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| 2/2/2019 11:00:00 AM

El fallo que demostró seguimientos y acoso a sindicalistas por el Estado

Un fallo contra tres exmilitares reveló cómo, por medio de un contrato de Emcali, financiaron toda una operación para perseguir y hostigar al sindicato de Emcali y otros líderes. Sin embargo, el juez descartó que los fueran a asesinar, como advirtió el senador Alexánder López.

Fallo demuestra culpabilidad de militares en hostigamiento de sindicalistas EMCALI Dentro de los objetivos de las empresas CIL y Seracis estuvo el actual senador del Polo Alexánder López. Foto: Cortesía 90 minutos / Guillermo Torres-Semana

Un fallo emitido por el Juzgado Cuarto Penal Especializado de Cali se convirtió inusitadamente en una papa caliente que polarizó aún más las tensas relaciones entre la izquierda y la derecha colombiana. Y en medio de ese sánduche quedó el Gobierno.

Se trata de un documento de 268 páginas, que contiene los detalles de una investigación que arrancó en 2004 y culminó el 16 de enero con la condena, a 48 meses de prisión, de un coronel, un mayor y un teniente, acusados de concierto para delinquir simple agravado. Se trata de Marco Fidel Rivera Jaimes, Julián Villate Leal y Hugo Abondano Micán, quienes, escondidos tras una empresa de seguridad, montaron un plan de seguimientos e interceptaciones ilegales, apoyados en información “secreta y reservada” del DAS, la Sijín y la Tercera Brigada del Ejército, con sede en Cali. El material probatorio aportado por el ente de control permitió al juez establecer las irregularidades y vincular a los militares al proceso en septiembre de 2011, y siete años después, a proferir el fallo.

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En la mira estuvieron, según la sentencia, el entonces representante a la Cámara Alexánder López Maya (hoy senador del Polo); la defensora de derechos humanos Berenice Celeyta, y la cúpula del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Públicas de Cali (Sintraemcali).

Al conocer la decisión, López Maya organizó una rueda de prensa y frente a las cámaras aseguró: “Esta condena es muy importante porque en todo el expediente se logró demostrar, con pruebas contundentes, cómo, desde el Estado colombiano, se ordena la ejecución de líderes sociales, sindicales, defensores de derechos humanos y, en mi caso, líderes políticos opositores”, dijo el congresista.

Las declaraciones desataron fuertes polémicas, pero al parecer fueron más emotivas que jurídicas. En efecto, la Fiscalía presentó dentro de su acusación palabras como “hostigamientos, persecuciones, amenazas, desprestigio del sindicato o incluso el asesinato de algunos de sus miembros o colaboradores”. Pero el juez desvirtuó esa última, con el argumento de que “en ningún documento se observa que se hable o mencione algún caso”.

El juez sí dejó muy claro que los exmilitares condenados adelantaron durante años acciones para debilitar al sindicato de Emcali. Y que lo hicieron por medio de un contrato de gestión integral de riesgos, contratado por la misma Emcali, a través de la Financiera Energética Nacional (FEN) y ejecutado por las firmas Consultoría Integral Latinoamericana (CIL) y Seracis Ltda. Según el expediente judicial, el entonces agente interventor y la Superservicios recomendaron ese proceso.

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De ahí que el senador López Maya haya exigido que se conozcan los autores intelectuales y haya enfilado baterías contra Eva María Uribe Tobón, entonces superintendente de Servicios y actual funcionaria del Gobierno. La señala, junto al presidente de la época, como posible responsable. Al respecto, Uribe Tobón calificó esas acusaciones de “falsas y temerarias”, aclaró que nunca la vincularon al proceso judicial y que no tuvo relación alguna con el contrato de los exmilitares porque el gerente interventor de Emcali adelantó el proceso. De hecho, el fallo le da la razón.

Pero también se la da a López, pues durante los allanamientos a las oficinas de los condenados había pruebas de seguimientos hechos al congresista y dirigentes de Sintraemcali, tales como fotos, direcciones y datos del número de armas de sus escoltas, vehículos, blindaje, placas y chalecos.

Lo cierto es que este fallo dejó al descubierto cómo desde el Estado alguien creó un aparato para hostigar e intimidar a líderes políticos, sociales y sindicalistas. ¿Hubo otros casos iguales en otras empresas públicas o intervenidas?

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