Colombia, ¿en riesgo de racionamiento de electricidad en 2026? Acolgen hace preocupante pronóstico

¿Está en riesgo la seguridad energética del país?

Natalia Gutiérrez Jaramillo: En la actualidad se combinan varios factores que ponen en riesgo la seguridad energética del país. Los proyectos de generación presentan rezagos críticos: según XM, en 2021 ingresó solo el 7 por ciento de la energía esperada; en 2022, el 27 por ciento; en 2023, el 17 por ciento; en 2024, el 25 por ciento, y faltando mes y medio para terminar 2025, apenas ha entrado en operación el 8,5 por ciento de lo previsto. A esto se suman señales de política pública que han desincentivado nuevas plantas térmicas e hidráulicas –las que han evitado apagones por más de 30 años–, cuando el sector debe guiarse por criterios técnicos y no ideológicos. También persiste la incertidumbre regulatoria: faltan comisionados en propiedad en la CREG, hay puntos de conexión sin resolver y se han expedido normas que afectan el mercado de confiabilidad, dificultando atraer inversiones de entre 10 y 13 billones de pesos anuales, necesarios para garantizar energía continua.

¿Estamos cerca de un déficit o de apagones regionales?

N.G.: De acuerdo con XM, Colombia enfrenta un riesgo creciente de desabastecimiento eléctrico desde este año, con un déficit de energía firme proyectado en 1,6 por ciento y una acentuación en 2027. La demanda crece más rápido que la capacidad instalada: en 25 años aumentó 4,1 por ciento anual, mientras que el parque generador solo 2,6 por ciento, lo que explica los balances negativos. XM proyecta un déficit de 3,5 por ciento en 2027, año en el que podría presentarse un fenómeno de El Niño que agravaría la situación. Aunque avanza la energía solar, las fuentes hidráulica y térmica siguen siendo esenciales para garantizar el suministro continuo.

¿Cómo cerrar esa brecha y evitar que el sistema se tensione?

N.G.: Lo más importante es garantizar que los proyectos de generación y transmisión entren en operación, lo que requiere acompañamiento constante del Gobierno nacional, reglamentar las consultas previas, agilizar los trámites de licenciamiento ambiental y tomar acciones contundentes frente a la inseguridad en los territorios. Además, es fundamental promover nuevos proyectos mediante subastas bajo el principio de complementariedad tecnológica, con reglas claras y estabilidad jurídica y regulatoria.

¿Cuál es el panorama real de entrada de nuevos proyectos?

N.G.: Existe un retraso sistemático en el ingreso de nuevos proyectos: en los últimos cinco años, según XM, solo el 28 por ciento de los megavatios esperados entró a tiempo y, a mes y medio de cerrar el año, apenas ha ingresado el 8,5 por ciento. Esto nos deja en una situación preocupante que exige medidas inmediatas para sortear el faltante sostenido de energía. Lo mismo ocurre en el transporte eléctrico, con retrasos de hasta 13 años en el Sistema de Transmisión Nacional y 11 en el Regional. Las principales barreras son los trámites ambientales, la conflictividad social y las consultas previas, que retrasan o incluso vuelven inviables los proyectos.

¿Cómo han afectado la inversión y el ritmo de los proyectos las decisiones recientes del Gobierno nacional?

N.G.: Los actos normativos recientes, como el Decreto 1072 de 2025, han generado gran preocupación porque imponen reglas que no se ajustan al funcionamiento real del mercado, especialmente en la generación hidráulica. Obligar a vender “al menos el 95 por ciento de la generación horaria” en contratos va en contravía del principio de libre mercado de la Ley 143 de 1994 y desconoce la naturaleza del recurso hídrico, cuya disponibilidad no puede preverse con exactitud hora a hora. Esto expone a los generadores a sanciones, limita la optimización del recurso y elimina el uso de la bolsa, diseñada justamente para manejar esa variabilidad. La bolsa cumple un rol clave para ajustar oferta y demanda, y aunque, en promedio, 80 por ciento de la energía es contratada y 20 por ciento se negocia en bolsa, su función es esencial. De hecho, la Superservicios advirtió en julio que los generadores hidráulicos ya muestran sobrecontratación, lo que podría generar riesgos financieros si la tendencia continúa.

¿Qué condiciones mínimas debería garantizar el país antes de acelerar la descarbonización?

N.G.: Aunque promover la descarbonización es importante, no podemos perder de vista que la matriz eléctrica colombiana ya es altamente renovable: en 2025, el 87 por ciento de la electricidad consumida proviene del agua, el sol y, en menor medida, del viento. Para descarbonizar necesitamos consumir más electricidad, y ese crecimiento debe sostenerse en la seguridad, garantizando energía disponible incluso en los peores escenarios. Para eso existe el Cargo por Confiabilidad, que remunera un único producto –la energía firme– y debe ser tecnológicamente neutral, con una mezcla equilibrada de hidráulicas, térmicas y renovables no convencionales. El problema es que hoy estamos perdiendo terreno en seguridad energética. Las recientes resoluciones han afectado la complementariedad tecnológica y, en la subasta de febrero de 2024, el 99 por ciento de los megavatios asignados fueron solares y solo el 1 por ciento térmicos. Aunque la capacidad subastada creció 12 por ciento, las Obligaciones de Energía Firme cayeron 71 por ciento y la subasta no aseguró la energía firme que el país requería, evidencia de que faltan señales adecuadas para que más proyectos entren y atiendan el crecimiento del consumo.

¿Qué medidas urgentes es necesario tomar para evitar un apagón?

N.G.: Fedesarrollo y el Banco de Bogotá han advertido sobre el fuerte impacto de un racionamiento. Fedesarrollo estima que un escenario similar al de los años noventa reduciría el crecimiento en 1,5 puntos, destruiría 230.000 empleos y aumentaría la pobreza; el Banco de Bogotá calcula que cada hora de racionamiento costaría 200.000 millones de pesos. Para evitarlo, el país debe avanzar en dos frentes: sumar proyectos que aporten energía firme y acelerar nuevas líneas de transmisión. Solo en generación se requieren cerca de 69 billones de pesos para cubrir la energía faltante hasta 2029, inversión que depende de ajustes regulatorios que devuelvan claridad y atractivo al sector: derogar resoluciones que crean precios de escasez distintos entre tecnologías, convocar subastas con reglas estables, promover contratación en competencia, optimizar la asignación de capacidad de transporte, modernizar el mercado y revisar la aplicabilidad de incentivos tributarios a las FNCER.

*Contenido elaborado con apoyo de Acolgen