Una prueba clave que enreda al Gobierno Santos por viajes de Gabino a Cuba

A mediados de 2018, el máximo comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’, atravesó la frontera y llegó a Caracas para tomar un avión que lo llevó a Cuba. Toda la logística de su traslado se hizo con la autorización expresa del gobierno de Juan Manuel Santos, en medio de los diálogos de paz con esa guerrilla en La Habana.

Dos años y medio después, SEMANA revela las presuntas irregularidades que rodearon el viaje de ‘Gabino’ a la isla y que pondrían en problemas legales al expresidente y sus colaboradores más cercanos.

El 13 de diciembre del 2017 es clave en las pesquisas de los investigadores. Ese día se registró una llamativa consulta de la Fiscalía a la Presidencia. El ente acusador preguntó en ese momento si existía “algún acto administrativo” emitido por el Gobierno que modificara el estatus jurídico o suspendiera las órdenes de captura contra Gabino. Días después, el 9 de enero de 2018, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz respondió: “A la fecha no se han proferido actos administrativos que modifiquen o extingan su situación jurídica ante las diferentes autoridades judiciales que pudieran requerirlo”. La carta fue firmada por Liliana Bohórquez Sánchez, asesora jurídica del comisionado Rivera.

SEMANA encontró evidencias de que justo en ese mes, sin el trámite que ordena la ley, y aunque la Casa de Nariño era consciente de la situación jurídica de Gabino, el comandante del ELN viajó a Cuba, con el visto bueno del Gobierno.

El jefe máximo del ELN pudo moverse sin líos por territorio colombiano, cruzó la frontera ilegalmente, llegó a Venezuela y aterrizó en Cuba con un salvoconducto expedido por la Casa de Nariño que carecía de respaldo legal, pues no se suspendieron las órdenes de captura en su contra, como lo ordena la Ley 418 de 1997 (artículo 8, parágrafo 1).

‘Gabino’, quien asumió el mando del ELN en 1998 tras la muerte del cura Pérez, ha sido condenado en Colombia por múltiples crímenes como la masacre de Machuca, en Antioquia, donde 84 personas murieron calcinadas luego de que el ELN volara un oleoducto. También, por el secuestro masivo de 186 personas en la iglesia La María, en Cali, en 1999.

Hoy tiene 29 procesos judiciales pendientes en el país, por homicidio, secuestro, extorsión, hurto, terrorismo, reclutamiento ilícito, concierto para delinquir, desaparición forzada, amenazas y lesiones personales.

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