SEMANA conoció el auto que expidió la Corte Suprema de Justicia para abrir investigación formal y llamar a indagatoria a la senadora Isabel Zuleta, del Partido Pacto Histórico, por el proceso que avanza en su contra relacionado con un allanamiento a la cárcel La Picota, donde terminó entregando un arma de fuego que tendría en su poder alias Pipe Tulúa.
El documento que preparó el magistrado Francisco Farfán, ponente del caso, y que fue firmado por los otros cinco magistrados de la Sala de Instrucción, reveló que sus facultades como coordinadora de las mesas de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y las bandas de Antioquia “no la autorizaban para participar en programas metodológicos dentro de investigaciones penales”.
La Corte también reconoció que Zuleta tampoco podía conocer anticipadamente las órdenes de allanamiento y registro, integrar equipos de policía judicial, acompañar operativos reservados, supervisar la incautación de armas y hasta garantizar una incautación en su condición de representante de paz, como habría ocurrido.
Este proceso contra la senadora Isabel Zuleta inició luego de que la exconcejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, ahora viceministra de Defensa del Gobierno de De La Espriella, la denunció por su presunta participación irregular en un allanamiento a la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, el pasado 10 de julio de 2025.
Durante esa inspección que se desarrolló en el pabellón de extraditables, se habría entregado un arma de fuego por parte de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, la cual, al parecer, se iba a utilizar para asesinar a Giobanny Rojas, alias Araña, el cabecilla de los Comandos de la Frontera que fue capturado en medio de una negociación de paz.
Por eso, la Corte enfatizó en el llamado a indagatoria de Zuleta que “una diligencia judicial de esta índole no es una actuación pública, ni puede convertirse en un escenario de acompañamiento político por la sola invocación de una función de paz”.
A esa conclusión llegaron después de analizar la asignación de la senadora como representante del Gobierno nacional ante esas mesas de negociación, donde establecía interlocución institucional con organizaciones criminales, coordinaba la posición gubernamental, tramitaba propuestas de sometimiento y actuaba siguiendo los lineamientos presidenciales para facilitar los diálogos con esas estructuras.
Por eso, la Sala de Instrucción destacó en su decisión que “la labor de la senadora Isabel Cristina Zuleta López, en una perspectiva admisible en el plano jurídico, debió limitarse a transmitir la información sobre la intención de entrega del arma a la autoridad competente, y mantenerse al margen de la planificación y ejecución reservada del procedimiento de allanamiento y registro”.
Los mismos magistrados destacaron en el documento que, después del acto investigativo, la congresista pudo documentar públicamente la manifestación de voluntad de paz por parte de Pipe Tuluá, pero eso no podía modificar la naturaleza jurídica de la incautación del arma.
#Nación | Exclusivo: Pipe Tuluá afirmó que tiene pruebas de dinero entregado al hermano del presidente Petro para la campaña. Fiscalía busca su testimonio en Estados Unidos. https://t.co/K17MV7O8JP
— Revista Semana (@RevistaSemana) May 24, 2026
La autorización del fiscal o funcionario de policía judicial a cargo del procedimiento tampoco resuelve el tema de la legalidad de la presencia de la senadora, pues aunque la Fiscalía dirige la investigación, eso no significa que tenga una “facultad ilimitada para incluir en un allanamiento y registro a terceros, pues ello va en contra de las finalidades de la reserva antes expuestas”, según la Corte.
La Corte Suprema también va a entrar a analizar la responsabilidad penal de quien le habría informado sobre el operativo y habría permitido el ingreso al mismo de la senadora del Pacto Histórico, que hoy tiene un llamado a indagatoria por este caso.