Lluvia de críticas a la tributaria en el Congreso

A la reforma tributaria que radicó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le llovieron rayos y centellas en el Congreso de la República. Dirigentes gremiales, representantes sindicales y de organizaciones sociales se fueron en contra de la propuesta y anunciaron que harán movilizaciones en todo el país para evitar que salga adelante tal y como fue presentada por el gobierno.

En un foro realizado por el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo se convocaron protestas contra la iniciativa para los días 17 y 27 de noviembre próximo con el fin de que los ciudadanos expresen su rechazo a la nueva carga que se avecina.

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El proyecto busca recaudar alrededor de 7,1 billones de pesos el año entrante y más de 70 billones en cinco años con el fin de disminuir el descuadre en las finanzas públicas que supera los 30 billones de pesos. El eje de la iniciativa está en el aumento del IVA del 16 al 19 % y el cobro de nuevos impuestos al consumo de ciertos productos, dos de las propuestas que han causado más escozor.

Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de la Informática dijo que de aprobarse la iniciativa tal como fue presentada por el gobierno se producirá un encarecimiento sustancial de los aparatos tecnológicos (teléfonos celulares, tabletas, computadores) así como de los servicios, con lo cual se perjudicará a los colombianos de menores recursos. La razón es que el IVA aumenta para estos productos y para los planes de voz y datos.

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Además del 19 % que deberán pagar se suma un impuesto del 4 % que se cobra actualmente al servicio de voz y que se extenderá a los datos. Es decir, que quienes usen teléfonos celulares, que hoy llegan a 56 millones de abonados, tendrán que pagar en solo impuestos 23 %. Según Yohai el aumento del IVA afectará al software y a las patentes, en un país que lo que necesitan son estímulos tributarios para la innovación.

Por su parte, Ana María Cárdenas, representante de Gaseosas de Girardot, que produce entre otras marcas la popular Cola Sol, aseguró que el impuesto a las bebidas azucaradas que impulsa el gobierno pondrá en jaque a las pequeñas y medianas empresas del país que con mucho esfuerzo están tratando de salir adelante. Considera que las ventas podrían bajar entre 30 y 40 %, que sería preocupante para las empresas y para muchos colombianos pobres que no pueden recurrir a otras bebidas porque no hay agua potable en muchas regiones del país.   

Óscar Gutiérrez, director de Dignidad Agropecuaria dijo que todos las plantas y animales, que son considerados activos biológicos son susceptibles de ser gravados con el impuesto de renta así como las utilidades de los productores agropecuarios que superen los 18 millones de pesos al año. “Cobrar más impuestos a los productores del campo, muchos de los cuales están quebrados es una aberración”, dijo el dirigente gremial.

Otro de los que cuestionó la reforma fue el vocero de Acopi Bogotá, Rafael Barrera, gremio que representa a los pequeños y medianos empresarios.

Según Barrera, es necesario por equidad y justicia tributaria que las pymes paguen una tarifa diferencial de renta y que no sea la misma que se les cobra a las grandes compañías. La justificación es que las grandes empresas y multinacionales pueden hacer mayores deducciones en dicho impuesto con lo cual la tarifa a pagar es muy inferior a la que pagan las pymes. Otro argumento es que de las 1,27 millones de empresas que hay en el país, las grandes que son alrededor de 28.000 se quedan con el 54 % del total de utilidades (5.000 millones de pesos cada una en promedio) mientras que la inmensa mayoría, se reparte el 46 por ciento de las utilidades, que en promedio están en 24 millones de pesos al año.

La reforma tributaria también fue cuestionada en las comisiones económicas del Congreso que comenzaron a debatirla sin tener todavía informe de ponencia. La senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra advirtió que el proyecto acaba con los incentivos al uso de gas natural y agregó que los mayores afectados sería la vehículos de transporte público que trabajan con este combustible y que componen el 66 % de la flota actual.

La reforma, según Guerra, también genera que las empresas de vigilancia pierdan el beneficio del 5 % de IVA por contratar población en situación de discapacidad, que según el Dane son 2,91 millones de personas de las cuales la mitad puede trabajar pero apenas el 15 % tiene un empleo.

El representante del Partido de la U, Jhon Cárdenas, propuso el cobro de un IVA social y gradual, que tenga destinación específica, mientras que el senador Antonio Navarro criticó la devolución de IVA para casi todas las exportaciones y dijo que solo se debería mantener para las que generen empleo, pero que debe evaluarse aquellas que no le brinden recursos importantes al país.

Por lo pronto los congresistas seguirán discutiendo el proyecto pero de manera informal y programaron foros regionales que comenzarán en Medellín este viernes 11 de noviembre y seguirán en Bogotá el 16, en Cali el 17 y posteriormente en la zona cafetera, Villavicencio y Montería.

Para el gobierno el problema es mayúsculo porque sabe que el tiempo está corriendo en contra de la reforma tributaria. Las sesiones ordinarias del Congreso terminan el 16 de diciembre próximo y es muy difícil que en un mes se apruebe el proyecto en las comisiones económicas y en las plenarias de Cámara y Senado razón por la cual ya se está hablando de citación a sesiones extraordinarias para finales del año.

El gobierno le pide a los congresistas que agilicen la discusión del proyecto pero estos sostienen que si era tan urgente el ejecutivo debió presentarlo con mucha anticipación para que se permitiera discutirlo con mayor profundidad y no dejar para final del año cuando se tendría que pupitrear.

Hay que recordar que la prioridad del gobierno era sacar adelante el plebiscito por la paz el pasado dos de octubre porque sabía que la reforma era muy impopular.