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El paquetazo de impuestos que el Gobierno Petro propone para ricos, pero que salpica a todos los colombianos
El presidente Gustavo Petro argumenta que las medidas tributarias incluidas en la ley de financiamiento solo tocan a contribuyentes de ingresos altos. Vuelve el dilema de la definición de clases media y alta.

Una mujer cabeza de familia que acude a un banco a pedir un crédito hipotecario informa que tiene un ingreso mensual de 8,7 millones de pesos y quiere comprar una vivienda no VIS, es decir, de más de 213 millones de pesos.
En teoría, ella, con un solo ingreso en su hogar y una hija menor de edad a su cargo, es considerada rica en Colombia, pues a esa franja entran los hogares que reciben una suma mensual de más de 4.835.315 pesos por persona, según lo establecido por el Dane.
Más allá de la teoría, en la práctica, la madre cabeza de hogar enfrenta el dilema de no ser rica por ingresos, ni pobre para quedar exenta de la nueva carga tributaria que se le viene encima a la ciudadanía, tras la radicación de la ley de financiamiento en el Congreso de la República.

En el banco, según el simulador de crédito del BBVA, le prestarían para una vivienda de 290,8 millones de pesos, a un término de 20 años, con una tasa anual de interés del 11,6 por ciento. El desembolso sería de 261,7 millones de pesos, con cuotas mensuales de 2.839.655 pesos, y tendría que tener 29 millones para la cuota inicial. Con los recursos restantes de su ingreso mensual deberá alcanzarle para pagar servicios, educación y cuidado de la hija, alimentación, transporte, e impuestos, entre otros, gastos que ahora tendrían incrementos, ya que la mitad de los 26,3 billones de pesos que busca obtener la reforma al estatuto tributario, provendrían de ajustes al impuesto al consumo y al IVA, que causaría presión inflacionaria.
Según cálculos de Carolina Monzón, analista del Banco Itaú, “la evaluación del impacto de la reforma sobre la inflación indica que el proyecto afectaría directamente al menos el 9 por ciento de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin contar con el componente de alimentos. En general, la implementación de la propuesta revertiría el proceso de desinflación, dificultando aún más su convergencia hacia la meta del 3 por ciento en el mediano plazo”.

Toque toque a la población
Aunque el presidente Gustavo Petro argumenta que la ley de financiamiento es para gravar más a los ricos, son múltiples los ejemplos según los cuales, la nueva carga impositiva aprisionará los hombros de familias de clase media, cuya definición en el país vuelve a ser parte del debate, ya que por ingresos estarían en la mitad de la tabla, pero por poder adquisitivo no tendrían la capacidad de compra de los bienes y servicios que se relacionan con ese grupo social.
Es más, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo sostiene que la reforma propuesta “recae sobre los ricos en lo concerniente a los impuestos de renta y patrimonio, pero toca a toda la población con los cambios previstos en los impuestos indirectos, incluido el del IVA a la gasolina”.

Entre tanto, el argumento del Gobierno en la exposición de motivos del proyecto de ley parte de que el 1 por ciento más rico en el país tiene el 40 por ciento de la riqueza, pero la realidad es que en esas franjas poblacionales que están siendo llamadas a aportar más entrará inclusive ese 34,4 por ciento de colombianos catalogados como clase media, que equivalen a 18,2 millones de personas y reciben un ingreso de entre 897.978 y 4.835.315 pesos por persona en el hogar.

Del efecto IVA nadie escapa
El mayor gravamen a los combustibles incluido en la iniciativa legislativa terminará recayendo en el precio al consumidor, lo que salpicará a toda la población. La carga tributaria viene tanto por la vía de una sobretasa en el impuesto de renta al carbono y al petróleo, como por el incremento en la tarifa del IVA a la gasolina y al ACPM, al igual que al alcohol carburante y biocombustibles para mezcla.
Según los análisis realizados por Miguel Fandiño, directivo tributarista de la firma PwC Colombia, “se establece un incremento en la tarifa del IVA al ingreso al productor, del 10 por ciento en 2026, en el caso de la gasolina, y de igual porcentaje entre 2026 y 2027 para el ACPM. La tarifa del 19 por ciento a la gasolina llegará en 2027 y para el diésel en 2028”.

Cuentas a mano alzada de Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), estiman que el galón de gasolina corriente en una ciudad como Bogotá, donde por ahora cuesta 16.293 pesos, tras las alzas progresivas que ya se aplicaron para equiparar el precio al internacional, ahora podría subir a 17.330 en el primer año y luego a 18.000 pesos. “Es importante tener en cuenta que también están gravando con IVA a los biocombustibles, el etanol que afecta a la gasolina, y el biodiésel que impacta el ACPM, del cero al 19 por ciento”, dijo el directivo gremial, para evidenciar que el cálculo preliminar de incremento en el precio del combustible sería mayor.
Desde la perspectiva del Gobierno, “el pobre no usa casi gasolina”, pero en estadísticas realizadas por Sergio Cabrales, experto en temas energéticos, 6 de cada 10 carros del parque automotor y más del 95 por ciento de las motos están en manos de los hogares de ingresos bajos y medios, que generalmente usan esos vehículos para alguna actividad laboral.
Por el lado de los cambios en el impuesto de renta, donde se ajustan los porcentajes a pagar, según los ingresos, una persona como la madre cabeza de familia que gana 8,7 millones de pesos al mes, podría tener incrementos, aclarando que la tributación es distinta para cada contribuyente, pues depende de múltiples variables.

El exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes, quien tramitó la que fue la primera reforma tributaria del gobierno Petro, afirma que la nueva propuesta difiere de la anterior, porque aquella no ponía IVA a nada y ahora, ese impuesto se ajusta para recaer sobre varios productos. Y agrega el exfuncionario: “El impuesto de renta aumenta a partir de un salario mensual de 8,7 millones de pesos y antes solo se metía con los ingresos superiores a 10 millones, que eran valores de 2022, por lo que ahora hay que incluir las variaciones a 2025”.
No obstante, para Reyes, hay algo grave en la ley de financiamiento. “Se frenaron las medidas de lucha contra la evasión y el contrabando que habíamos instaurado y que tienen que ser el enfoque para aumentar el recaudo y generar equidad. Solo por evasión se pierden más de 100 billones de pesos y sacarle más plata a los cumplidos en materia tributaria es complicado en este momento”, afirmó.

Otra evidencia de que con la ley de financiamiento se le mete la mano al bolsillo a la clase no rica está en las tiendas de barrio, que en general hacen parte de ese universo de pequeños negocios, y en donde la venta de cerveza representa el 25 por ciento del ingreso. Este producto, que ahora se grava con impuesto el consumo más otros aderezos, según el grado de alcohol, pasaría de costar 2.000 pesos en promedio en los expendios populares, a más de 3.500 pesos.
Pequeños negocios
También el tejido empresarial mayoritario en el país, que es el de las micro, pequeñas y medianas empresas, se vería afectado por el lado de los ajustes en el impuesto de renta de personas naturales, medida que se trata de abordar en Colombia siguiendo una directriz de la OCDE, cuyos miembros basan su recaudo en esos contribuyentes y no en las empresas. Sin embargo, las realidades de las naciones desarrolladas son muy distintas a la nuestra.
Las tarifas para la tributación de personas naturales ahora van desde 0 hasta el 41 por ciento y, según Rosmery Quintero, presidenta del Observatorio Nacional de Mipymes, del gremio Acopi, “el 67 por ciento de esas micro, pequeñas y medianas empresas están registradas como personas naturales. Esta medida podría afectar de manera significativa su sostenibilidad, lo que obligará a muchos empresarios a reconsiderar la conveniencia de transformarse en personas jurídicas”.

Así las cosas, si un negocio registrado como persona natural obtuvo en 2024 ingresos mensuales de 70 millones de pesos y pagó una tarifa del 28 por ciento, equivalente a 23 millones en impuestos, en 2025, suponiendo un crecimiento del 5 por ciento en sus ventas, quedaría sujeto a la nueva tarifa del 29 por ciento propuesta en el proyecto de ley para ese rango de ingresos. En consecuencia, en 2026 el impuesto a cargo ascendería a 24,7 millones de pesos.
Para la persona natural, con los cambios introducidos en el impuesto al patrimonio, también hay expectativa de carga en personas no tan ricas. Según Camilo Herrera, de la firma Raddar, experta en consumo, “hay un gran lío en la concepción de pobreza en Colombia. La monetaria es sobre ingreso, por lo que un ciudadano puede ser pobre, incluso pobre extremo, pero ser dueño de un predio”, y con el incremento en el valor del suelo se complejiza aún más la forma de establecer políticas sobre ricos o pobres”.
María José Álvarez, PhD en Sociología y profesora de la Universidad de los Andes, también se refiere a las distorsiones que generan las clases sociales y que son utilizadas para establecer el sistema tributario, el cual nunca ha servido en el país para reducir la desigualdad después del pago de impuestos. “En Colombia, tener educación superior de calidad, por ejemplo, despega al ciudadano de la clase media en general, en la que están los profesionales empleados y algunos empresarios medianos. Y la clase alta son empleados de alto nivel gerencial y propietarios de empresas grandes. Muchas veces, estas personas no se autoperciben como los más ricos porque saben que hay algunos más ricos que ellos, incluso millonarios. Pero comparados con el resto de la población del país, que tiene una pobreza aún muy grande, tienen un ingreso muy superior al de la mayoría de los colombianos”.

Lo cierto es que la llamada progresividad, con la que siempre se intenta sustentar una reforma tributaria y, en este caso, la ley de financiamiento, no se ve por ningún lado. Otros países logran reducir la desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, después de que se pagan los impuestos, pero en este país no sucede así porque, según Álvarez, “tenemos pocos ricos y no se gravan lo suficiente. Además, el IVA, que es el impuesto más importante para los ingresos del Estado, es regresivo. El gasto en subsidios a los hogares más pobres, es muy bajo, y aunque haya mejorado, no logra hacer la diferencia”. Es decir, la reforma al sistema tributario, de nuevo se queda solo en la captura del recaudo, lo que explica por qué se hace necesaria una iniciativa cada dos años.
La lista de mercado muestra el ‘poderío’ del IVA en el recaudo
• En el proyecto aumenta el IVA del 5 al 19 por ciento para vehículos híbridos.
• Aumenta, del 5 al 19 por ciento, el IVA en bebidas alcohólicas (aguardiente, ron, whisky, brandi, vodka y vino).

.• Se aplica el 19 por ciento de IVA para juegos de suerte y azar en línea.
• Aumento gradual del IVA del 5 al 10 por ciento en 2026 y a 19 por ciento en 2027, del ingreso al productor para la gasolina y ACPM.
• Aumento del IVA a 19 por ciento al alcohol carburante desde julio de 2026.
• El 19 por ciento de IVA para hospedajes a no residentes.
• Se grava con el impuesto de renta el componente inflacionario de los rendimientos financieros.
• El 19 por ciento de IVA a los servicios de software y procesamiento en la nube.
• El 19 por ciento de IVA para servicios de transporte de valores.
• Ganancias ocasionales por rifas y apuestas: pasa del 20 al 30 por ciento.
• Se unifican los puntos adicionales del impuesto sobre la renta en extracción de carbón y petróleo crudo (0, 5, 10 o 15 por ciento). Implica que, en un contexto de precios altos, habrá lugar a la aplicación de los puntos adicionales.
• Sector financiero: aumentan los puntos adicionales del impuesto de renta del 35 al 50 por ciento.

• Se aumenta del 3 al 5 por ciento la tarifa de renta en los prestadores de servicio del exterior; es decir, los contribuyentes sometidos a tributación por presencia económica significativa en el país.
• Los impuestos de dividendos enviados al exterior suben de 20 a 30 por ciento.
• Impuesto al sector de extracción de petróleo crudo y carbón del 1 por ciento para la primera venta o exportación, excluidos los pequeños productores.
• Impuesto al consumo en bienes lujosos (vehículos, yates, motos) aumenta de 16 a 19 por ciento.
• 19 por ciento de impoconsumo a boletas con valor superior a 500.000 pesos para espectáculos y eventos deportivos.
• 10 por ciento de IVA para cigarrillos en cajetilla y de 30 por ciento para vapeadores o cigarrillos electrónicos.
• Cervezas, sifones y refajos: tarifa por contenido de alcohol de 330 pesos y tarifa ad valorem del 30 por ciento del precio de venta. Licores, vinos y aperitivos: tarifa por contenido de alcohol de 750 pesos y tarifa ad valorem del 30 por ciento del precio de venta.
