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| 6/5/2020 4:43:00 PM

La polémica petrolera que tiene en vilo al Gobierno

Dos conceptos técnicos defienden la posición de cada una de las partes -empresas productoras y oleoductos- en el debate por el precio de transportar petróleo en Colombia.

¿Cuál es la polémica por las tarifas de los oleoductos en Colombia? Uno de los puntos de debate es la valoración de los activos (el tubo y las máquinas) que se tiene en cuenta a la hora de fijar la tarifa. Foto: DANIEL REINA

La pelea por las tarifas de oleoductos es de vieja data: las empresas productoras consideran que hay un problema estructural del marco tarifario que el gobierno estableció desde 2010 y que se revisa cada cuatro años,  mientras que las dueñas de los oleoductos dicen que han venido cumpliendo estrictamente con lo estipulado y que cualquier ajuste a la normativa es un cambio en las reglas del juego y una amenaza para la estabilidad jurídica.

Ambos buscan poner sobre la mesa argumentos técnicos, financieros, contables y jurídicos para justificar la posición de cada uno de los sectores involucrados en el debate.

En la revisión de 2018, se hicieron más evidentes las fricciones que generaba el tema, pues el asunto escaló hasta el Gobierno Nacional que, no obstante, se abstuvo de tomar alguna determinación.

Ahora, en medio de la emergencia generada por el coronavirus, una carta de la Asociación Colombia del Petróleo (ACP) reabrió el debate. El gremio de las petroleras pidió una revisión de la estructura tarifaria, además de aplicar cambios en esa normativa.

El ambiente se caldeó más cuando, en un evento público, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Armando Zamora, admitió que se había contratado un estudio para abordar el tema y que eso podría terminar en una revisión de las tarifas.

Todo ello ha puesto en evidencia la enorme tensión que hay alrededor del asunto. Por esa razón, ambas partes han pedido opiniones a expertos sobre sus posiciones.

Las petroleras, agremiadas en la ACP, solicitaron un concepto a la firma Strategas. De otra parte, las dueñas de los oleoductos han contado con el soporte conceptual y técnico de Sumatoria, la firma de banca de inversión.

Valor de los activos

La firma Strategas de los expertos Enrique Villota y Guillermo Sarmiento, emitió un concepto en el que se critica que la fórmula tarifaria beneficie injustificadamente a las dueñas de los oleoductos. El asunto es de técnica contable: la forma como les ponen valor a los activos (el tubo y las máquinas que permiten transportar crudo) afecta la tarifa al alza.

En el análisis, Villota y Sarmiento destacan que existe una diferencia considerable entre el valor de los activos de las empresas de oleoductos (Ocensa, ODL y ODC) registrado en sus estados financieros y el valor de los activos que se aplica para fijar la tarifa. Según los expertos, esa diferencia es injustificada.

Como uno de los criterios para fijar el valor del servicio de oleoductos es el valor de la inversión realizada, pues cualquier valor al alza inmediatamente sube el costo del servicio.

El análisis mostró que, por ejemplo, en el caso de Ocensa, el valor de los activos que se tiene en cuenta para la tarifa es de 3,18 veces el valor de los mismos activos en los informes de situación financiera. En el caso de ODL, 3,31 veces y en el caso de ODC, 4,64 veces.

Este es el argumento central de las empresas productoras y por eso piden revisar la regulación para mejorar esa circunstancia regulatoria.


El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Armando Zamora, admitió que se estudiará la norma. Esto podría terminar en una revisión de las tarifas.

Los oleoductos

Las empresas dueñas de los oleoductos también tienen quién las defienda. Se trata de Carlos Andrés Terrassa, socio de Sumatoria, quien escribió una carta al viceministro de Minas, Diego Mesa Puyo, con el objetivo de señalar que no existe razón para revisar las tarifas en este momento.

Para Terrassa no es claro de dónde salen las cuentas de la ACP al establecer la diferencia en el valor de los activos. “Una cosa es la realidad contable de una activo y otra la realidad económica”, explicó. Recordó que hasta que apareció Cénit -compañía en la que se unificó la propiedad de los oleoductos de Ecopetrol- la mayor parte de esos activos conformaban simplemente un centro de costos.

Al aparecer Cenit, esos activos se convirtieron en un centro de beneficios así que la manera de observarlos cambió radicalmente y eso es lo que explica que su valoración se haya ajustado. Un oleoducto es un activo y tiene un valor, y así se puede establecer”, explicó, señalando que sobre eso no debe haber mucha polémica.

A Terrassa lo que le preocupa es que la crisis originada por el coronavirus sea el argumento para buscar un cambio en las tarifas que solo beneficia a las firmas petroleras.

En la carta al Ministerio de Minas, el experto de Sumatoria señala que no es posible justificar la revisión del esquema tarifario simplemente porque se registró la crisis pandémica.

“No pueden salir ahora con que era impredecible un escenario de caída en los precios del petróleo, cuando ellos se mueven en un negocio completamente impredecibles”, explicó. Para él no hay ninguna relación causal entre la situación de la Covid-19 y la revisión de las tarifas de los oleoductos.

Y agrega que si el Gobierno avanza por esa vía, se abriría un enorme boquete jurídico, pues los principios tarifarios de los oleoductos son los mismos principios que se aplican a los poliductos o a las redes de transmisión eléctrica.

Los defensores de los intereses de los oleoductos dicen que no se pueden cambiar las tarifas sólo por la crisis pandémica.

Por esto, en la misiva al Ministerio se afirma que la propuesta de revisar las tarifas “solo está encaminada a la ilegal transferencia de rentas a las compañías petroleras privadas, que nada tiene que ver con la prenombrada crisis”.

Lo más grave para Terrassa es que se trate por parte de las empresas petroleras de impulsar la revisión de las tarifas en el marco de la emergencia y las facultades a las que accede temporalmente el Ejecutivo para modificar normas.

“La conclusión de este análisis es que la medida solicitada por la ACP tiene como único objeto mejorar el estado de Pérdidas y Ganancias de las compañías privadas, pero no tiene efecto alguno sobre el resto de la economía”, señala en el escrito.

Sin lugar a dudas, este debate se ha convertido en uno de los más relevantes para el futuro de un sector, que sigue siendo clave para el devenir económico de Colombia.

El gobierno de Iván Duque tiene en sus manos una papa caliente, pues cualquier decisión que adopte va a dejar insatisfecha a alguna de las partes. En esta historia todavía queda tela por cortar.

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