Urge mejorar la confianza para que el país vuelva a crecer: Consejo Privado de Competitividad

El Consejo Privado de Competitividad presentó su informe anual 2023-2024 en el que advirtió señales que limitan el desarrollo del país y serias alertas en diferentes frentes económicos y sociales. Por ejemplo, en el campo energético las alertas están encendidas: en 2022 se registró una disminución de 0,8 años en las reservas probadas de gas natural, en contraste con los niveles registrados en 2021. En cada escenario de oferta de gas natural, se observa un aumento en la dependencia de importaciones para satisfacer la demanda local. En el escenario más optimista el inicio de las importaciones se daría en 2029.

Simultáneamente,18,5 % de las personas enfrenta pobreza energética, mientras que, en 2020, cerca del 46,7 % de la energía consumida por la economía fue utilizada de forma ineficiente, mientras que las pérdidas de energía representaron el 19,4 % de la demanda, según datos de la Unidad de Planeación Minero Energética de 2022.

En el tema de economía digital, el panorama no es mejor: Colombia es el país de la Ocde con menor penetración de internet de banda ancha tanto móvil como fijo; en los hogares del cuartil 1 de la distribución solo el 32,2 % tiene conexión a internet. La adopción de tecnologías avanzadas como blockchain, impresión 3D o realidad virtual en las empresas colombianas es baja tanto en el sector industrial como en el comercial, mientras que el país ocupó el lugar 57 entre 63 países en el factor de conocimiento del Ranking Mundial de Competitividad Digital 2022.

La educación tiene algunas banderas rojas: en 2021 las horas de enseñanza en educación preescolar son 227 menos que el promedio de la OCDE. A 2022 en promedio, en los países miembros de la OCDE hay 13 niños por cada maestro, en tanto que la proporción en Colombia es de 18 niños por maestro.

Aunque la ampliación de la cobertura en salud ha sido notable en las últimas décadas, llegando a julio de 2023 al 99 % de la población, las barreras de oferta citadas con mayor frecuencia para no haber acudido o no haber recibido atención médica son el mal servicio, la oportunidad de las citas y los excesivos trámites, según el Dane. En 2022, una de cada cuatro tutelas interpuestas en el país invocó el derecho a la salud. Sin embargo, las tutelas representan solo el 0,02 % de las atenciones en salud.

De otro lado, Colombia es el país de la Ocde con menor productividad laboral. La productividad laboral por hora trabajada en Colombia es de 14,3 dólares, mientras que el valor promedio de la Ocde es de 53,6 dólares. En 2022 el 58,1 % de los ocupados tenían ingresos inferiores al salario mínimo y se anticipa que alrededor del 22 % de los puestos de trabajo experimentarán cambios significativos para el año 2027. El índice de baja calidad del mercado laboral relaciona 22 variables para ocupados, desocupados e inactivos. Entre sus resultados se encontró que el porcentaje de la población en edad de trabajar con bajas condiciones laborales es del 65,6 % para 2022, en donde las mujeres, los jóvenes y los campesinos tienen las incidencias más altas: 65,9 %, 68,1 % y 77,4 %, respectivamente.

La radiografía en pensiones también es dramática: la reducción en las tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida llevarán a que entre los años 2040 y 2050 la población mayor de 60 años sea superior al resto de grupos etarios. El 65,4 % de los subsidios están focalizados en el quintil más alto de ingresos y en 2022, el 63% de la población económicamente activa no pudo contribuir a pensión por encontrarse en la informalidad.

En materia de impuestos, Colombia ocupa el puesto 67 entre 69 países en el índice de complejidad tributaria. En Colombia, los ingresos tributarios por impuestos a la propiedad representaron el 8,7% del total de los ingresos en 2021, mientras que, en los países miembros de la Ocde, esta proporción no fue superior al 1 %.

En el frente de la eficiencia del Estado destacó que en 2022 el 56,1 % de las normas emitidas tuvieron un carácter no sustancial, es decir, atendían asuntos procedimentales o administrativos, según el Observatorio de Mejora Normativa-DNP, 2023.

Además, se estima que el componente inflexible del gasto del Presupuesto General de la Nación alcanzó 90,9 % en 2021, situación que limita la inversión, y agregó el informe que en Colombia no se requiere una evaluación sobre el logro de los objetivos de una ley. La evaluación se exige solo para algunas regulaciones de segundo orden.

En el sector agrícola el panorama que identificó el Consejo Privado de Competitividad es complejo. Un trabajador rural en Colombia genera un valor agregado de 5.700 dólares, la mitad de un trabajador en Brasil, una tercera parte de su par chileno, y aproximadamente 13 veces menos que los trabajadores agrarios de Estados Unidos o Países Bajos. La pobreza extrema aumentó en la ruralidad, pasando de 21,6 % a 23,3 % en 2022. La cobertura de adecuación de tierras es del 6 % del área potencial, una cifra muy inferior a algunos pares de la región como México (66 %), Chile (44 %), Perú (40 %) o Brasil (18 %).

Así mismo, el crecimiento de la productividad agregada que se había acelerado postpandemia volvió a estancarse llegando a 0,09 %. El 0,3 % de las empresas formales tienen más de 250 empleados, las cuales representan 52,3 % del empleo formal. El 93,1 % del tejido empresarial formal tiene entre 0 y 9 empleados y contribuyen con el 11,2 % del empleo formal.

En ciencia, tecnología e innovación hay señales preocupantes: mientras Colombia ocupa el puesto 63 de 132 países en el Índice Global de Innovación, el 96,5 % de los investigadores en el país se encuentran vinculados al sector de educación superior, en tanto que, en el promedio de la Ocde, el 52,4 % de los investigadores trabajan en empresas privadas. En 2020, Colombia registró 13 patentes otorgadas a residentes por millón de habitantes, lejos del promedio de la OCDE que fue de 1.287.

A su vez, en el marco de Justicia y seguridad Colombia se demora 1.288 días para hacer cumplir un contrato comercial, en promedio, mientras los países de la Ocde solo necesitan 609 días. Por su parte, el informe resalta nuevamente que los tribunales de jurisdicción contencioso-administrativa y ordinaria enfrentan una alta congestión judicial. Durante el año 2022, solo se lograron evacuar seis de cada diez casos en la jurisdicción contencioso administrativa, y siete de cada diez en la jurisdicción ordinaria. El uso de los Mecanismos de Resolución de Conflictos aumentó 10,7 % en el 2022 con respecto al 2021, no obstante, las conciliaciones tramitadas representan solo el 5,9 % del total de ingresos de la Rama Judicial.

Entre 2011 y 2020, la inversión en infraestructura en Colombia representó en promedio el 1,9 % del PIB. En tanto que entre 2011 y 2021, el 79 % de la carga movilizada en el país fue transportada por carretera, mientras que otros modos de transporte no logran una mayor participación en el país. La adopción de tecnologías avanzadas en el sector de logística aún es incipiente: 1 de cada 2 empresas realiza el rastreo y seguimiento de sus pedidos, y menos de un tercio utilizan herramientas de identificación automática y captura de datos, big data y analítica, blockchain, entre otras, señala el informe.

Construir confianza para crecer

El Informe Nacional de Competitividad 2023-2024 llega en un año de profundas discusiones. Por un lado, las reformas sociales que se debaten en el Congreso: la de la salud, la pensional y la laboral, al igual que la de la salud. Además, esto tras la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno que delimita el foco de política en los próximos cuatro años, con apuestas importantes en transición energética, sostenibilidad y transformaciones sociales.

Al mismo tiempo, otras políticas y sus discusiones avanzan en ministerios como la reindustrialización, la internacionalización, la implementación del Plan Maestro de Transporte Intermodal, la consolidación del Registro Social de Hogares, los componentes de la reforma rural, la revisión de los tratados de libre comercio y hasta el debate que vendrá el año entrante del proyecto de reforma a la ley de servicios públicos.

El Consejo Privado de Competitividad (CPC) presentó el informe en el que, además del diagnóstico y las recomendaciones de política para avanzar en 16 aspectos clave de la competitividad, incluyó un capítulo especial sobre el rol de la confianza: Confiar para crecer: una red invisible que transforma la sociedad, en la cual se aborda el aporte esencial de este valor para la vida productiva en sociedad y la construcción de lazos de colaboración entre diversos actores.

“La competitividad promueve la capacidad de las personas y empresas de ser más productivas, generar mayores ingresos, y alcanzar un mayor bienestar. Para esto se requiere un férreo compromiso por fortalecer los lazos de confianza entre todos los actores. En la medida en que hagamos esto, también seremos sujetos de confianza del resto del mundo, en nuestro potencial y el de nuestra economía”, señaló la presidente del CPC, Ana Fernanda Maiguashca, en el evento de lanzamiento.

Los 16 capítulos del Informe muestran cómo la construcción de confianza contribuye a la mejora de la competitividad a través de tres mecanismos: 1.) procesos y procedimientos claros de política y de interacción entre el sector público y privado (“la importancia de lo aburrido”); 2.) aproximaciones sistémicas a problemas que requieren colaboración entre entidades del Gobierno en diferentes niveles y entre el sector público y privado (“todos a la mesa”); y 3.) visión de futuro, donde sector público y privado deben apostar –planear y trabajar juntos– por futuros posibles (“a levantar la cabeza”).

En los capítulos de eficiencia del Estado, justicia, salud, pensiones, y sistema tributario, el informe encuentra oportunidades de mejora importantes a partir de ajustes en procesos. Estos capítulos muestran que no basta con pensar en grandes políticas, sino que debe enfocarse en mejorar los detalles de su ejecución, la logística y la eficiencia. El día a día del funcionamiento de las instituciones y de los mecanismos para hacer realidad las visiones. En los capítulos de infraestructura, transporte y logística, productividad rural, internacionalización, ciencia, tecnología e innovación, crecimiento verde, energía y financiación empresarial, se encuentra que el principal reto es abandonar el enfoque sectorial y por silos y crear instituciones y mecanismos multisectoriales y visiones sistémicas.

Finalmente, en los capítulos de educación, mercado laboral, economía digital, productividad y emprendimiento, el informe propone pensar en las acciones que hay que hacer hoy para prepararnos para el futuro. Esta apuesta requiere hacer inversiones hoy para lograr mejores resultados en el mañana dados los continuos cambios en las tendencias a nivel nacional y global. Son estas tendencias las que deberían estar en el centro del debate.

Las propuestas

En el campo de procesos y procedimientos, el CPC propone consolidar el Registro Universal de Ingresos como único instrumento de focalización de los subsidios y programas sociales. Además, ampliar la oferta de evaluaciones de política pública y garantizar que informen la toma de decisiones. También el uso sistemático de tecnologías digitales para favorecer mejores resultados en sectores como el de salud y justicia; al igual que focalizar el uso del gasto público en la población más vulnerable, en especial la informal y la desempleada). Por último, implementar un sistema de información tributario que sea unificado y simple, que integre toda la información de los contribuyentes y de todas sus actividades productivas.

Frente al enfoque sistémico, el CPC considera que es necesario garantizar la estabilidad de las condiciones e incentivos para la participación privada en infraestructura, avanzar en la implementación del Sistema Nacional de Reforma Agraria, potenciar la estrategia de atracción de inversión extranjera directa de eficiencia y aprovechar las oportunidades que representa el nearshoring, fortalecer la relación universidad-empresa a través de alianzas público-privadas para impulsar la ciencia, tecnología e innovación y priorizar las acciones de adaptación al cambio climático en una agenda pública y privada.

Y en torno a la visión de futuro, para el CPC se requiere avanzar hacia la universalización de la educación inicial en el marco de la atención integral, actualizar las bases curriculares en todas las áreas de educación, aprovechando las mejoras de la inteligencia artificial y la robótica, diseñar un seguro de desempleo que proteja al trabajador y no al puesto de trabajo, reconocer formalmente los esquemas de trabajo asociados a la economía colaborativa, permitir que la contribución a la seguridad social de los trabajadores se base en su ingreso, desvinculándola del salario mínimo y avanzar en la caracterización de las unidades productivas no empresariales, la economía popular, el sector informal para entender con mayor detalle los márgenes de mejora de la productividad.

“La competitividad es con todos y requiere de un ejercicio de confianza. Y si queremos que los demás confíen en nosotros tenemos que iniciar por confiar nosotros en los demás”, concluyó la presidente del CPC, Ana Fernanda Maiguashca.