Entra en la recta final el proceso contra Petro

Un temor fundado entre los funcionarios del Distrito recorre los pasillos de la Alcaldía de Bogotá. El tema de discusión es la permanencia del mandatario en su cargo. Por un lado, avanza el proceso de revocatoria en la Registraduría Nacional luego de que avalaron las firmas. Por otro, la Procuraduría lo investiga por el presunto mal manejo en el esquema de las basuras. En este último tema se iniciará la práctica de pruebas.
 
Es tal la preocupación de los seguidores de Petro, que incluso sus más cercanos colaboradores organizaron una 'vaca' en un reconocido restaurante de Bogotá para pagar los honorarios de los prestigiosos abogados que defienden al mandatario. La preocupación no es menor, ya que hay un antecedente. El Ministerio Público sancionó con destitución e inhabilidad al que era considerado “mano derecha” del alcalde Petro, el hoy exsecretario de Gobierno Guillermo Asprilla.

Ante eso, el alcalde emprendió toda una campaña jurídica en la que tras la formulación del pliego de cargos se han interpuesto algunos recursos. Uno de ellos buscaba echar para atrás la decisión.  Este fue negado.

A pesar de las acciones jurídicas, la Procuraduría puso el acelerador a la investigación. Se conoció que esta semana empieza la recta final del proceso disciplinario, el cual se compone de varias fases dentro de las que se encuentran declaraciones de testigos, visitas técnicas a entidades relacionadas con los hechos y el análisis de informes especializados. Todo ello permitirá definir si el alcalde Petro conocía o no los riesgos de instrumentar el nuevo esquema de recolección de basuras en Bogotá.

Ya la Procuraduría decretó las pruebas solicitadas por el alcalde mayor. Entre estas están diez testimonios, entre los que se destacan los de varios asesores de su más entera confianza, así como técnicos e ingenieros, los cuales, según Petro, darían fe de que todo el modelo de recolección de basuras estuvo acorde a la normatividad y no existió improvisación.

Resulta curioso que Petro no haya citado como testigos a sus dos 'bastiones' en todo el proceso, el exgerente del Acueducto Diego Bravo y el exdirector de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) Henry Romero. Ellos también están investigados por la Procuraduría.

Se ha especulado que los funcionarios habrían tenido una fuerte discusión con el alcalde, por lo que estarían en malos términos. Esta sería la razón para no llamarlos como testigos.

La Procuraduría también programó visitas a la Alcaldía Mayor de Bogotá, la UAESP, la Empresa de Acueducto. En la agenda está previsto escuchar a los representantes de los operadores privados de basura. El objetivo es conocer qué piensan todas las partes en el proceso.

Según lo establecido en el pliego de cargos, la Procuraduría calificó que "el alcalde Petro Urrego pudo incurrir en falta disciplinaria al determinar en el segundo semestre del 2012 al director de la UAESP y a los gerentes de la EAAB y Aguas de Bogotá S. A., para que suscribieran los contratos con el objeto de asumir la prestación del servicio público de aseo, sin tener en cuenta que dichas entidades no contaban con la mínima experiencia y la capacidad requerida para dicho fin”.

Para la Procuraduría, la conducta de Petro se relaciona con "falta de planeación y un presunto detrimento patrimonial por la cancelación de los contratos a los operadores privados de recolección de basuras y la contratación de volquetas para el esquema de recolección de desechos diseñados por la Administración Distrital”. Se espera que a finales del mes de octubre haya una decisión de fondo.