La Dian comete excesos sobre los contribuyentes por buscar meta de recaudo

Ni por la afinidad que dice tener el presidente Gustavo Petro con Simón Bolívar se salvó el restaurante La Puerta Falsa, ubicado en pleno corazón de Bogotá, donde lleva más de 200 años de historia y hasta se dice que allí iba Manuelita Sáenz a comprar dulces para el Libertador.

El legendario negocio fue cerrado por la Dian durante tres días, en un operativo en el que también fueron sellados otros 46 establecimientos por presuntas infracciones con la facturación electrónica. Desde La Puerta Falsa, entretanto, enviaban mensajes alegando que no eran evasores, explicación que luego fue ampliada por Guillermo Gómez, presidente de la Asociación Colombiana de Gastronomía (Acoga). “El viernes en la tarde, la Dian llegó al restaurante y procedió a sellarlo porque no habían actualizado unos papeles que requirieron vía mail, pero el dueño, de 86 años, no mira correos”.

Con la Dian encima

Según el directivo gremial, “este año se han triplicado las visitas a restaurantes por parte de la Dian y, en busca de hacer cumplir con la facturación electrónica, hasta indagan a los clientes, quienes muchas veces salen espantados sin disfrutar la experiencia gastronómica por la que fueron”.

De esta manera, las acciones de control que buscan garantizar que todos cumplan y paguen impuestos conforme a sus ingresos —así como las normas aduaneras incluidas en el nuevo régimen sancionatorio propuesto en un proyecto de ley radicado esta semana en el Congreso— son presentadas por la Dian como un avance positivo en la lucha contra el contrabando y las prácticas ilegales que le cuestan al país. Sin embargo, muchos contribuyentes perciben que, en la práctica, se trata de un sistema implacable ante los errores formales de quienes sí cumplen con la ley.

“Le quitan el celular que trae un viajero que estuvo en el exterior, pero los contenedores con el contrabando se mueven libremente por los puertos”, señala un ciudadano que contó su historia.

Aunque la severidad para ejercer el control y la aplicación de sanciones estrictas son propias de una autoridad tributaria y aduanera, cuando se aplican en el lugar equivocado pueden quebrantar la confianza institucional. Varios testimonios de colombianos argumentan que procedieron de buena fe y aun así sintieron que fueron castigados como si se tratara de contrabandistas o evasores.

La Puerta Falsa, por ejemplo, es un restaurante exitoso, que maneja precios promedios y atiende en un espacio pequeño. Su fortaleza es la alta rotación de comensales que pasan por allí durante la jornada. Un día de cierre para un restaurante de esas características puede llevarlo a tener pérdidas por 40 millones de pesos, según cálculos de Gómez. Además, él recuerda un estudio divulgado en la época de la pandemia, cuya conclusión dice que este tipo de establecimientos no resiste más allá de 16 días con cero ventas. “Los trabajadores también son afectados, pues un día de inactividad les implica una reducción de ingresos al no recibir propinas”, agrega Gómez.

Abordar la ilegalidad, algo complejo

Los negocios de todo tipo que se describen como formales perciben excesos de la Dian, pues, el estar encima de los legales, los llevaría a obtener menos resultados en los escenarios de verdadero contrabando y evasión. Pero una fuente de la Dian alega que, al ser el contrabando un tema complejo, que tiene tras de sí a organizaciones criminales y actividades de lavado de activos, deben valerse de cualquier opción. “Detrás del pequeño puede estar el grande”, señala la fuente.

Además, agrega que, aun cuando hacen la tarea, es muy difícil obtener logros con los recursos existentes. “El contrabando abierto representa 2,5 billones de pesos cada año, mientras que las aprehensiones de mercancías, en las que se mete todo el accionar, desde lo pequeño hasta lo grande, sumaban hasta octubre alrededor de 441.000 millones de pesos”.

Solo por el puerto de Buenaventura entran 500.000 contenedores al año, y el personal para revisarlo no supera los 70 funcionarios.

Más allá de las capacidades de la entidad –que en 2022 solicitó viabilidad presupuestal para vincular a 1.000 funcionarios adicionales con el fin de mejorar el cumplimiento de sus metas–, están las experiencias de los ciudadanos que se sienten afectados y económicamente golpeados por requerimientos de la autoridad tributaria o a veces sanciones onerosas, a pesar de no ser responsables de las irregularidades señaladas.

Sanción excesiva

Javier Díaz, presidente de Analdex, gremio de las empresas de comercio exterior, cuenta un caso reciente con el que busca ilustrar lo que llama “desproporción” del actuar de la Dian. “Un importador traía paneles solares por un valor de 1.000 millones de pesos. La autoridad aduanera, en su visita de verificación, no pudo ubicar al señor en la dirección anotada en el Registro Único Tributario (RUT). La calle, la carrera y el número eran correctos, pero faltaba el número del local comercial donde operaba”.

Por supuesto, la Dian notificó al importador, quien, por iniciativa propia, solicitó una segunda visita; así demostraba que había cometido un error y no un fraude. Actualizó lo requerido y, no obstante, procedió al decomiso total de la mercancía. “Es una sanción, a todas luces, excesiva que liquida el patrimonio de una empresa por un error formal, pues la legislación se aplica sin distinguir entre una omisión subsanable y el fraude”, afirma el presidente de Analdex.

‘Un cazador en el zoológico’

Agrega que la Dian “es un cazador en el zoológico”, haciendo alegoría a que le cae siempre a los mismos, que, en general, cumplen con sus obligaciones en materia de impuestos y aranceles. Fuera de ese círculo legal, la evasión supera los 80 billones de pesos, una cifra que cede poco. “Cometen arbitrariedades para hacer que la gente pague las multas y la Dian cumpla con las metas de recaudo”, insiste Díaz.

Los establecimientos gastronómicos, visitados con más frecuencia por temas de facturación electrónica y cobro del impuesto al consumo, según estadísticas de Acoga, son alrededor de 132.000. De estos, solo 54.100 (el 41 por ciento) son formales, mientras que la informalidad es del 59 por ciento y a ellos casi no los requiere la Dian, afirma Gómez.

La mujer del celular

Aunque la fuente consultada en la entidad afirma que el mandato que tienen es ir por los peces gordos tanto de la evasión tributaria como del contrabando, algunas voces que han sido protagonistas de decomisos menores exponen sus experiencias. Alicia (nombre cambiado) fue protagonista de lo que consideró “un comportamiento excesivo de funcionarios aduaneros en el aeropuerto de Bogotá”.

Ella tiene 70 años y vive hace 20 en Estados Unidos. Venía a disfrutar una estadía transitoria con sus familiares. Viajaba con dos celulares personales, uno que le sirve en el país en el que habita y otro de uso local. Decidió traer dos aparatos nuevos como regalo a sus seres más cercanos. Pero en la terminal aérea se vio envuelta en un episodio inesperado. “Me llevaron a un lugar privado, me retuvieron los pasaportes y no me permitían ni hablar por teléfono para reportar la situación”.

Luego de pesquisas y todos los procedimientos, le dijeron que no había declarado el ingreso de los celulares y, por tanto, le tendrían que decomisar un teléfono (la norma dice que se pueden ingresar tres teléfonos móviles como efectos personales, declarándolos en el Formulario 530). Para recuperarlo era necesario pagar un “rescate” y la percepción que tuvo Alicia fue que, sencillamente, se querían quedar con el celular, porque le quitaron el de más alto valor.

Aunque la Dian sostiene que para ellos “la institucionalidad está por encima de todo” y que lo que hacen es para estar detrás de los ilegales, el ciudadano de a pie reclama para que la mano dura con la obligación tributaria sea para los verdaderos y grandes contrabandistas y evasores, y no tanto para los que le juegan limpio al país.