Fintechs piden un “tsunami regulatorio” para acelerar la digitalización de la economía nacional

Hace diez años, hablar de fintechs o compañías de servicios financieros basadas en tecnología no era común en Colombia, pues el número de teléfonos inteligentes y de personas con acceso a internet era aún limitado. Hoy, con 77 % de la población conectada a la red de redes y a millones que ya entienden y usan las billeteras digitales, el concepto forma parte de la cotidianidad.

Aunque hay fintechs de crédito, de pagos, de criptomonedas, de seguros y de crowdfunding, entre otros servicios, la mayor representatividad la tienen las que se dedican a dar préstamos y ellas el año pasado tenían una cartera de 6,3 billones de pesos, representada en aproximadamente por 1,8 millones de créditos desembolsados.

Así mismo, entre el 17,5 % y el 47,5 % de los usuarios de las fintechs son personas que antes no habían tenido un producto crediticio formal, al tiempo que 61,3 % de las fintechs de crédito digital realiza algún tipo de proceso de rebancarización, ya que otorgan créditos a personas con reportes negativos a centrales de riesgo, dándoles segundas oportunidades a quienes han sido excluidos del sistema financiero tradicional.

Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, gremio del sector, indica que, pese al crecimiento que ha tenido esta industria, aún existen bastantes desafíos para su desarrollo, razón por la cual les quieren plantear al presidente que se posesione el próximo 7 agosto y al Congreso que lo acompañe una ruta para transformar el sector financiero nacional, haciendo énfasis en tres pilares: innovación, competencia e inclusión.

“Como gremio nos pusimos a pensar en soluciones y llegamos a 22 temáticas y 105 propuestas, las cuales podrán ser implementadas para presentarse en un decreto, proyecto de ley o regulación secundaria”, sostiene, y dice que su idea es que Colombia tenga un ‘tsunami regulatorio’ tal como el que vivió Brasil y que hoy le ha permitido ser líder en pagos digitales.

Según Santos, que presentará esas propuestas entre el 11 y 12 de septiembre en Barranquilla en Latam Fintech Market, ese tsunami permitirá aumentar los índices de acceso al crédito, reducir las transacciones en efectivo, aumentar la inversión en el país, promover nuevos modelos de negocio y generar más competencia para el sector.

Una de las propuestas que presentará el gremio consiste en implementar lo que Santos llama “el triángulo de la inclusión financiera”, el cual consiste en sacar adelante tres políticas: la liberalización de la tasa de usura, de los pagos y de los datos de los colombianos.

La primera liberalización se refiere al hecho de que hoy es demasiado complejo y costoso mover plata entre personas. Según el Banco de la República, actualmente nueve de cada diez transacciones se hacen dentro de una misma entidad y las que se hacen entre entidades distintas tienen un costo promedio de 7.900 pesos.

“Para corregir eso se requiere operativizar muy rápido Bre-B, el sistema de pagos inmediatos que administrará el Banco de la República, sacando adelante no solo el primer caso de uso de pasar plata entre personas, sino todos los demás casos de uso como pagos entre empresas, de impuestos o incluso desembolsos de crédito”, sostiene Santos.

También insiste en que esos casos de uso tienen que salir rápido, pues el éxito de los sistemas de pago interoperables depende de si van de la mano de lo que los ciudadanos requieren. Es más, si se quedan en pocos casos de uso, al final nadie termina usando el sistema, como sucedió en México o Argentina.

En su concepto, el proceso de Bre-B va por buen camino con los índices de registros de llaves, aunque considera que hace falta masificar la comunicación sobre la utilidad de las llaves y del sistema.

En lo que respecta a la liberalización de la tasa de usura, la propuesta de Colombia Fintech, y en general del sector financiero, es que ese techo se elimine para ofrecer más crédito, teniendo en cuenta que solo el 35 % de los colombianos accede a préstamos formales, el resto únicamente pueden recurrir al gota a gota con tasas de interés exorbitantes.

En cuanto a la liberalización de los datos, la propuesta es implementar una verdadera política de datos abiertos que obligue a todos los jugadores a compartir información, y esto no solo aplica para los del sector financiero, sino al Estado, con los datos sobre pago de impuestos y de subsidios a las compañías de telecomunicaciones e incluso a los segmentos de arriendos.

Igualmente, piden que se agilice la implementación de la exención del cuatro por mil, ya no para una cuenta de ahorro por persona, sino por el monto total de dinero que se mueva, así como prohibir las transacciones de alto monto en efectivo en operaciones como la compra y venta de ganado, finca raíz, vehículos o tratamientos médicos.

“Además, para reducir la informalidad financiera, es un imperativo eliminar los billetes de alta denominación, tal como se ha hecho en Europa con el de 500 euros, que ya no se siguió emitiendo”, precisa Santos.