De un cacho

Después de un intenso debate en el Congreso, el proyecto de Justicia y Paz no logró el viernes el quórum requerido para convertirse en ley. Sin embargo, el abrumador respaldo obtenido por el proyecto del gobierno permite anticipar que éste será aprobado en su totalidad y por una holgada mayoría de parlamentarios en los próximos días. El proyecto cuenta con la legitimidad suficiente para que el gobierno ni siquiera intente meter las modificaciones que había contemplado para complacer a los congresistas demócratas de Estados Unidos que hace dos semanas manifestaron su inconformidad con el proyecto. Después de que el embajador de ese país, William Wood, diera su pleno aval al proceso de negociación con los paramilitares, la Casa de Nariño no tiene por qué preocuparse.

Este proyecto sin duda facilitará la desmovilización de los grupos paramilitares. Lo que es menos claro es que conduzca al desmonte de su estructura mafiosa. Las víctimas, como siempre, perdieron. Ni su derecho a la verdad, ni a la justicia ni a la reparación fueron tenidos en cuenta. Salvo, claro, en los titulares de cada capítulo de la ley.

"El procedimiento es un sistema legal que va a generar impunidad legal", dijo durante el debate el senador Rafael Pardo, ponente de la iniciativa derrotada. Si finalmente se aprueba el proyecto del gobierno, un paramilitar o un guerrillero acusado de delitos atroces deberá rendir una versión libre sobre sus crímenes. La unidad especializada de la Fiscalía que recibe esta confesión tendrá 24 horas para acusarlo de nuevos delitos. Luego se abre una etapa de investigación de 30 días -que si el gobierno mete la modificación sugerida por los estadounidenses se ampliará a dos meses- para investigar los crímenes confesados por el paramilitar o guerrillero y los nuevos que le imputó la Fiscalía. Si en esos dos meses el Estado no logra probarle al acusado que sí torturó, masacró, desplazó, secuestró o desapareció a alguien, la investigación precluye a su favor y pasa a cosa juzgada. Es decir, que no se puede reabrir en el futuro.

Durante este corto proceso, el paramilitar o guerrillero podrá confesar que cometió alguno de estos delitos. En este caso, se le aplica la pena alternativa de cinco a ocho años. Si al principio niega haber cometido el delito, pero al final del juicio cambia de opinión y confiesa, también se le aplica la misma pena. Es más, si no confiesa, pero en ocho o 10 años aparece un testigo -un 'Popeye' equivalente al de Santofimio- y lo acusa de un delito y la Fiscalía comprueba que sí lo cometió, le bastará al paramilitar o guerrillero admitirlo. La justicia considerará que la pena alternativa de ocho años que ya pagó es suficiente castigo.

Sólo perderá los beneficios si el Estado le prueba que olvidó de mala fe confesar el crimen. Pero, como lo saben los abogados, probar la mala fe es casi imposible.

El comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, ha dicho que este proceso, a diferencia del llevado a cabo en el Caguán por parte del gobierno Pastrana con las Farc, respeta la justicia porque les impone a las autodefensas una pena privativa de la libertad, y que, además, va mucho más lejos que la política de sometimiento.

Eso es verdad, pero solo en el papel.¿Por qué? Sencillamente porque -como lo anotó Pardo en la plenaria- según las estadísticas del Cinep, los grupos paramilitares han cometido unos 14.000 delitos atroces y de lesa humanidad. Si se tiene en cuenta que son 10.000 combatientes, y asumiendo que cada uno ha cometido sólo un delito, la Fiscalía tendría que abrir más de 14.000 investigaciones. Para hacerlo, la nueva unidad contará con sólo 69 personas y 30 días. Es un imposible, máxime si se tiene en cuenta que la justicia no ha podido condenar en más de tres años ni siquiera a una persona por las masacres de Chengue y Bojayá, dos de las más sangrientas.

La pena alternativa que se les aplicará será de prisión, aunque no se especifica en qué tipo de cárcel. Lo que sí queda establecido es que los 18 meses que llevan en Ralito se descuentan.

Pagarán muy pocos años de cárcel para los crímenes cometidos, pero seguramente pasarán el resto de sus vidas defendiéndose ante los tribunales, pues cada vez que alguien los denuncie, tendrán que acudir ante los jueces y confesar su delito. "Tienen que quedar colaborando con la justicia. Es un refuerzo positivo para que cambien el comportamiento, explicó a SEMANA el Comisionado de Paz. Será un proceso permanente de reconstrucción de la verdad".

Qué tanta verdad se logre con este marco legal dependerá de la eficiencia del sistema judicial, pues los beneficiados con la ley no están constreñidos a confesar dónde enterraron los cuerpos de los muertos, ni por qué cometieron sus crímenes, ni quién los financió. Lo más probable es que las mamás seguirán buscando a sus hijos desaparecidos.

La reparación

Luis Carlos Restrepo rescata la obligación de los paramilitares y los guerrilleros cubiertos por la ley de reparar a sus víctimas. Si 'Don Berna' confiesa que en efecto mató al diputado Orlando Benítez, crimen por el cual está siendo investigado, tendrá que reparar a sus familiares. Si no lo hace, pierde sus beneficios. Los críticos del proyecto señalaron durante el debate el absurdo de que mientras cualquier colombiano que se estrella tiene que indemnizar al dueño del otro carro con su dinero ganado lícitamente, la responsabilidad de los paramilitares sólo afectará sus bienes ilícitos. Es decir, aquellos que el Estado logre probarles que fueron adquiridos con dinero del narcotráfico o por otros medios ilícitos. Dada la dificultad para probar el testaferrato, las víctimas quedarán nuevamente a la merced del cambio de corazón de sus victimarios. Y sólo si éstos logran ser identificados.

Pero todo lo anterior es una victoria pírrica frente a lo que de verdad les interesaba a los jefes de la AUC: blindarse frente a la extradición. El gobierno ha sido enfático en que este proyecto no interfiere con la solicitud que ha hecho Estados Unidos de juzgar en su país a algunos jefes paramilitares por narcotráfico. Como prueba de esto, mencionó a propósito en el artículo sobre la sedición, la Convención de Viena. Este tratado no permite la conexidad entre el narcotráfico y el delito de sedición en uno de sus apartes. Sin embargo, el inciso siguiente trae la salvedad de que si el Estado tiene las herramientas judiciales para juzgar a los sindicados, no está obligado a extraditarlos.

Si esto no los blinda, el artículo 27 del proyecto sí lo hace. Como, según la ley, una persona no puede ser extraditada por delitos por los cuales ya ha sido condenada en Colombia, los primeros crímenes que confesarán los paramilitares son aquellos contenidos en la solicitud de extradición. Una vez confesados, serán pagados con la pena alternativa de los ocho años, menos el año y medio en Ralito, y las demás rebajas por buen comportamiento, y ya constituirán cosa juzgada.

Aunque quizá sólo a corto plazo. En unos años, como pasó con la reciente caída de la ley de perdón a los crímenes cometidos en Argentina durante la dictadura, muchos de estos paramilitares podrán ser llevados a la Corte Penal Internacional, o pedidos en extradición por un juez belga o español. Esto, suponiendo que la Corte Constitucional no termine declarando inconstitucional toda la ley cuando alguien la demande. Dada la jurisprudencia de la Corte sobre los derechos de las víctimas, es probable que lo haga. Si esto llegara a suceder, es posible ?pero no seguro? que los paramilitares conserven sus beneficios. Pero ya no servirá para un proceso con las guerrillas. Y menos aun será instrumento de reconciliación.