'Bermudezlandia'

Desde hace algunos meses Miguel Angel Bermúdez, gobernador de Boyacá y ex presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, es el protagonista de una impresionante carrera contrarreloj. Su más reciente marca de velocidad no tiene antecedentes en las rutas de la administración pública. En menos de seis meses ha sido el artífice de algunos de los más grandes y polémicos negocios en la historia de ese departamento. Entre otros la privatización de la Industria Licorera de Boyacá, una de las empresas más importantes que tiene esa región, y la aprobación para la construcción de una obra llamada Parque Temático Libertad y Paz, un faraónico proyecto sobre el lago Sochagota, el cual pretende ser la "Disneylandia boyacense", según lo han dicho sus promotores.

Bermúdez reasumió su cargo como gobernador en agosto del año pasado, después de permanecer suspendido de sus funciones por más de 15 meses por orden del Consejo de Estado. Desde entonces, como buen ciclista de largo aliento, comenzó una competencia que se puede aproximar a los terrenos de la justicia penal. Diferentes entidades, entre ellas la Procuraduría General, la Contraloría y el Programa Presidencial Anticorrupción, están investigando más de media docena de denuncias de posibles irregularidades en contratos efectuados por Bermúdez y sus más cercanos colaboradores desde que éste regreso a la gobernación. SEMANA investigó a fondo las dos denuncias más graves, la de la Licorera y la del Parque Temático, y esto fue lo que encontró.



Negocio embriagado

Para tomar cualquier tipo de decisión sobre el futuro de la Industria Licorera de Boyacá (ILB) el gobernador Bermúdez debía contar con la autorización expresa de la Asamblea Departamental. Como la ILB se encontraba en quiebra él comenzó en septiembre a pedirle a la Asamblea facultades con el argumento de buscar alternativas para salvar una de las principales fuentes de recursos para el departamento.

Por medio de varios decretos la Asamblea autorizó a Bermúdez ordenar la supresión y liquidación de la Industria Licorera de Boyacá. Los decretos en ningún momento facultaban al gobernador Bermúdez para celebrar algún tipo de contrato de concesión. Desde allí comenzó una impresionante cadena de graves irregularidades.

Como la Asamblea no había autorizado expresamente a Bermúdez a entregar en concesión la ILB el mandatario acudió a un artículo de la Constitución Nacional (el 336) y argumentó que éste lo facultaba para entregar a un tercero el monopolio de la explotación de licores. Frente al asombro de muchos diputados el 27 de noviembre de 2002 la Gobernación de Boyacá ordenó la apertura de una licitación pública para entregar en concesión la ILB.

Sobre este punto, tanto la Contraloría Departamental como la Procuraduría General han coincidido en señalar que Bermúdez hizo una interpretación amañada de la Constitución y que, por el contrario, el gobernador "no se encontraba legalmente facultado para ordenar el proceso de apertura de licitación y celebrar un contrato de concesión para la producción, distribución y venta de licores".

No menos grave resulta el hecho de que los estudios en los que se basa la apertura de la licitación no salieron de un examen riguroso por parte de la gobernación sino que fueron extractados de una monografía de grado presentada en 1999 por un grupo de estudiantes de economía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia titulada 'Perspectiva de reactivación empresarial de la Industria Licorera de Boyacá en el marco de la Ley 550 de 1999'. El asunto no paró allí.

La Ley 80, o ley de contratación pública, establece que las convocatorias a licitaciones deben realizarse por medio de avisos publicados en diarios de amplia circulación nacional. En cumplimiento de esta norma la Gobernación de Boyacá publicó dos pequeños avisos invitando a la licitación el 2 y el 5 de diciembre en el periódico El Nuevo Siglo. Todo parecería estar ajustado a la ley de no ser porque en todo el departamento de Boyacá tan sólo circulan 28 ejemplares de ese diario. Para la Procuraduría General y la Contraloría Departamental es evidente que esa era una maniobra para tratar de burlar la ley ya que para estas entidades no es explicable por qué la gobernación no acudió a otros medios impresos que efectivamente tienen amplia cobertura en la región.

No menos extraños fueron los plazos fijados para una de las licitaciones más importantes del departamento. La gobernación estableció que el plazo para presentar las propuestas sería entre el 16 y el 24 de diciembre. Tan sólo nueve días hábiles y en plena época navideña. El valor del pliego fue fijado en 50 millones de pesos no reembolsables. "Es evidente que hicieron todo lo posible para hacer una licitación a escondidas y con unas condiciones que prácticamente aseguraban que nadie se presentara", dijo a SEMANA uno de los investigadores de la Contraloría Departamental.

Efectivamente, eso ocurrió. A las 10 de la mañana del 24 de diciembre se abrió la urna en la cual se depositaban los pliegos y, ¡oh sorpresa!, sólo había una propuesta. La presentó la Unión Temporal Licorandes por un valor de 6.000 millones de pesos.

Ni a Bermúdez ni a sus delegados en el proceso tampoco les pareció extraño entregar en concesión la industria más importante del departamento a una firma que se creó poco antes de la apertura de la licitación. Según los registros de la Cámara de Comercio consultados por SEMANA, la Unión Temporal Licorandes es una alianza de varios particulares y dos empresas, Equitec y EAT -esta última es una comercializadora de cemento-, que nació oficialmente el 4 de diciembre, tan sólo 12 días antes de la apertura de la licitación. "Revisados minuciosamente los documentos, se constata que la propuesta cumple con los documentos básicos requeridos", dice uno de los apartes del acta 009, firmada por el secretario de Hacienda de Boyacá y por el jefe de la oficina jurídica de la gobernación, con la cual se oficializó la entrega en concesión de la explotación del monopolio de licores durante los siguientes 20 años. La licitación fue oficializada el pasado 15 de enero.

Estas irregularidades, entre otras, fueron algunas de las causas que motivaron al procurador general, Edgardo Maya, para solicitar el miércoles de la semana pasada la suspensión inmediata del contrato entre la Gobernación de Boyacá y Licorandes. Por estos hechos el jefe del Ministerio Público también ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra Miguel Angel Bermúdez; el secretario general de la gobernación, Edgar Sainea; el secretario de Hacienda de Boyacá, Néstor Mejía, y Magda Becerra, directora de servicios administrativos de la gobernación.

Sin duda los hechos que rodean el caso de la Licorera son escandalosos y podrían terminar, incluso, con la destitución del gobernador Bermúdez. Pero el caso del Parque Temático raya en el descaro.



Un mundo magico

Desde que asumió la gobernación uno de los proyectos bandera de Miguel Angel Bermúdez ha sido la construcción de una obra de características faraónicas llamada Parque Temático de la Libertad y la Paz. La idea es construir un lugar parecido al Parque Nacional del Café y al Parque Nacional de Cultura Agropecuaria, que existen en el Quindío, pero con el interés de exaltar los valores autóctonos de Boyacá y las raíces precolombinas del altiplano.

Según los planes de Bermúdez el parque será construido en terrenos de propiedad del departamento, en un predio de 77.000 metros cuadrados que administra el Instituto Financiero de Boyacá (Infiboy), que está ubicado en Paipa, en el exclusivo sector turístico, al frente del lago Sochagota.

Aunque nunca se han visto planos, diseños o estudios detallados de la viabilidad económica del proyecto, el gobernador calculó el costo de la obra en cerca de 48.000 millones de pesos, y aseguró que el parque tendrá un módulo técnico agropecuario para exposiciones equinas, vacunas y porcinas. Un zoológico para exhibir la fauna del departamento. Una zona histórica, que reproduciría la Campaña Libertadora y las raíces precolombinas; un pueblo muisca; una zona española de conquista y colonia, con reproducción de las carabelas de Colón, y un pueblito boyacense. Contempla también la construcción de juegos mecánicos.

El gobierno departamental ha hecho las proyecciones de los visitantes que tendría el parque de Paipa, el cual estaría finalizado en el segundo semestre de 2004. Según los cálculos se cree que, en 2005, 300.000 personas visitarán el parque y otras 300.000 en 2006. Con esa demanda en 2005 se lograría el punto de equilibrio y a partir de entonces comenzaría a generar rentabilidad.

Sobre el papel la idea del Parque Temático es ambiciosa y bastante optimista, considerando que aún no existen estudios definitivos.

Aunque la obra es un viejo proyecto de Bermúdez la idea comenzó a tomar forma el pasado 20 de febrero. Ese día, en la sede de la Casa de Boyacá, en Bogotá, Bermúdez se reunió, entre otros, con los representantes de ocho pequeñas empresas para oficializar la constitución de la Corporación Mixta Parque Temático de la Libertad y la Paz. Según los estatutos, consignados en el acta 01, se trata de "una corporación civil de participación mixta y de carácter privado, sin ánimo de lucro, con patrimonio propio, organizada bajo las leyes colombianas". La Corporación será la encargada de sacar adelante el proyecto, así como de administrarlo. Hasta este punto todo parece marchar de acuerdo con las leyes. Sin embargo de aquí para adelante comienzan a surgir una serie de preocupantes interrogantes.



El raton Miguelito

Según está consignado en el acta de socios se acordó que el patrimonio inicial de la Corporación se conformará con "los lotes sobre los cuales se han realizado los estudios previos, los cuales constituyen los aportes de la Gobernación de Boyacá y el Instituto Financiero de Boyacá -Infiboy-". En el documento los socios de la Corporación fijan los avalúos en 9.400 millones de pesos para el lote del departamento, con una extensión de 213 hectáreas, y 5.100 millones para el lote del Infiboy, con superficie de 116 hectáreas. "Los lotes que se aportan por las dos entidades pasarán a integrar el patrimonio de Libertad y Paz, una vez se firmen las escrituras de traspaso, lo cual estaba previsto para el 30 de abril en la Notaría de Paipa, en cumplimiento de las cartas de compromiso firmadas por los representantes legales de las entidades mencionadas", dice uno de los apartes del acta de la reunión de constitución de la Corporación.

Esto, en términos simples, lo que quiere decir es que el gobernador Miguel Angel Bermúdez se compromete a entregar dos valiosas propiedades de Boyacá. Según el acuerdo firmado por Bermúdez el patrimonio de la Corporación contaría también con los aportes de sus "miembros fundadores visionarios" de 160 millones de pesos cada uno.

Estos "miembros fundadores visionarios" son ocho pequeñas empresas que aparecen como socias de la Corporación. Lo que resulta bastante difícil de creer es que algunas de esas empresas hayan aportado o estén en capacidad de aportar los 160 millones de pesos. Según los registros de la Cámara de Comercio el capital de constitución de una de estas empresas, Servicios Integrales de Inmigración, es tan sólo de 10 millones de pesos. Los demás socios tienen capitales parecidos. De hecho, sumadas las ocho empresas socias del proyecto del Parque, escasamente superan los 200 millones de pesos de capital. Entonces, ¿cómo es posible que se comprometan a entregar 160 millones de pesos? Pero esta no es la única pregunta que ronda al Parque Temático. Hay otro asunto peor.

La asamblea general de fundadores, "en consideración a que Bermúdez es el gestor de esta idea", lo escogió como único miembro promotor, con derecho a presidir la asamblea general de miembros y la junta directiva de la Corporación durante toda su existencia, pactada a 30 años. Será Bermúdez, según lo acordado, quien dirimirá en el seno de la junta los empates que se presenten en las decisiones que se tomen en el curso de las sesiones. Esta designación es mucho más que un nombramiento honorario. "El acta dice muy claramente que es Bermúdez quien tomará las decisiones durante los próximos 30 años. En ningún lado se dice que es el gobernador de Boyacá de turno quien la presidirá. En términos simples, el Parque Temático, así como los lotes de la gobernación de Boyacá y el Infiboy, quedarán exclusivamente en manos de Miguel Angel Bermúdez", dijo a SEMANA uno de los diputados de la Asamblea Departamental que reconoció haberse prestado, al igual que algunos de sus colegas, para que Bermúdez sacara adelante su proyecto.

Para poder entregar los dos lotes, así como para poder crear una corporación de carácter mixto, Bermúdez tenía que contar con el aval de la Asamblea Departamental. Desde febrero de este año presentó a consideración de los diputados su proyecto para que la Asamblea lo autorizara. El gobierno departamental pedía que se le concedieran facultades para contratar un empréstito por la suma de 40.000 millones de pesos, 16.000 de los cuales se destinarían a la liquidación de los trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas y 24.000 para el Parque Temático.

La propuesta fue rechazada varias veces por los diputados hasta cuando, hábilmente, Bermúdez modificó la destinación de algunos de esos recursos. El proyecto presentado el pasado 20 de abril contemplaba que de los 40.000 millones, 8.000 serían entregados a los diputados para adelantar obras en sus regiones. Con esta variación cada diputado tendrá la oportunidad de orientar recursos por sumas entre 300 y 400 millones de pesos para sus provincias. En época electoral recibir esta suma de dinero fue una tentación bastante grande para los diputados. El 20 de abril aprobaron el proyecto que le permite a Bermúdez buscar un empréstito por 40.000 millones de pesos, el más alto en la historia del departamento.

El gobernador estaba seguro de que iba a persuadir a los diputados. Tanto es así que el 8 de abril, 12 días antes de que la Asamblea le aprobara el empréstito, la Corporación Parque Temático ya había sido inscrita ante la Cámara de Comercio de Duitama.

El Parque Temático, así como la Licorera, son tan sólo la punta del iceberg de los múltiples contratos de Bermúdez. Así como en estos dos casos las autoridades han empezado a escarbar, y han encontrado varias 'sorpresas', confían en que, aunque el gobernador ha sorteado con mucha habilidad toda suerte de obstáculos en su veloz carrera por la administración pública, la competencia finalice en la línea de meta de la justicia.