El reciente incremento del salario mínimo legal mensual, decretado por el presidente Gustavo Petro, no solo es un error político monumental, sino que podría convertirse en la peor noticia económica de las últimas tres décadas. La decisión de aumentar el salario mínimo en un 23 %, cuando la inflación apenas superará el 5 %, desborda cualquier lógica técnica y amenaza con desestabilizar sectores completos de la economía.
Para entender la magnitud del impacto, basta con mirar a los empleadores cuya estructura de costos depende casi exclusivamente de la mano de obra: empresas de seguridad, aseo, cultivos de flores, entre otras. En estos sectores, el salario mínimo no es una referencia, es el corazón del modelo financiero. Un incremento tan desproporcionado genera una brecha insalvable entre ingresos y costos, obligando a trasladar el impacto a la cadena de precios. ¿El resultado? Un efecto inflacionario indirecto que golpeará a consumidores y empresas por igual.
Más allá del discurso populista, esta medida desconoce la realidad empresarial y la fragilidad de muchas compañías que operan con márgenes mínimos. No se trata de negar la necesidad de mejorar el poder adquisitivo, sino de hacerlo con responsabilidad y equilibrio. Un aumento irracional no es progreso: es una bomba de tiempo que compromete la sostenibilidad del empleo y la competitividad del país.
Los efectos del incremento del salario mínimo ya se sienten en la economía real. El primer golpe lo recibirán los usuarios del transporte público: las tarifas subirán entre un 10 % y un 15 % de manera casi inmediata. Pero no es el único frente. El trabajo por días, que en la informalidad oscilaba entre $70.000 y $80.000, hoy se cotiza en $100.000, y muchos trabajadores domésticos ya fueron notificados de la terminación del contrato, la no contratación para 2025 o la reducción de jornadas. La consecuencia es clara: menos empleo y más precarización.
En los conjuntos residenciales, sin importar el estrato, la discusión gira en torno a cómo evitar que se dispare la cuota de administración. ¿La primera víctima? Los esquemas de seguridad privada, cuya estructura depende del salario mínimo. Hoy se debate reducir el número de guardas o automatizar procesos, lo que en el cortísimo plazo provocará una mortandad laboral sin precedentes.
Este impacto no se limita a los menos pudientes. La clase media emergente, aquella que aspiraba a un salario mínimo integral, ve cómo esta figura se destruye en la práctica. Muchos trabajadores que lo tenían están siendo llamados a negociar para desmontarlo, reducirlo y pasar a salarios ordinarios, golpeando el flujo de caja de familias enteras en el peor momento inflacionario que se avecina por el incremento populista de Petro.
Como si fuera poco, el presidente decidió premiar a los colombianos con una cascada de impuestos al comenzar el año, que presionará aún más la inflación. El régimen busca recaudar plata de donde sea para sostener su aparato político y conservar el poder, sin mostrar ninguna preocupación por los nefastos efectos de sus acciones. Lo que Petro no calculó es que esta bomba económica autoinfligida le estallará justo antes de las elecciones al Congreso en marzo de 2026 y tendrá efectos clarísimos en las presidenciales de mayo. El populismo, venga de donde venga, siempre se rompe por el lado más débil: en este caso, los más pobres.
Petro no solo tomó una decisión económica equivocada, sino que asumió un riesgo político innecesario. Cuando la caja de las empresas se vacíe y los despidos comiencen, la narrativa del “gobierno del cambio” se enfrentará a su propia contradicción: haber debilitado a quienes generan trabajo en nombre de quienes lo necesitan. Definitivamente, ¡Petro se pegó un tiro en el píe!
