Régimen venezolano se pronuncia tras la suspensión de la cuenta de Maduro en Facebook

El régimen venezolano expresó este domingo su rechazo a la decisión de Facebook de suspender durante 30 días la cuenta de Nicolás Maduro por incumplir las normas sobre difusión de información sobre el coronavirus tras la publicación de un video en el que defendía el antiviral “milagroso” Carvativir.

Maduro destacó la supuesta eficacia de este medicamento, una solución oral derivada del tomillo que neutralizaría el coronavirus sin efectos secundarios, una afirmación sin respaldo científico. Además, aseguró que el Carvativir se puede utilizar de forma preventiva y terapéutica.

Tras la suspensión, el Ministerio de Comunicación e Información venezolano ha publicado un comunicado en el que rechaza esta “nueva arbitrariedad” que, asegura, “incurre en la violación de los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Con la suspensión, Facebook vulnera “el derecho de 1,2 millones de usuarios y usuarias de dicha cuenta, a la información veraz y oportuna”, según el régimen venezolano. Además, el Ministerio ha subrayado que la suspensión se debe al hecho de “presentar públicamente el retroviral, de ingeniería y producción nacional, Carvativir, y su plan de distribución masiva y gratuita en todo el país”.

“No es la primera vez que la empresa Facebook y sus asociadas (Whatsapp e Instagram) se abogan el derecho de silenciar y sancionar, discrecionalmente, los contenidos que el Jefe de Estado publica diariamente —en el uso ético de la libertad de expresión, pensamiento y opinión— relativos a las políticas de Estado y que son de alto interés público para Venezuela y el mundo”, ha argumentado el Ministerio.

En particular, critica “que, en una suerte de tiranía del algoritmo, se persiga principalmente aquellos contenidos orientados al combate de la pandemia y que son de interés científico y por tanto urgentes para la salud de la humanidad”.

“Esto constituye no solo actos de censura, propios de una nueva dictadura mediática, sino que evidencia a su vez una extensión del bloqueo y boicot que el imperio norteamericano aplica de manera ilegal contra nuestro pueblo para consumar el llamado ‘cambio de régimen’ por la fuerza”, ha añadido el Ministerio.

Además, denuncia que antes de ser informados los administradores de la cuenta de Maduro, esa información “confidencial y privada según la normativa de la empresa” fue suministrada sin consentimiento alguno a la agencia de noticias Reuters, “quien se encargó de darle un matiz de discriminación política”.

Por lo tanto, Venezuela denunció así un “totalitarismo digital ejercido por empresas supranacionales que quieren imponer su ley a los países del mundo”.

Vale destacar que los detractores del régimen de Nicolás Maduro miran estos meses hacia La Haya a la espera de que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional decida si abre una investigación formal por presuntos crímenes de lesa Humanidad en Venezuela, un paso que prácticamente dan por sentado si, como apuntan, la oficina que dirige Fatou Bensouda “actúa pegada a Derecho”.

Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio del año 2000, con Hugo Chávez al frente del régimen, lo que abrió la puerta a que el TPI tenga desde julio de 2002 competencias para examinar los supuestos crímenes cometidos en territorio del país sudamericano o por ciudadanos venezolanos.

Durante estos últimos años, tanto el Ejecutivo chavista como la oposición política han solicitado la intervención de la corte para frenar supuestos abusos, en una internacionalización de la disputa interna que se prolonga ya desde hace varios años y que podría llevar a un punto de inflexión a corto plazo.

De las dos carpetas preliminares que tiene abiertas la Fiscalía del TPI, la más antigua (‘Venezuela I’) deriva de una denuncia presentada por varios países del Grupo de Lima y confirmada en febrero de 2018. Sobre la mesa están los supuestos abusos cometidos por las fuerzas chavistas desde abril de 2017 y, en términos generales, la represión de las protestas convocadas contra el régimen de Maduro.

En 2020, la oficina de Bensouda concluyó que hay indicios “razonables” de que pudieron cometerse crímenes contra la Humanidad, en particular por los posibles abusos cometidos durante la detención. Estos meros indicios ya fueron celebrados como un aval por parte de la oposición que encabeza Juan Guaidó, que desde enero de 2019 se reivindica como ‘presidente encargado’ de Venezuela.

*Con información de Europa Press