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Eduardo Lora
Eduardo Lora - Foto: Eduardo Lora

Confesiones del Estado deforestador

Debería también ordenarse desalojar las tierras deforestadas ilegalmente.


Por: Eduardo Lora

El cálculo que hacemos nosotros es que, en la zona entre Caquetá, Guaviare y Meta, hay entre 250.000 y 300.000 cabezas de ganado en zonas de parques, y alrededor de 7.000 u 8.000 familias ejerciendo la labor de ganadería. ¿Qué va a pasar con esas familias, que llevan dos y hasta tres generaciones dedicadas a esta actividad, cuando pasen los 90días? Hay que recordar que el Estado propició la entrada de estas personas a la zona de parques; les hacía las escuelas, les llevaba las jornadas de vacunación, les daba créditos a través del Incora para que hicieran sus predios. Ahora criminaliza la actividad”.

Estas fueron las palabras de Luis Alberdi Melo, médico veterinario y líder de Dignidad Ganadera en el departamento del Caquetá, en reacción a la decisión que, a comienzos de mayo, tomó el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) de exigir el retiro del ganado de los parques nacionales en un plazo de 90 días, so pena de que sea sacrificado. En adelante, el ICA no expedirá guías de transporte para el tránsito de las reses provenientes de los parques nacionales ni aplicará vacunas en esos lugares.

La decisión del ICA es un mea culpa valioso y un paso muy importante en la dirección correcta. El Estado colombiano siempre ha propiciado la deforestación en los baldíos de la Nación, en los parques nacionales y en las zonas reservadas a las comunidades indígenas y negras. Las entidades estatales, desde el nivel nacional, son cooptadas por los intereses de los grandes deforestadores ilegales, que en su gran mayoría son ganaderos. Con la excusa de que el Estado se interesa en los campesinos y las comunidades locales, los gobiernos nacionales y locales hacen inversiones públicas para “desarrollar” las zonas deforestadas, gracias a las cuales se valorizan las tierras indebidamente apropiadas por los grandes deforestadores. Y, a la postre, mediante las adjudicaciones de los baldíos que han sido deforestados, el Estado termina por legalizar el proceso.

Claro que hay que respetar los acuerdos adquiridos con la población campesina en condiciones de vulnerabilidad. Por eso, correctamente, quedaron exceptuados de la obligación de retirar el ganado los campesinos asentados antes de 2016 que tienen acuerdos vigentes con las entidades ambientales (muchos de esos campesinos son perseguidos actualmente por las mafias deforestadoras). Esos acuerdos buscan la reconversión productiva de los terrenos hacia actividades que hacen buen uso del bosque.

Las valiosas decisiones recientes del ICA tendrían que complementarse con órdenes de desalojo y programas de recuperación de tierras deforestadas ilegalmente en años recientes en reservas o baldíos de la Nación, incluso si fueron adquiridas “de buena fe”. Esto es esencial para detener el proceso de deforestación que el Estado cohonesta actualmente.

Por otro lado, en otro avance muy importante a favor del medioambiente, hace unos días los gremios ganaderos “cerraron filas para defender el trabajo ambiental que han realizado”. Según el presidente de Fedegán, “desde hace más de una década, Fedegán y miles de productores en todo el territorio nacional le han apostado a la protección de flora, fauna, fuentes hídricas, captura de carbono y la implementación de sistemas silvopastoriles a través del programa Ganadería Colombiana Sostenible”.

Puesto que esta es la dirección correcta para proteger el medioambiente, los gremios ganaderos tendrían que acelerar la adopción de los programas de ganadería sostenible que, en la actualidad, según Fedegán, cubren apenas 160.000 hectáreas, una fracción mínima de los 23 millones de hectáreas dedicados a la ganadería. Estos programas deberían recibir financiamiento subsidiado (u otras compensaciones) por contribuir a la captura de carbono.

Si los gremios ganaderos quieren demostrar su seriedad con estos objetivos, deberían comprometerse además a pagar impuestos a tasas razonables, incluyendo predial, impuestos de renta e IVA. Esos recursos se necesitan para fortalecer el Sistema de Parques Nacionales y la protección de las Reservas Forestales (principalmente en la Amazonia). Las entidades a cargo de estas grandes zonas tienen muy poca capacidad para controlar a las mafias de deforestadores y para defender a las comunidades indígenas y negras que hoy luchan con las uñas por el medioambiente, con un enorme costo en vidas: cada tercer día es asesinado un líder social en las zonas que sufren deterioro ambiental.

Alternativamente, los gremios ganaderos pueden seguir pasando de agache, como siempre lo han hecho, arriesgándose a que un futuro presidente implemente programas agresivos de expropiación, que encontrarían apoyo en amplios sectores de la población que están desesperados con la destrucción ambiental, la corrupción, la desigualdad y la pobreza en el campo.