Los cuatro casos más polémicos que implican a rectores universitarios

La reciente elección del rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera Salazar, de la que Semana Educación difundió una nota explicando toda la controversia que rodeó el proceso, reabre el debate sobre las instituciones de educación superior y los intereses que se suscitan al interior de su gestión.

En los últimos años son varias las universidades que se han visto envueltas en la polémica por el dudoso manejo de los recursos por parte de sus directivos o por las denuncias de fraude en la elección de los mismos. Esta publicación recoge los casos más sonoros en los que los rectores han sido protagonistas por malapraxis.

Ana Cristina Pedraza, Corporación Universitaria IDEAS

El Ministerio de Educación acusó en septiembre de 2016 a la rectora Ana Cristina Pedraza y los miembros del Consejo Superior y Académico de utilizar recursos de la institución para pagar gastos personales (recibos de servicios públicos, cánones de arrendamiento de apartamentos en varias ciudades del país; el pago de tarjetas de crédito, préstamos educativos, celulares y servicios de peluquería) por valor de 315 mil millones de pesos.

También se acusó a la directiva de ofrecer y adelantar un programa de Derecho en la cárcel La Picota sin contar con autorización y por la que se graduaron como abogado 22 estudiantes, 11 de ellos del programa Justicia y Paz. Francisco Cardona, ministro de Educación encargado explicó en el momento de emitir las acusaciones que por este servicio la corporación recibió 3.225.000 de pesos semestrales durante 8 periodos.

La Fiscalía General de la Nación investiga los hechos.

Mariano Alvear, Fundación Universitaria San Martin

El 2015 empezó con uno de los mayores escándalos en el sector: la destitución de todos los miembros directivos de la San Martín, incluido su fundador, Mariano Alvear.

La Ley de inspección y vigilancia, sancionada en diciembre de 2014, le permitió al Ministerio de Educación denunciar la situación de la institución y tomar medidas en relación con las demandas, deudas y cuentas pendientes que dejó la administración.

Entre otras, se descubrió que muchos de los gastos del claustro no se podían justificar, además de la existencia de un hueco inexplicable:  se reportaron 181.000 millones de ingresos pero sólo declararon 123.000 millones.

La universidad enfrentó solo en Bogotá 667 procesos laborales, de los 25 que confirmó tener en su haber el Ministerio de Trabajo. La razón social de la universidad fue embargada por 12 juzgados laborales y la deuda con los trabajadores llegó a ascender según los sindicatos a más de 74.000 millones.

Ubaldo Meza, Universidad del Atlántico

El exrector de la Universidad del Atlántico fue condenado hace tres semanas a ocho años de prisión al ser declarado responsable penalmente de los delitos de peculado por apropiación a terceros. Después de que se confirmara que procedió a otorgar pensiones de jubilaciones a servidores públicos sobre el 100 % de las prestaciones sociales por fuera de la ley, deberá, además, pagar una multa que supera los 41.000 millones de pesos.

Al mismo tiempo, Paola Amar Sepúlveda, también exrectora de la universidad, fue condenada. Sepúlveda deberá pagar 50 salarios mínimos, ya que fue hallada culpable de peculado por apropiación a terceros y prevaricato por omisión.

De acuerdo al fallo, Meza y Sepúlveda emplearon la autoridad que les brindaba su cargo como rectores de la universidad para perpetrar estos delitos.

Silvia Gette, Universidad Autónoma del Caribe

La polémica exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe se encuentra detenida por el soborno con el que intentó afectar la investigación que se le sigue por el asesinato de su yerno Fernando Cepeda. Este año, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena contra la exrectora y su abogado, Arcadio Martínez, a una pena de 6 años y 5 meses de casa por cárcel por el delito de soborno.

Gette y Martínez fueron condenados, en primera instancia, el 24 de agosto de 2015 por el Juzgado 34 Penal del Circuito de Bogotá. Según la Fiscalía, la exrectora y Martínez intentaron hacer que el exparamilitar Édgar Ignacio Fierro, ‘don Antonio’, cambiara su versión sobre los hechos.

En la investigación, se dice que el abogado de Gette ingresó en varias ocasiones a la cárcel La Picota, en la que estaba ‘don Antonio’, y que en una de esas visitas le ofreció a nombre de la exrectora 250 millones de pesos para que cambiara su versión en el proceso de Justicia y Paz, “donde la había señalado como determinadora de la muerte de Cepeda”.