El Congreso y no la Corte es el que debe decidir sobre el aborto en Colombia: Procuraduría

A la Corte Constitucional llegó un nuevo concepto sobre el aborto. Margarita Cabello, siguiendo una misma línea del exprocurador Fernando Carrillo, insiste en que debe ser el Legislativo el que regule este tema que genera tanta polémica en Colombia.El pasado 15 de febrero la Corte Constitucional corrió traslado a la Procuraduría los conceptos especializados allegados al proceso de constitucionalidad D-13956. Al efecto, el Ministerio Público reiteró la solicitud de inhibición del 14 de diciembre de 2020 al considerar que la determinación de la política de Estado en materia criminal y, en especial, sobre la penalización de aborto, se encuentra en cabeza del Legislativo.A juicio de la Procuraduría, el Congreso se encuentra facultado para proteger el valor de la vida de quien está por nacer a través del derecho penal, en tanto que se trata del ejercicio legítimo de su libertad de configuración normativa para proteger “un bien constitucionalmente relevante”.Sobre el tema, se indicó que el control de la Corte Constitucional frente a la política criminal fijada por el Congreso de la República es de límites, a fin de que el legislador “no incurra en desbordamientos punitivos, pero que tampoco desproteja a aquellos bienes jurídicos que, por su extraordinario valor, la Constitución excepcionalmente haya ordenado una obligatoria protección penal”.En este sentido, se resaltó que dicho control frente al aborto ya fue efectuado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-355 de 2006, en la que se determinó que la decisión del legislador de penalizar dicha conducta es conforme a la Constitución, salvo en tres eventos: cuando el embarazo es resultado de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, cuando constituye un peligro para la vida o la salud de la mujer, o cuando existe grave malformación del feto que haga inviable su vida.Finalmente, el Ministerio Público enfatizó sobre el deber que tienen las autoridades de asegurar los derechos de las mujeres y a solicitar la interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales señaladas por la Sentencia C-355 de 2006, conforme lo ha ordenado la Corte Constitucional en múltiples fallos.Este es el concepto de la Procuraduría: