Revolcón energético

El desarrollo de las energías renovables no convencionales es uno de los principales retos para el Gobierno, con una meta muy ambiciosa: pasar de 0,5% de participación en el total de la generación a casi 10%.

 Pero el camino no ha sido fácil. En febrero pasado hizo una movida que no salió como el Ministerio de Minas y Energía lo esperaba. Aunque algunos proyectos quedaron incluidos en la subasta del cargo por confiabilidad, la primera subasta de renovables no convencionales fracasó. Desde ese momento el Gobierno empezó a hacer los ajustes para adelantar una nueva subasta para los contratos de largo plazo y alcanzar la meta de tener unos 1.500 MW de capacidad instalada en energías eólicas y solares, principalmente.

 Y la segunda fue la vencida. A finales de octubre, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, anunció el éxito de este proceso: en menos de un año el país superó la meta de incorporación de fuentes no convencionales de energías renovables, pasando de menos de 50 MW a más de 2.200 MW de capacidad instalada para el año 2022. Es decir, superó la meta del cuatrenio dos años antes en 50%.

Con esta subasta de renovables, el país multiplicará por 40 la capacidad actual de generación eléctrica a partir de fuentes como la solar y eólica.

 Con la primera subasta de energías renovables no convencionales, el país multiplicará por 40 veces la capacidad actual de generación eléctrica a partir de fuentes como la solar y eólica. Tras su participación en la subasta, 22 empresas comercializadoras aseguraron la compra de energía a largo plazo por $95 promedio kilovatio-hora, cerca de $50 por debajo del promedio actual del costo de generación en contratos bilaterales.

 La subasta asignó responsabilidades a 7 empresas generadoras con 8 proyectos de fuentes no convencionales de energías renovables: 5 eólicos y 3 solares. Trina Solar, Epsa (de Celsia), AES Chivor y Energía de Portugal (EDP) son algunas de las empresas que desarrollarán los proyectos. Se estima que las inversiones totales para los 2.200 megavatios superen los $7,5 billones. Un hecho que sobresalió en el proceso fue la participación de empresas con capital chino: Trina y EDP. La primera es el principal fabricante de paneles solares en el mundo y su entrada al mercado global bajó los precios de los equipos. Obtuvo tres proyectos solares en Valle, Tolima y Córdoba. Y en la segunda, 25% de la compañía corresponde a capital chino y es propiedad de China Three Gorges. Desarrollará en la Guajira dos proyectos eólicos que había comprado. Además EDP es uno de los interesados en la operación de Electricaribe. Solo estas dos compañías de capital chino representan más de $3,7 billones en inversión.

 También fue clave el papel de los comercializadores que entraron como compradores en la subasta, proceso que contó, en total, con la participación de 20 generadores y 23 comercializadores calificados, es decir, aquellos que cumplieron con todos los requisitos de precalificación establecidos para dicho mecanismo.

 No está definida una nueva subasta de renovables no convencionales, pero quedó claro el apetito en su desarrollo y las posibilidades para nuevos proyectos.

María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía.

 El camino

Aunque el resultado de la subasta de febrero fue un fracaso, no fue del todo un mal ejercicio para el Gobierno. Le permitió descubrir dónde estaban las fallas y corregirlas para un siguiente proceso.

“Fue lo mejor que nos pudo suceder. Si uno quiere innovar tiene que pasar por los procesos en que las cosas no salen bien, pero es importante aprender de ellos”, dice la ministra Suárez.

 Colombia tiene una particularidad: el mercado de energía, a pesar de ser maduro, consolidado y reconocido, también es concentrado y, después de la Ley de Servicios Públicos de mediados de la década de los 90, los jugadores quedaron en diferentes circunstancias: los que venían integrados podían mantener ese modelo; mientras que los que llegaban no podían integrarse. Y ahí aparece el conflicto porque quien genera la energía con el mismo sombrero también podría comprarla.

 El Gobierno decidió entonces jugarse varias cartas: por un lado, incluyó un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo que le daba la facultad de obligar a que compraran renovables. Fue un artículo controversial, en donde hubo algún rechazo del sector y que, incluso, ya está demandado. Tampoco fue un proceso de neutralidad tecnológica y se hizo solo para renovables. A pesar de estas tensiones naturales, los jugadores del sector llegaron a la subasta.

 No hubo solo garrote, también hubo zanahoria. En el Plan Nacional de Desarrollo se incluyeron interesantes beneficios tributarios para este joven sector de los renovables, situación que ayudó a compensar las cargas.

Además, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) dio línea sobre los límites de la contratación de las empresas que están en generación, comercialización y distribución. Hoy está en 60%, el año próximo en 50% y en 3 años en 10%. Y, además, están en estudio en la Creg los límites de integración vertical.

 También se espera un efecto en los precios de generación que no se verán reflejados en el corto plazo sino hasta después de 2022, cuando entren en operación los proyectos

Una vez superado este proceso y con la subasta ya adjudicada, el Gobierno tiene un gran desafío inminente: poner a funcionar las plantas y que esta energía se haga realidad. El reto se hace más fuerte porque gran parte de los proyectos están ubicados en una de las zonas más complejas y abandonadas del país: la Guajira.

 Allá el Ministerio de Minas va a montar un plan de ejecución y logística, porque todos los proyectos deben entrar al tiempo. Además, preparar a los puertos y las vías para la importación y el transporte de las turbinas eólicas que, por su tamaño, representará una operación logística de gran envergadura.

 Colectora, la línea que recogerá la energía generada en esa zona y la llevará al interior del país, está en la etapa de certificación de comunidades y en el primer trimestre de 2020 debe quedar lista la consulta previa. El Ministerio del Interior está diseñando una estrategia de cómo se va a desarrollar la consulta previa porque habrá al menos ocho proyectos eólicos de gran tamaño.

 Pero, además, esta es la oportunidad de dar cobertura en energía a una región que apenas tiene 60% atendido. Para estos días se conocerán iniciativas del Ministerio de Minas y de Innpulsa para llevar energía a esta población de forma más eficiente. Esta es una posibilidad para la Guajira porque habrá empleo y desarrollo, pero un enorme desafío para el Gobierno de concretar esos avances y hacer un desarrollo incluyente.

 Más allá de las dificultades, lecciones y retos que ha dejado este episodio, es claro que llegó la hora de los renovables y Colombia empieza a dar los primeros grandes pasos en el proceso de transición energética. Seguramente no será la última subasta.