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Farc dice a la Fiscalía que contará la verdad sobre crimen de Gómez Hurtado, pero sólo ante la JEP

Un día después de no asistir a rendir declaración juramentada ante el ente acusador, Rodrigo Londoño y Julián Gallo aseguran que dicha citación desconoce el orden constitucional porque su juez natural es la justicia transicional.


Se cumple un mes desde que las Farc, en una carta remitida a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), admitieron la total responsabilidad del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Su confesión tomó por sorpresa al país y destapó una verdad que permaneció oculta durante más de dos décadas. No se había terminado de digerir la noticia cuando diferentes actores empezaron a tomar cartas en el asunto.

Primero fue la Fiscalía General de la Nación que, el 7 de octubre, tras anunciar la apertura de nuevas líneas de investigación, llamó a Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y Julián Gallo, alias Carlos Lozada, para que rindieran declaración juramentada sobre estos hechos.

En cumplimiento del deber constitucional de investigar delitos, la Fiscalía General de la Nación continuará con la práctica de pruebas, tendientes a esclarecer los hechos, los autores o partícipes donde falleció el doctor Álvaro Gómez Hurtado y su asistente José Huertas Hastamorir, en consonancia con el principio de colaboración armónica que debe existir entre las instituciones del Estado” afirmó el ente acusador.

La respuesta de la JEP fue inmediata. Al día siguiente convocó igualmente a Londoño y Gallo a versión voluntaria para que contaran todo lo que saben del crimen que acabó con la vida del dirigente conservador y excandidato presidencial. Igualmente, y para no dejar abierta la puerta a ningún tipo de dudas, aclaró que este caso era de su exclusiva competencia debido a que sus responsables eran firmantes del Acuerdo de Paz y, además, tuvo lugar en el marco del conflicto armado.

Desde el mismo momento en el que recibió la carta citada, la Sala de Reconocimiento ha asumido su estudio de acuerdo con las normas constitucionales y legales que rigen a la Jurisdicción Especial para la Paz, que le dan competencia prevalente y preferente sobre los hechos acaecidos en el marco y en relación directa o indirecta con el conflicto armado, ocurridos antes del 1 de diciembre de 2016” declaró el tribunal en comunicado de prensa.

El choque de trenes fue entonces evidente. A pesar de que la lógica constitucional apuntaba a que la JEP sería la jurisdicción idónea para la materia en cuestión, la Fiscalía no se echó para atrás y mantuvo en firme la diligencia a la que convocó a los dos exguerrilleros y que estaba programada para ayer. Como era de esperarse, ninguno compareció. En un memorial dirigido a la fiscal encargada, los abogados de ambos explicaron los motivos detrás de la decisión.

Es claro que, al establecer un deber de comparecer a nuestros poderdantes ante la Fiscalía, se está en una clara violación del non bis in idem, pues, dentro del entendimiento amplio de la investigación y el juzgamiento, los señores Gallo y Londoño están teniendo que comparecer por un mismo hecho a dos jurisdicciones diferentes, lo que representa una abierta violación al principio reseñado” indicaron.

Y este jueves, en horas de la mañana, Londoño y Gallo dieron a conocer su posición respecto de lo sucedido. En una misiva firmada por ambos y que publicó Londoño en su cuenta de Twitter, reiteran que la citación de la Fiscalía es improcedente a la luz de la Carta Política y que, de acudir a ella, estarían expuestos a ser juzgados dos veces por los mismos hechos. Señalaron que aportaran la verdad exclusivamente ante la JEP.

Advierten, de igual manera, que la JEP es “la instancia creada y normada” para tramitar este tipo de delitos y que están a favor “del traslado de pruebas” de la Fiscalía al tribunal de paz.

Reafirmamos, una vez más, el compromiso con el aporte temprano de verdad en el marco jurídico creado por el Acuerdo Final de Paz y el respeto a las instituciones” concluye el documento.