Home

Gente

Artículo

Shakira
NEW YORK - OCTOBER 19: Singer Shakira attends the 2009 Whitney Museum Gala at The Whitney Museum of American Art on October 19, 2009 in New York City. (Photo by Jemal Countess/Getty Images) - Foto: Getty Images

gente

Shakira no aguantó más y mandó a la porra al fisco español. Dijo que le han violado su intimidad

Hoy se escribe un nuevo capítulo del lío legal que tiene Shakira en España.

La defensa de Shakira acaba de entregar un documento contundente en medio de la pelea legal que le implantó el Fisco Español a la cantante colombiana, por un supuesto fraude de impuestos que la barranquillera no habría pagado durante los años 2012 a 2014, en los que la intérprete de ‘Hips don’t Lie’ habría vivido en Barcelona, según la entidad estatal española.

Este pleito viene de años atrás y ha tenido todos los matices que se pueden ver en un caso de estos, no solo porque hay mucha información de por medio y el dinero que se solicita por el Gobierno español es astronómico, sino por el boom mediático que ha tendido, que la entidad estatal estaría aprovechando para sentar un precedente sobre lo importante de pagar los impuestos a tiempo y como se debe.

Shakira ha tenido a todo su equipo de abogados trabajando por meses en este caso, en el que ella alega que durante los años mencionados no residía en España, país al que llegó cuando su hijo Milán, hoy de nueve años, iba a empezar su vida escolar. Además, la cantante había tenido meses atrás a su segundo hijo, Sasha, que está próximo a cumplir sus ocho años.

Esta información se puede leer en el documento que presentó la defensa de la colombiana ante el tribunal que adelanta el caso, en el que se explica que Shakira habría llegado legalmente a España en 2015 y que a partir de ese momento ella misma, junto con su equipo de contadores y economistas, se presentaron ante las autoridades pertinentes para tributar lo debido. “(La decisión de residir en el país europeo) fue expresamente comunicada a los efectos oportunos a la AEAT, que la aceptó sin discusión, asumiendo de este modo que hasta esa fecha no había residido en nuestro país”, dice el texto.

Además de este argumento, la defensa de la cantante se fue más allá y señaló al ente acusador de vulnerar los derechos de Shakira intentando reunir pruebas, sin éxito, para condenar a la estrella latina. “La Agencia Tributaria se ha visto obligada a recurrir a indicios sumamente endebles, así como a medidas vulneradoras del derecho a la intimidad, como requerimientos a centros médicos para obtener información reservada como citas y resultados analíticos”, todo esto para demostrar con fechas exactas que Shakira residió en España por más de 183 días seguidos durante los años mencionados anteriormente, lo que soportaría el fraude que se le atribuye y que se ha convertido en seis delitos fiscales, todo presentado ante el del juzgado de instrucción dos de Esplugues de Llobregat de Cataluña.

Adicionalmente, dicho documento añade que la colombiana ya ha entregado a la Hacienda española más de 90 millones de euros, muchísimo más de los 17 millones que le está exigiendo el estado español por el supuesto fraude que cometió. Además, en el texto también se deja claro que solo el 2 % de la fortuna de Shakira se hizo en suelo español, el resto viene de las giras musicales, las ventas de discos y canciones en plataformas digitales y contratos publicitarios de la barranquillera fuera de España.

Ahora solo queda que el proceso siga su rumbo, los jueces escrutinen el documento, lo comprueben y empiecen a llamar a testigos que ratifiquen que en efecto Shakira vivió en España entre 2012 y 2014, o por el contrario, ratifiquen que la colombiana vivía en sus mansiones de Las Bahamas y Miami antes de tener a su segundo hijo.

Se dice también que entre los testigos no se tiene incluido a Gerard Piqué, expareja de Shakira, quien sería uno de los más opcionados a tener información valiosa que esclarezca este lío legal. El exfutbolista no participará en dicho proceso por haberse separado legalmente de la cantante hace pocas semanas, representando un conflicto de intereses tanto para la defensa como para el ente acusador.