¿El presidente del grupo Argos, Jorge Mario Velásquez, violó las normas de la SEC de EE. UU.?

Entre más habla el presidente del Grupo Argos, Jorge Mario Velásquez, más parece cometer errores. Ayer se conoció en entrevista con El Tiempo que Velásquez no habría sido transparente con sus accionistas y el mercado al decir que, “el Departamento de Estado le ofreció a Cementos Argos y su filial en EE. UU. lo que se llama DPA, en reconocimiento a las buenas prácticas para la promoción de la libre competencia”. Pero además, Velásquez añadió, que cuando Argos llegó a EE. UU. puso en conocimiento de las autoridades una serie de prácticas criminales violatorias de la ley anti monopolio de su filial en ese país.

SEMANA revisó el DPA (Deferred Prosection Agreement) entre el Departamento de Justicia y Argos USA LLC, de la cual hace parte Cementos Argos S.A. Se trata de un documento de 39 páginas que contradice la argumentación del presidente de la compañía, Jorge Mario Velásquez. En primer lugar, según el escrito, la filial de Cementos Argos aceptó su responsabilidad por haber incurrido en prácticas criminales violatorias de las leyes anti monopolio de EE. UU., y pagó una multa de veinte millones de dólares.

Otra inconsistencia entre lo que les dice Velásquez a los medios y la realidad es que, según él, en 2011 cuando llegó Argos a EE. UU., encontró irregularidades que fueron puestas en conocimiento del Departamento de Justicia. Sin embargo, el DPA dice que la conspiración de Argos en EE. UU. continuó hasta julio de 2016, en violación al Sherman Act. Además, el documento del acuerdo deja claro que la compañía, en este caso Argos USA LLC, solo empezó a colaborar con la justicia de ese país hasta agosto de 2020. Es decir, nueve años años después de lo que asegura Velásquez.

En el DPA, Argos USA LLC acepta su culpabilidad, pero logra aplazar los cargos a cambio de cumplir con ciertas obligaciones, incluyendo la colaboración con la justicia, la implementación de un programa de ética en la compañía, y además, el cumplimiento de todas las normas en EE. UU., así como del acuerdo, tanto para Cementos Argos S.A, como para Argos USA LLC, por un periodo mínimo de tres años y que puede ser extendido a discreción del Departamento de Justicia. Cabe recordar que este acuerdo se firmó el 4 de enero de este año.

En el comunicado que emitió dicho organismo ese día, se lee “este anuncio es otro ejemplo más de la dedicación del FBI y nuestros socios para garantizar un mercado justo para los consumidores”, dijo el subdirector a cargo Steven M. D’Antuono de la oficina local del FBI en Washington. “El sistema estadounidense de mercados abiertos y libres para todos los consumidores se basa en la confianza y la integridad. Cuando una empresa como Argos admite una conspiración para manipular licitaciones y fijar precios a expensas de los consumidores, la integridad del sistema se ve comprometida. El FBI perseguirá e investigará tenazmente todas las acusaciones de corrupción, por parte de personas y empresas, que obstaculizan los derechos de los consumidores “, concluye el documento.

En la misma entrevista de El Tiempo, Velásquez cometió otra imprudencia al asegurar que la filial de Argos en EE. UU. “puede estar rondando los 15 billones de pesos” en valor. Esto podría ser una violación a las normas de la SEC (Securities and Exchange Commission), una agencia reguladora del gobierno federal responsable de proteger a los inversionistas, mantener el funcionamiento justo y ordenado de los mercados de valores y facilitar la formación de capital.

Haría bien el presidente del Grupo Argos en asesorarse con sus abogados, ya que las leyes en ese país son muy estrictas con respecto a lo que se puede o no decir públicamente antes de una posible emisión de acciones en el NYSE, dado que la junta de la compañía está explorando listar la acción de su filial estadounidense en ese país.

El presidente de Cementos Argos, Juan Esteban Calle, en cambio, fue cuidadoso en una entrevista concedida a La República este miércoles y cuando le preguntaron si tenía un estimado sobre cuál sería el valor de la compañía que piensan listar, contestó, “por los límites y normas de las leyes aplicables en EE. UU., no es posible revelar esta información en el momento”. Como mínimo deberían ponerse de acuerdo los altos ejecutivos del Grupo Argos para ser consistentes con sus mensajes ante la opinión pública, para no confundir al mercado y evitar la posible violación de las leyes americanas.

*Gabriel Gilinski es accionista de Publicaciones SEMANA