ALERTA MAXIMA

Muy temprano, el viernes pasado, el presidente Andrés Pastrana recibió en su despacho a los altos mandos de las Fuerzas Militares, quienes le habían pedido cita tres días atrás. El jefe de Estado tenía claro cuál era el objetivo de la visita de los generales Fernando Tapias y Jorge Enrique Mora: algunas preocupaciones por el cada vez más inminente despeje de cinco municipios en Meta y Caquetá para facilitar el comienzo de un proceso de negociación con el secretariado de las Farc.
Las inquietudes del mando castrense empezaron en junio pasado, inmediatamente después de que el entonces candidato Andrés Pastrana se comprometiera desmilitarizar algunas zonas del país para dialogar con la insurgencia armada. El 23 de junio, dos días después de su elección como nuevo Presidente, el entonces comandante de las FF.MM., Manuel José Bonett, le entregó a Pastrana un memorando que reunía tres páginas de preocupaciones. Ese fue justamente el documento que se filtró a comienzos de la semana pasada y que molestó al ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda. Pero aun cuando el gobierno y los generales dijeron al unísono que se trataba de un escrito elaborado hace tres meses, lo cierto es que las consideraciones de los militares sobre el despeje no han variado.
Ese era el motivo de la reunión de Pastrana con su cúpula militar en la Casa de Nariño el viernes pasado. A lo largo de dos horas de conversación quedó en claro que el Ejército no se va a oponer al despeje de Mesetas, La Uribe, Macarena, Vistahermosa y San Vicente del Caguán. Sin embargo los generales Tapias y Mora le insistieron a Pastrana en el punto relacionado con San Vicente, la segunda ciudad de Caquetá después de Florencia, la capital. En tal sentido, los comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército le dijeron al Presidente que replanteara la desmilitarización de esa localidad que tiene cerca de 40.000 habitantes, una sede del obispado y un batallón, el Cazadores, con cerca de 1.000 hombres.
Sin duda, lo que más inquieta a los generales es el hecho de que en San Vicente no van a abandonar una base militar cualquiera. Allí las Fuerzas Militares tienen montada una enorme estructura castrense dotada con depósitos de material bélico, equipos de medicina, numerosos vehículos de transporte de tropas y abundantes dormitorios. Es tal la preocupación por el batallón Cazadores que en el Ejército empieza a abrirse la posibilidad de pedirle al Ejecutivo que piense en permitir que algún organismo internacional se encargue de vigilar las instalaciones de esa guarnición, una de las más importantes en la lucha contrainsurgente en el país.
Para las Fuerzas Militares no reviste problema retirar las tropas de los restantes cuatro municipios y desplazar por lo menos otras 17 bases de patrullaje móvil localizadas en un área 42.000 kilómetros cuadrados de territorio. En total, en la zona del despeje, incluido el batallón Cazadores, el Ejército tiene algo más de 3.000 hombres en armas. Según una fuente de Palacio, el presidente Pastrana está realmente preocupado por lo que pueda ocurrir con San Vicente.


El trafico
Otra de las preocupaciones que tiene la cúpula militar está relacionada con el tráfico de drogas y cultivos de hoja coca existentes en la región. De acuerdo con las fotografías tomadas de satélites, en los cinco municipios hay cultivadas por los menos 14.000 hectáreas de hoja de coca que producen 750 toneladas de cocaína pura al año. Para movilizar la droga han sido detectadas unas 100 pistas clandestinas de aterrizaje que son utilizadas con gran facilidad debido a que los radares instalados en el sur no son suficientes para controlar los vuelos del narcotráfico. Cuando se produjo el despeje de Cartagena del Chairá en junio de 1997, para facilitar la entrega de 60 soldados que habían sido retenidos en Las Delicias, el tráfico de precursores químicos para el procesamiento de la coca se incrementó de manera significativa. Este hecho es una de las razones por las cuales la nueva cúpula de las Fuerzas Militares tiene prendidas todas las alertas para evitar que se repita el fenómeno de hace un año.
De acuerdo con informaciones de los organismos de inteligencia, las Farc elaboraron un completo censo en los cinco municipios con el fin de incrementar su fuerza combatiente en unos 5.000 hombres. En esa región operan 17 frentes de las Farc agrupados en el Bloque Oriental bajo el mando del 'Mono Jojoy'. Se estima que en total ese grupo subversivo tiene 4.500 hombres en armas que operan en esa zona.
Ante este panorama el gobierno y las Fuerzas Armadas tienen claro que es indispensable ejercer un control estratégico sobre la zona. Se trata de impedir que la guerrilla utilice el despeje para incrementar su influencia sobre la población y controlar el crecimiento del narcotráfico. Al fin y al cabo los cultivos ilícitos detectados en los cinco municipios equivalen al 18 por ciento del total nacional de zonas sembradas con hoja de coca. En tal sentido SEMANA conoció que se va a establecer una vigilancia periférica que será ejercida por el Ejército con el apoyo de los organismos de inteligencia.
De cualquier manera el gobierno de Pastrana tiene que haber aprendido las lecciones dejadas tras el episodio de Cartagena del Chairá. De lo que se trata esta vez es de evitar que se repita el show, como en su momento lo afirmó el general Harold Bedoya, de un circo con muchos payasos. Por su importancia, la base del batallón Cazadores podría quedar al cuidado de una fuerza extranjera