Home

Nación

Artículo

Fusil Ejército
Uno de los objetivos de la reunión solicitada es concretar respuestas enfocadas a detener los hechos de violencia en las regiones. | Foto: Getty

Nación

Conferencia Episcopal pide reunión urgente por crisis de violencia en Chocó y Antioquia

Organizaciones manifestaron su preocupación ante una respuesta del Estado que busque silenciar lo que está ocurriendo en las regiones.

15 de febrero de 2022

A través de una carta presentada al presidente de la República, Iván Duque, la Iglesia católica, otras iglesias, organizaciones etnicoterritoriales, así como organizaciones sociales del Chocó y occidente de Antioquia, solicitaron -con carácter urgente- una reunión con autoridades del Gobierno nacional.

En la misiva, la Conferencia Episcopal también solicitó la presencia de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y garantes de la comunidad internacional, entre ellas la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

La solicitud elevada desde la Conferencia Episcopal se da a partir de las respuestas recibidas de parte del Gobierno y de la fuerza pública al informe presentado el pasado 18 de noviembre de 2021, en que se exponían los resultados de las seis Misiones Humanitarias que se realizaron a lo largo del año 2021 y que evidenciaban la cada vez más grave y compleja crisis humanitaria que se vive en esta parte del territorio, donde la más afectada sigue siendo la población civil.

“Nos preocupa que la respuesta del Estado ante la grave situación social, visibilizada a través de las misiones humanitarias, sólo tenga una respuesta de negación que pueda contener en el fondo la intencionalidad de silenciar lo que está ocurriendo en el Chocó y occidente de Antioquia”, señala la solicitud.

Puntualmente, la carta cita una respuesta del ministro de Defensa, Diego Molano, en la que “desvirtuó la descripción de los hechos, argumentando que no compartía el informe de la Iglesia sobre la crisis en el Chocó y aduciendo que la fuerza pública estaba dando resultados en el orden militar, para lo cual se apoyó en la captura de alias Otoniel y la muerte de alias Fabián”.

Otra respuesta al documento “Misiones humanitarias en el Chocó y occidente de Antioquia. Informe colectivo sobre la grave crisis humanitaria y de derechos humanos”, presentado el año pasado, fue la del comandante de la XV Brigada del Ejército Nacional, coronel Geovanni Andrés Cortés Molina, en la cual dijo que “no estaban de acuerdo con las denuncias hechas por las organizaciones”.

Así mismo, según cita la Conferencia Episcopal, el coronel Cortés exigió “rectificación de las afirmaciones” e “interpuso una acción de tutela” que no estaba dirigida a los diversos colectivos firmantes del Comunicado del 18 de noviembre, sino contra monseñor Juan Carlos Barreto Barreto, obispo de la diócesis de Quibdó, por “supuesta violación del derecho al buen nombre y a la honra de la fuerza pública”.

Otra solicitud de aclaración y/o rectificación al informe de la Conferencia Episcopal -y que cita dentro de su carta dirigida al presidente Iván Duque- fue hecha por el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, brigadier general Óscar Leonel Murillo. “En el mismo sentido, el coronel José Edilberto Lesmes Beltrán, jefe de Estado mayor y segundo comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, dirigió una comunicación el 2 de diciembre a los colectivos participantes en la Misiones Humanitarias”, agrega la misiva.

El objetivo principal de la reunión solicitada es tener “un diálogo transparente y respetuoso sobre los puntos planteados por las organizaciones sociales, etnicoterritoriales e Iglesias en el documento difundido el 18 de noviembre pasado y profundizar en las motivaciones y acciones de la sociedad civil, evidenciando las denuncias de las comunidades y el trabajo de acompañamiento humanitario que realizan las autoridades étnicas y las Iglesias en la región”.

Adicionalmente, se busca concretar respuestas “integrales, inmediatas y eficaces” desde las distintas instancias del Estado y el Gobierno nacional, enfocadas a detener los hechos de violencia y atender la crisis humanitaria que afecta la vida y seguridad de las comunidades del departamento del Chocó, el occidente antioqueño y el Pacífico colombiano, en general.