JUSTICIA
El abogado de Uribe, contra las cuerdas
El organismo judicial le imputará cargos a Diego Cadena y pedirá enviarlo a la cárcel. El papel de María Claudia ‘Caya’ Daza de conseguir dudosos testigos, una reunión secreta y millonarios giros serán los elementos clave.
Todo empezó el 23 de febrero de 2018, cuando Álvaro Uribe, con megáfono en mano y desde las escalinatas del Palacio de Justicia, decidió controvertir una decisión judicial que lo ponía en la picota pública. La Corte Suprema de Justicia, al cabo de una investigación contra Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos, había invertido los papeles: el expresidente pasó de denunciante a investigado.
Después de su arenga, Uribe entregó en la secretaría los relatos de nuevos testigos que insistían en que Cepeda les había ofrecido prebendas a cambio de enlodar al exmandatario. Aunque en la foto no apareció su abogado Diego Cadena, este, tras bambalinas, había concebido el nuevo envión. Cadena, el mismo que este martes podría ir a la cárcel.
Para ese momento el país no sabía mucho de este joven litigante vallecaucano, dueño de un avión privado. Cadena guardaba un bajo perfil a pesar de que tenía oficina en Miami y famosos narcos entre sus clientes. Por sus contactos en las cárceles de Colombia y Estados Unidos, Cadena decía conocer a muchos reclusos dispuestos a testificar a favor de Uribe y contra Cepeda. El expresidente le dio luz verde y el abogado se consagró en esa tarea, pero con una serie de jugadas non sanctas. Con el tiempo algunas de esas movidas salieron a la luz, entre otras de las que ya tenía noticia la Corte Suprema de Justicia por seguimientos e interceptaciones que venía haciendo en su investigación.
Por ejemplo, un día antes, el 22 de febrero, en la penitenciaría La Picota de Bogotá se habían reunido Cadena y el recluso Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella contra Uribe. La Corte sabía de ese encuentro. Monsalve, un exparamilitar, asegura que Uribe tuvo nexos secretos con esos grupos y Cepeda divulgó esa versión en debates políticos en el Congreso. Cadena esperaba conseguir una contundente retractación y para ello le pidió a Monsalve firmar una carta para asegurar que había entregado su testimonio a cambio de prebendas.
El testimonio de Monsalve nunca llegó, pero sí otros manuscritos y hasta un video de reclusos que pretendían desacreditar al senador Cepeda. Esas fueron las nuevas evidencias que Uribe radicó. Entre esas está el testimonio de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor; Jhon Fauner Baraona, alias Racumín; y Jhon Jaime Cárdenas, alias Fosforito. Para la Corte esas declaraciones fueron compradas y por ello decidió remitirlas a la Fiscalía para que investigara a los no aforados implicados.
Un sobrino de Vélez, por ejemplo, atestiguó que recibió 16 millones de pesos en un sobre cerrado que le entregó el asistente de cadena.
Ese lío tiene al borde de la cárcel a Cadena y a Juan José Salazar, quien fungió como abogado de apoyo. Este martes, por videoconferencia y luego de varios aplazamientos, finalmente la Fiscalía realizará la imputación de cargos.
El testimonio más complicado contra Cadena y Salazar es el del exparamilitar Carlos Enrique Vélez. Dice que estos le pagaron por declarar contra Cepeda y por ayudar a conseguir otros falsos testigos. Vélez, un exparamilitar, tiene 24 condenas encima por homicidios, desapariciones forzadas y porte ilegal de armas. Desde 2016 venía declarando que Iván Cepeda le había pagado para que “embalara” a Uribe. Los abogados de la defensa de Mario Uribe por parapolítica y de Santiago Uribe por el caso de ‘los Doce Apóstoles’ presentaron la versión de Vélez en esos procesos para desmentir las acusaciones.
Se suponía que lo mismo ocurriría en el caso contra el propio Álvaro Uribe. Pero el testimonio resultó un búmeran: el 3 de septiembre de 2018 la Sala de Instrucción de la Corte Suprema decidió escuchar de viva voz al testigo y lo citó a declarar. Ese día Vélez se retractó, dijo que en realidad le pagaba Diego Cadena, que este lo había “tumbado” y aportó recibos para respaldar sus explosivas palabras.
La inesperada retractación de Vélez complicó seriamente el proceso del expresidente, a quien poco después citaron a indagatoria en la Corte Suprema de Justicia. Ahora Uribe aguarda a que la Corte entre a resolver su situación jurídica.
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Y en relación con Cadena, el revés significó una nueva compulsa de copias a la Fiscalía. En su defensa, el abogado explicó que le había entregado la plata al testigo como un acto humanitario, pues este le aseguraba que tenía un hijo muy enfermo. Después señaló que se trataba de giros para gastos, pues Vélez decía que tenía que llamar y enviar emisarios a hablar con otros presos para conseguir más testimonios. Cadena también asegura que hizo algunos pagos extorsionado por Vélez. Pero para la Fiscalía todas esas explicaciones carecen de sustento. El ente investigador ya documentó giros por cerca de 40 millones de pesos.
Los pagos pasaron a través de transferencias y desembolsos en efectivo acreditados por varios familiares de Vélez. Un sobrino de él, por ejemplo, atestiguó ante el ente acusador que recibió 16 millones de pesos en un sobre sellado de Juan José Salazar, el asistente de Cadena, a las afueras de la cárcel de Palmira. Y aseguró que recibió otro millón de pesos en la plaza principal del municipio, junto a la catedral. También se tiene información de que el tal auxilio humanitario que recibió una mujer para los gastos médicos de un supuesto hijo de Vélez no habría ascendido a dos millones de pesos, sino a tres.
El otro testimonio clave contra Cadena será el de Fabián Rojas, hasta hace poco uno de los hombres más cercanos a Uribe, exasesor en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Rojas entregó detalles del flujo de la información entre Cadena y el expresidente. Señaló además a María Claudia ‘Caya’ Daza (ahora famosa por las grabaciones con el Ñeñe Hernández) como la persona que tenía la confianza con Cadena y que tuvo un papel protagónico al conseguir varios de los cuestionados testigos que fueron a parar a la Corte.
Según Rojas, la noche del 22 de febrero de 2018, él y Caya se reunieron con Cadena y el asistente de este, Juan José Salazar, en un restaurante en el norte de Bogotá. Allí recibieron de estos los testimonios escritos de Vélez y otros paramilitares. “Cadena se despidió y salió a reunirse con el expresidente Uribe. Y nosotros nos dirigimos a la Central Papelera a sacar fotocopias de los papeles, entre los que venían las cartas manuscritas”, testificó Rojas.
Al siguiente día, Rojas y Caya, en las escalinatas del Palacio de Justicia, le entregaron al expresidente las fotocopias anilladas con los testimonios. La voz de ella aparece en las interceptaciones que hizo la Corte a Diego Cadena en abril de 2018. En la charla ambos intentan cuadrar la manera de tomar la declaración del exparamilitar Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra en Miami. Ese dato corresponde con la afirmación de Rojas, que le atribuye a esta mujer un papel clave en la consecución de otros testimonios que conoció la Justicia y hoy son foco de controversia.
Rojas también reveló a la Justicia una reunión a la que asistió y que Cadena tendrá que explicar a los jueces. El exmiembro de la UTL dio datos concretos de un encuentro entre Cadena y el entonces director de la cárcel de Cómbita, el coronel retirado del Ejército Germán Rodrigo Ricaurte, y su asesora Ángela López.
En esta inquietante reunión, el director del penal y la asesora habrían pactado con Cadena la consecución de otros testimonios convenientes. Rojas asegura que después aparecieron varios supuestos manuscritos de los reclusos y que él descubrió que en realidad Cadena y la también abogada López habían escrito esas cartas. Por cuenta de eso habría empezado a distanciarse del uribismo. La Fiscalía también tiene verificados los pormenores de la reunión y esos hallazgos serán clave a la hora de acusar a Cadena.
El ente investigador tiene proyectado solicitar prisión preventiva para los abogados Cadena y Salazar. Por la naturaleza de los delitos –compra de testigos y fraude a la Justicia– no sería muy factible la detención domiciliaria.
Pero tampoco es muy fácil que en estos días de pandemia un juez decida ordenar cárcel. Todo dependerá de la contundencia de la Fiscalía y de la solidez de los contraargumentos de la defensa.