia y dos por parte de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (Jica).

Para la erradicación de las minas, la embajada ha donado vehículos adaptados que permiten monitorear las operaciones, camiones para transportar los equipos de desminado y maquinaria de última tecnología que, después erradicar las minas, sirve como herramienta para cultivar la tierra. Asimismo, Jica ha auspiciado cursos de entrenamiento en desminado humanitario para personal colombiano en Japón, Camboya y Laos.

Cuando comenzaron a acompañar a Colombia en esta tarea, los japoneses descubrieron que la atención a las víctimas se había concentrado en la rehabilitación física, olvidando su inclusión en la sociedad. Por ello gran parte de su aporte se traduce en la donación de equipos para rehabilitación física, la implementación de programas de acompañamiento liderados por terapeutas, la construcción de un taller de órtesis y prótesis y la puesta en marcha de una gran iniciativa de inclusión social –la inversión en estos años de cooperación asciende a los 17 millones de dólares—.

La meta de ser un territorio libre de minas para 2021 todavía está lejos. Sin embargo, el acuerdo de paz ha contribuido a que el número de víctimas sea mínimo. Mientras en 2015 se registraron 222, en 2017 fueron ocho. Una reducción del 96,4 por ciento. En medio del positivismo que despiertan estas cifras, las comunidades que han sufrido la guerra en departamentos como Antioquia y Meta, hacen un llamado para que junto con el desminado lleguen nuevas oportunidades.

*Periodista de Especiales Regionales de SEMANA.