El 'no' de Uribe

El debate tiene a mas de uno confundido. Se suscitó la semana pasada con el anuncio del gobierno de Estados Unidos de que suspendería la ayuda militar a Colombia por no haber firmado, antes del primero de julio, una disposición para evitar que ciudadanos de ese país residentes en Colombia sean llevados ante la Corte Penal Internacional (CPI) .

Es difícil comprender por qué un gobierno como el de Alvaro Uribe actuaba así, poniendo en riesgo su principal programa: el de restaurar la seguridad. Estados Unidos le ha dado a Colombia en los últimos tres años 2.200 millones de dólares en ayuda, la más grande de todo el hemisferio occidental, y Uribe ha dicho en todos los foros que ésta es clave para combatir el narcotráfico y el terrorismo. Tan es aliado incondicional del Tío Sam que se dio la pela de apoyarlo en su decisión de invadir Irak en contra del parecer de casi todos sus vecinos latinoamericanos.

De otra parte, tampoco se comprende cómo George W. Bush, tan comprometido en ayudar a Colombia a combatir el narcotráfico, haya tomado una decisión tan drástica al dejar a Colombia en la lista de los 35 países (junto con Brasil) sancionados por no firmar los acuerdos del artículo 98 de la Corte, que deja por fuera de su jurisdicción a los ciudadanos de Estados Unidos. "Quitarle la ayuda militar a países como Colombia es como pegarse un tiro en un pie", dijo Lotte Leicht, de Human Rights Watch a Radio Nederland.

Para acabar de confundir a la opinión, ambas partes no han hecho sino declarar que siguen de amigos, que es un asunto que se puede aclarar rápidamente e, incluso, que es cuestión de semántica.

Oficialmente la Cancillería colombiana ha explicado que como al país ya firmó un convenio en 1962, que otorga inmunidad a los funcionarios estadounidenses en el país, y que fue reiterado recientemente con la aprobación de la ayuda para el Plan Colombia, éste es equivalente a la firma del artículo 98 que pretende Estados Unidos. Un experto jurídico también asegura que un tratado de los años 40 le da protección explícita al personal militar que envíe Estados Unidos a Colombia, sea o no ciudadano de ese país.

Para los estadounidenses la cosa no es tan clara y se requiere la firma explícita de la prohibición ante la Corte Penal, además de que sólo así se incluiría también a todos los ciudadanos estadounidenses que vivan en Colombia y no sólo a los funcionarios. El empeño de Bush en el tema responde en el fondo a su nueva doctrina de política exterior posatentados del 11 de septiembre, que cree más en hacer valer su poder en forma unilateral que en conseguir sus propósitos a través de la negociación multilateral.

Estados Unidos ha rechazado la Corte Penal Internacional con el argumento de que puede ser utilizada para venganzas ideológicas y su enérgica posición frente a quienes no excluyan a sus ciudadanos de esa jurisdicción responde sobre todo a ese interés. "Más que proteger a sus ciudadanos lo que busca Estados Unidos es quitarle piso a la Corte", dijo Leicht. De ahí la advertencia del vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher, de que "este será un asunto significativo e influyente en nuestras relaciones con cada Estado".

¿Y entonces Colombia por qué no firma? Contrario a las ilusiones de algunos líderes de derechos humanos, no se trata de un ataque tardío de dignidad para hacer valer la independencia soberana de Colombia. (Aunque sí se nota cierta exasperación del presidente Uribe frente a la seguidilla de episodios recientes de intervención norteamericana en los asuntos internos de Colombia, siendo el último caso el que forzó el retiro del general Gabriel Díaz del Ejército).

Se trata es de un lío jurídico. Cuando el Congreso colombiano ratificó el Estatuto de Roma, que creó la jurisdicción de la Corte Penal, lo convirtió en norma de rango constitucional. Según los expertos, para poder alterar esa norma -e incluir la excepción para los ciudadanos estadounidenses- habría que hacer una reforma constitucional, algo que tomaría por lo menos año y medio y tendría muy pocas probabilidades de ser aprobada.

Por eso es que funcionarios colombianos y estadounidenses hablan de que están trabajando fórmulas que resulten aceptables para ambas partes: para el ordenamiento jurídico colombiano y para los objetivos políticos de Estados Unidos.

Entre tanto, el meollo del asunto es si realmente está poniéndose en riesgo la ayuda estadounidense a Colombia. Y la respuesta es que, por ahora no.

En el año fiscal 2003 (que en Estados Unidos va desde octubre de 2002 hasta septiembre de 2003) el Congreso estadounidense aprobó 93 millones de dólares de ayuda militar para Colombia, básicamente para equipar y entrenar a la Brigada 18 y a la Quinta Brigada Móvil, que operan en Arauca y cuidan el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Además aprobó 1,2 millones de dólares para otros programas de educación y capacitación de otros militares.

A raíz de la nueva estrategia antiterrorista que Estados Unidos lanzó en 2002 aprobó un gigante paquete de adición presupuestal para apoyar su lucha en todo el mundo. Este benefició a Colombia con 37 millones de dólares adicionales de ayuda militar. En suma, en 2003 Colombia recibió ayuda militar por 130 millones de dólares.

No obstante, estos no son los únicos recursos que recibe el país. Además recibe ayuda para la lucha antinarcóticos y otra parte importante para programas sociales, por otros 463 millones de dólares. Pero la única ayuda que está sujeta a que Colombia firme la exención para los norteamericanos ante la Corte Penal Internacional es la militar.

Ahora bien, prácticamente toda la ayuda militar ya ha sido comprometida para equipos, entrenamiento y repuestos y, por lo tanto, seguirá fluyendo sin problema. Solamente una partida de cinco millones de dólares, destinada a un programa de inteligencia técnica que aún está en diseño -y por esto no se había comprometido-, quedó congelada por el impasse.

Queda la ayuda para 2004, que tampoco se perderá necesariamente. El gobierno de Bush le pidió al Congreso le autorizara girarle a Colombia 574 millones de dólares en ayuda para el año fiscal 2004, que arranca en octubre próximo. De ésta, 111,6 millones será puramente militar, que es la que podría suspenderse. Pero falta mucho camino por recorrer. El Congreso debe aprobar la ayuda y, una vez aprobada, si aún no hay acuerdo sobre la prohibición de enviar estadounidenses ante la Corte, el gobierno debe decidir si definitivamente corta la ayuda o no.

El presidente Bush, sin embargo, tiene la potestad de hacer una excepción para Colombia -como ya lo hizo Clinton en 1997- y aprobar la ayuda por razones de seguridad nacional. El gran riesgo que representan los grupos armados ilegales en Colombia para la democracia interna y para la estabilidad regional hace pensar que esa excepción es probable.

Si esto es así, daría más o menos lo mismo si Colombia logra arreglar o no el lío jurídico que la tiene atada de manos frente a las exigencias estadounidenses. De todos modos suena contradictorio que Estados Unidos le esté dando ayuda a Colombia para que restaure el imperio de la ley y, a la vez, amenace con retirar esa misma ayuda porque no accede a violar su Constitución para darle gusto.