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CUESTA ARRIBA

Mitterrand emprende ahora la "etapa difícil" de su gobierno.

16 de agosto de 1982

Después de un año de reformas sociales, seguidas del establecimiento del "pedestal del septenio socialista" (leyes sobre las nacionalizaciones y sobre la descentralización administrativa), el gobierno francés ha pasado a su "segunda etapa".
En efecto, el primer ministro Pierre Mauroy, presentó, ante el parlamento, una serie de medidas destinadas a "acompañar la devaluación" de 10% del franco y un programa económico basado en el bloqueo de los precios y los salarios durante cuatro meses.
Su objetivo es, dijo el primer ministro en su discurso, "reducir rápidamente la inflación, continuar de manera dinámica la lucha contra el desempleo sin alterar, por ello, el crecimiento económico del país".
En realidad, las disposiciones gubernamentales sorprendieron por varios motivos: por primera vez, el gobierno admite la necesidad de instituir un plan riguroso de lucha contra la inflación. Las presiones de sus vecinos -Alemania, en particular- que han logrado mejores resultados en ese campo, habrían incidido en esa decisión y explicaría las devaluaciones que Francia tuvo que aceptar en octubre de 1981 y, en junio del año pasado.
El gobierno utiliza, por otra parte, los métodos económicos "clásicos" y ha puesto de moda un lenguaje que los partidos de izquierda habían denunciado cuando se encontraban en la oposición. Rigor, solidaridad nacional, esfuerzo y austeridad, hacen parte del actual discurso gubernamental. El primer ministro prefirió, en fin, los métodos constitucionales expeditivos para hacer votar sus proyectos, a la "libertad de negociación" que los sindicatos obreros practican desde junio de 1950.
El cambio de política económica se concretó en la preparación del presupuesto estatal para 1983. La coalición de izquierda, que financió el despegue de la economía mediante una amplia transferencia de la riqueza nacional hacia las capas más desvaforecidas, ha decidido disminuir, de 3,5% el gasto público con el fin de limitar el déficit del Estado que no debe superar, dijo el presidente Mitterrand, el 3 por ciento del PBI, es decir, ciento veinte mil millones de francos.

DOS MILLONES DE DESEMPLEADOS
La reducción no afectará, prometió el primer ministro, el programa socialista del nuevo poder, que cuenta con poder "conjugar la justicia social y la eficacia económica".
El gobierno aprovechará, pues, la tregua de cuatro meses (el ministro de finanzas reclama el mismo "tratamiento" durante 18 meses) para analizar de cerca los circuitos de comercialización y de distribución, revisar el estatuto de ciertas profesiones cuyas remuneraciones nutren la inflación, imponer medidas fiscales de solidaridad nacional (los funcionarios deberán cotizar un impuesto en favor del desempleado), reforzar el papel de las asociaciones de consumidores, como medio eficaz de lucha contra el costo de la vida y examinar los sectores más deficitarios de la economía francesa: la seguridad social y la remuneracion de los desocupados.
En este plano, la creación de un super ministerio de "asuntos sociales", dirigido por el antiguo secretario del palacio presidencial, señor Beregovoy, en remplazo de la señora Questiaux, fue unánimemente interpretado como una toma en mano, por parte del presidente, del déficit de la seguridad social y del desempleo, que cuesta unos cien millones de francos anuales.
Para completar el nuevo dispositivo, el gobierno nombró un "secretario de Estado" encargado únicamente de lo que Francois Mitterrand designó como una prioridad para los países europeos que han superado los 10 mil millones de desocupados: el desempleo.
La progresión del desempleo en Francia, 250.000 en un año, es inferior a la de Alemania, que ha visto doblar en el mismo lapso, el número de personas privadas de trabajo o, a la de Inglaterra, que ya rebasó los tres millones.
La tasa de crecimiento que este año se situará entre 2 y 3% ha contribuido a estabilizar alrededor de 2 millones el número de desempleados, pero el gobierno no espera una reducción significativa a corto plazo, en razón -dijo un portavoz del Elíseo de la "crisis económica mundial" de las elevadas tasas de interés de los Estados Unidos, que el gobierno norteamericano se muestra poco deseoso de modificar, a pesar de los compromisos suscritos por el presidente Reagan en la conferencia cumbre de Versalles.
Este programa que caracteriza la "segunda etapa", calificada de "etapa de montaña" por el ministro de finanzas, ha sido duramente criticado por la oposición de derecha.
Sus princiaples líderes, Jacques Chirac y Valery Giscard D'Estaing, han denunciado el "fracaso de la política socialista y la quiebra monetaria y presupuestal". Las dificultades económicas no explican, sin embargo, la radicalización del debate político que se observa en estos últimos meses.Se agrega, además, el ambiente electoral de las municipales de marzo de 1983. Eso explica, por otra parte, el actual enfrentamiento entre el alcalde de París y el gobierno.
El ministro del interior, Gaston Deferre, presentó, en efecto, un proyecto para dividir París en 20 municipios reagrupados en una "comunidad urbana", dirigida por un alcalde mayor.
Ese cambio se inspiraría, según la versión del gobierno, en la política de descentralización, que permitiría a cada barrio de París elegir su propio alcalde. La sugerencia del ministro del interior habría sido motivada por el "comportamiento autoritario" del alcalde de París, por la ausencia de discusión con los diputados y concejales de los barrios populares de esa capital, así como por la ineficacia de una administración que debe ocuparse de dos millones de personas.
La batalla de París, como la prensa francesa la ha denominado, ha favorecido el reagrupamiento de la derecha y confirmado a Jacques Chirac en su papel de líder indiscutible de la oposición.
¿No sería ésta la verdadera intención de los socialistas que lo preferirían, como enemigo político, a cualquier otra opción centrista cipaz de desmantelar su electorado?
La incoherencia y la improvisación del proyecto gubernamental, por una parte, y la aparente ingenuidad con la que el gobierno pretendía atacar la principal fortaleza de la derecha en Francia, París, por otra, parecen militar en favor de esa tesis.
José Hernández. corresponsal de SEMANA en Europa.