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DENUNCIA
El polémico contrato para tapar los huecos de Bogotá
El Distrito suscribió un millonario contrato a ‘dedo’ con una empresa recién creada en Colombia.
20 de enero de 2014
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El contrato 638 del 27 de diciembre del 2013, para tapar los 220.000 huecos que tiene Bogotá censados por la Unidad de Mantenimiento Vial, está en la mira de los organismos de control, de integrantes del Concejo y de la opinión pública.
La semana pasada el concejal del Partido MIRA Jairo Cardozo, que por estos días está bajo la lupa porque su representante legal está investigado por presunto lavado de activos, presentó a la Contraloría un control de advertencia donde puso en conocimiento un contrato de la UMV con una empresa llamada Green Patcher S.A.S. El objetivo es que el organismo de control inicie investigaciones correspondientes para establecer presuntas irregularidades.
El meollo empezó, según la denuncia de Cardozo, con la creación de la empresa Green Patcher Colombia S.A.S., hace apenas siete meses. El actor y ahora empresario, Juan Pablo Posada, fue el encargado de hacer el trámite de constitución de la firma que nació con un capital suscrito de 505 millones de pesos. El actor se convirtió en el suplente del gerente general, un alemán de nombre Degenhardt Volker Dietrich.
Según Posada constituyó la empresa para importar equipos de alta tecnología para el parcheo de vías en Bogotá para luego ceder la empresa a las multinacionales Green Patcher Latinoamérica y Velocity Patching U. K. quien a la postre obtuvo un millonario contrato con la Unidad de Mantenimiento Vial 11.822 millones de pesos para tapar los huecos de la capital en un plazo de seis meses, un tiempo considerado récord por quienes suscribieron el contrato.
Lo que despertó las dudas de los que hoy critican el contrato es que este se suscribió sin que mediara una licitación pública. ¿Por qué? Porque según los funcionarios de la UMV este contrato tenía una característica especial: estaba de por medio la “transferencia de ciencia y tecnología”.
Según ellos las obras se realizarían con maquinaria nunca antes vista en ningún lugar del mundo. Los documentos muestran que Green Patcher Colombia, aplicaría la tecnología de parcheo “por inyección a presión neumática para acciones de movilidad en la malla vial de la ciudad de Bogotá”.
Según Cardozo, el denunciante, ese es un contrato de obra civil bajo el ropaje de ‘Ciencia y Tecnología’ que no es más que un mecanismo para saltarse la ley de contratación pública.
Semana.com consultó con la presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingeniería (SCI), Diana María Espinosa, para conocer qué tan novedosa es esta técnica y si era legal o no entregar el contrato prácticamente a dedo.
En cuanto a la rapidez con que se taparían los huecos, la experta manifestó: “esta nueva tecnología efectivamente requiere menos tiempo en su aplicación, aspecto que no es de gran significación si se compara con el sistema tradicional, cuando es ejecutado por un contratista debidamente organizado”.
Por otro lado, asegura que no están de acuerdo con el tipo de contratación. “Lo que no compartimos con la Administración es el mecanismo de contratación utilizado en este caso para evadir el de la selección objetiva y pluralidad de oferentes, como lo ordena la ley de contratación al denominar “contrato de ciencia y tecnología” un contrato de obra”.
Maria Gilma Gómez Sánchez, directora de la UMV, no está de acuerdo con lo dicho. Dijo a periodistas de Semana.com que sólo con este tipo de maquinaria la UMV –única en el mundo- puede tapar todos los huecos de la capital en seis meses y así salir del atraso que se tiene en el mantenimiento de la malla vial local.
Según ella, con la tecnología que se ha utilizado durante todo este tiempo, el IDU logró tapar en el 2013 sólo 8.000 huecos y la UMV tapó 3.300 huecos, un total de 11.500 huecos, frente a 220.000 que tiene la ciudad.
“Resulta que la máquina que trae a Colombia Green Patcher, tapa 12.000 huecos mensuales. Por eso decimos que las tres máquinas que ellos tienen, tapan en seis meses los 220.000 huecos de la ciudad”, explicó la funcionaria.
¿Pero por qué arropar ese contrato como de ciencia y tecnología? Porque, según la funcionaria, con la tecnología tradicional con la que se viene trabajando no es suficiente, además de tratarse de un tema de costo-beneficio para la ciudad. “Es por un clamor ciudadano”, explicó Maria Gilma.
María Gilma va más allá. Asegura que la escogencia de la empresa no fue improvisada y que se realizó un proceso de 10 meses de estudios previos y un balance general que arrojó que era la tecnología adecuada para implementarla en Bogotá.
En pocas palabras, el contrato se hizo directo amparado en el Artículo 2 del Decreto-Ley 591 de 1991, donde se asegura que “Transferencia tecnológica comprende la asesoría, negociación, apropiación, desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas tecnologías nacionales o extranjeras”.
Semana.com habló con Hugo Alejandro Mora, abogado de Moncada Abogados y al igual que la SCI, no estuvieron de acuerdo con el tipo de contrato hecho con Green Patcher S.A.S., pues según ellos, el parcheo es una obra civil y todas las obras deben hacerse bajo el modelo de licitación pública.
“No se debió hacer como contrato de ‘Ciencia y Tecnología’, porque no se está desarrollando ningún producto novedoso y no hay transferencia. No se cumplió con el decreto 591 de 1991 que establece las causales de este tipo de contratación”, explicó Mora.
Además, el abogado agregó que le resulta ‘forzada’ esa contratación, porque si bien es cierto que la empresa tiene una maquinaria que no se ha implementado en la ciudad, otras muchas empresas, tienen la capacidad para ejecutarlo con otros mecanismos.
Por su parte, el presidente de Green Patcher Latinoamérica, Antonio Fernández, asegura que no hay ninguna empresa en el mundo del tamaño y la confiabilidad de la suya, que tenga esa tecnología.
Respaldo
A pesar de que Green Patcher Colombia fue constituida sólo hace siete meses, según Fernández, está respaldada por empresas accionarias que tienen años de experiencia en el parcheo con este tipo de maquinaria. La tecnología Velocity Patching está siendo implementada desde el 2009.
“Green Patcher Latinoamérica es la empresa licenciataria de toda la tecnología Velocity Patching en Latinoamérica, que es una tecnología de la cual es propietaria la empresa Velocity Patching U. K., una subsidiaria del grupo Risk de Inglaterra, un grupo con más de 1.200 millones de libras esterlinas en ventas”, explicó Fernández.
En cuanto a la diferencia con la tecnología tradicional, Fernández explicó que esa tecnología no depende del clima. “No contamina, no depende del clima, no se tienen que cerrar las vías que están en reparación, no se necesita tanto personal para operar la máquina como en el método tradicional”, resumió el empresario.
El contrato está a punto de arrancar y en los próximos días la empresa Green Patcher Colombia S.A.S., recibirá el primer desembolso para acometer la obra. Mientras tanto las críticas no cesan.
Así funciona la maquinaria.
Un caso similar
Un contrato de similares características terminó en la destitución e inhabilidad por 12 años a la entonces gobernadora de Quindío Amparo Arbeláez en agosto del 2011. La Procuraduría, después de una investigación, encontró irregularidades en un contrato firmado en el 2007 y que también tenía el ropaje de “Ciencia y Tecnología”.
En ese entonces, el procurador Alejandro Ordóñez señaló que Arbeláez “suscribió de manera irregular un contrato de investigación y adaptación tecnológica de un sistema de transporte por cable en el municipio de Buenavista en el cerro de las Tres Cruces”.
Ordoñez agregó que: “la primera fase del contrato tenía la naturaleza de un contrato de consultoría y la segunda fase, de un contrato de obra”, lo cual obligaba a adelantar en el primer caso un concurso de méritos y en el segundo una licitación pública. No una contratación directa, como se hizo.
La exgobernadora no fue la única que llevó del bulto. Dentro de la determinación disciplinaria se sancionó con destitución e inhabilidad por 13 años a Luis Ernesto Gil, entonces secretario de Infraestructura del mismo departamento, y la misma sanción por 14 años a Liliana Patricia García, que se desempeñaba como directora del departamento jurídico y de contratación de la Gobernación.
Aunque todo tiene que ver con la interpretación de la ley, ahora la batuta la tiene la Contraloría de Bogotá, a donde llegó la denuncia. La entidad iniciará las debidas investigaciones a este contrato.
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