Trump declara guerra educativa a los indocumentados y amenaza con cerrar el acceso universitario a miles de jóvenes

Donald Trump ha intensificado su ofensiva para revocar las políticas estatales que permiten a estudiantes indocumentados pagar matrícula universitaria al nivel estatal, una medida que décadas atrás recibió un amplio respaldo bipartidista. Según Axios, el presidente estaría instando a gobernadores republicanos a eliminar esos programas en al menos 24 estados y el Distrito de Columbia.

Esta escalada representa un cambio radical respecto al enfoque adoptado por administraciones previas como la de George W. Bush, que respaldaron leyes de matrícula estatal para alumnos indocumentados que asistieron a secundaria local.

Estos cambios se centran ahora en la interpretación de una ley federal de 1996 que prohíbe otorgar beneficios públicos a inmigrantes sin autorización legal si ciudadanos de otros estados no reciben los mismos beneficios.

El Departamento de Justicia presentó demandas contra Texas y Kentucky por mantener programas de matrícula estatal para indocumentados.

En cuestión de horas, Texas accedió a desmantelar su política, dejando a cerca de 57.000 estudiantes en incertidumbre, muchos de los cuales habían dependido de esa tarifa especial para acceder a la educación superior. En Florida, la ley ya fue eliminada a comienzos de año.

En respuesta, grupos defensores de inmigrantes, como United We Dream, denunciaron que el abandono de estas políticas supone una amenaza directa a estudiantes predominantemente de ascendencia latina y afroamericana, quienes podrían verse relegados a una infraclase educativa y económica.

Por otro lado, la fiscal general, Pamela Bondi, defendió la postura federal asegurando que es injusto que personas sin estatus migratorio reciban beneficios que ciudadanos estadounidenses no tienen disponibles en otros estados.

Estados como Arizona e Illinois pusieron en marcha programas similares, mientras que California mantiene desde 2001 la histórica Assembly Bill 540, que ha permitido a miles de estudiantes indocumentados graduarse con matrícula estatal tras completar la secundaria en el estado.

Legalmente, el futuro de AB 540 está en entredicho, ya que expertos anticipan litigios contra California. La incertidumbre ha generado angustia entre beneficiarios como estudiantes comunitarios que aspiran a universidades públicas del estado.

Mientras tanto, entidades educativas y sin fines de lucro, como la Colorado Immigrant Rights Coalition y Denver Scholarship Foundation, expresaron su preocupación por la falta de claridad del Ejecutivo federal respecto a cuándo y cómo se aplicarán las acciones, y se han comprometido a continuar apoyando a estudiantes durante esta transición.

La situación refleja un panorama polarizado: gobiernos estatales con políticas expansivas enfrentan presión federal para revertir décadas de inclusión educativa, mientras defensores de los derechos estudiantiles preparan acciones legales.

La amenaza legal y política pone en juego no solo el futuro académico de cientos de miles de estudiantes indocumentados, sino también el compromiso de Estados Unidos con la equidad educativa y el desarrollo económico a largo plazo.