Hay que evitar que Arias obstruya la justicia: Fiscalía

Sólo hasta pasado el mediodía de este viernes, cuando se reanude la audiencia que definirá si el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias va a la cárcel o no, se sabrá si los argumentos de la fiscal Viviane Morales fueron suficientes para convencer al magistrado del caso, Orlando Fierro Perdomo, de que mientras avance el proceso en contra de Arias es necesario que este sea recluido en un centro penitenciario.
 
Sin embargo, los últimos minutos de la audiencia suspendida fueron determinantes en la exposición de los argumentos de Morales para pedir que el exministro sea cobijado con medida de aseguramiento.El ente acusador expresó que Andrés Felipe Arias debe
 
ser cobijado con esta medida para "asegurar que no obstruya la justicia" y al considerar que "es un peligro para la sociedad". La Fiscal fue clara y enfática en su justificación. Señaló que Arias habría ejercido control sobre tres de sus exfuncionarios, recluidos actualmente en las casas fiscales de la cárcel La Picota por estar también implicados en el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).
 
En ese sentido, hizo referencia a las visitas que Arias habría hecho al centro de reclusión (por lo menos en 10 ocasiones y con una duración promedio de cuatro horas) a sus exsubordinados Oskar Schroeder (exjefe jurídico del Ministerio), Juan Camilo Salazar (exviceministro) y Juan Camilo Ortega (exsecretario general). Según reveló Morales, Arias habría hecho la última de estas visitas el pasado 3 de junio y a raíz de estas –según dijo- ninguno de esos exfuncionarios ha querido asistir a recientes llamados de la Fiscalía.
 
Según Morales, hay "evidencia documental" que permite inferir que Andrés Felipe Arias ha intentado inducir a varios de los procesados que están en la cárcel La Picota. Dijo además que las mencionadas visitas "pudieron tener el propósito de influir en la versión de los detenidos, quizá para tener un libreto".
 
Pero no sólo esas visitas motivaron a la Fiscal a pedir la medida de aseguramiento basada en que Arias podría obstruir la justicia. Varias reuniones también hacen parte de los argumentos que presentó el ente acusador. Según la fiscal Morales, una reunión en un club y otra en una oficina cerca del parque de la 93 también muestran el interés de Arias por cambiar las versiones relacionadas con el escándalo de AIS.
 
Una de ellas tuvo que ver con la actriz y exreina de belleza nacional Valerie Domínguez, quien vio minada su imagen cuando se supo públicamente que recibió irregularmente el subsidio agrario. En la cita, Arias habría acordado con la representante de Domínguez y su novio de ese entonces (Juan Manuel Dávila, también beneficiario de AIS) que ella fuera imagen del programa agrario.
 
La publicidad, que protagonizaría la exreina, buscaba principalmente borrar el estigma que había sobre el programa AIS. La idea con la presencia de Valerie Domínguez en el comercial era hacerla pasar de "victimaria a víctima",  por medio de un guión que destacaba las bondades del programa y que leyó la fiscal Morales.
 
“Hola, soy Valerie Domínguez, quiero comunicarme con usted que es un ciudadano ecuánime; mi familia al igual que mi novio estamos vinculados al campo; por eso quise invertir algunos ahorros en ese sector tan importante para nuestro país”, decía la primera parte del libreto leído por la fiscal Morales. (Ver libreto completo).
 
La fiscal reiteró que dichas acciones eran suficientes para pedir la medida de aseguramiento. Pero además destacó como Arias es un “peligro para la sociedad” y por lo tanto es necesaria su detención. Lo argumentó haciendo referencia al número de delitos (dos) y a su naturaleza (peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales).
 
Señaló también cómo los "delincuentes de cuello blanco pueden ser más peligrosos".
 
"Arias tenía la llave"
 
Arias, exprecandidato presidencial por el Partido Conservador y uno de los exfuncionarios más cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. La audiencia, que se adelantó en el Tribunal Superior de Bogotá ante el magistrado Fierro Perdomo, quien funge como juez de control de garantías, comenzó a las 2:15 de la tarde del jueves y fue suspendida sobre las 7:00 de la noche.
 
La razón de la interrupción es que la defensa solicitó tiempo para estudiar los argumentos expuestos por la Fiscalía durante la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento. La diligencia será reanudada el viernes a las 11:00 de la mañana.
 
Por su calidad de funcionario aforado, la imputación fue hecha por la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, quien explicó que la acción penal en contra de Arias responde a varias conductas cometidas durante su gestión como Ministro de Agricultura, un cargo –agregó la fiscal– desde el que participó activamente en el diseño y construcción del programa AIS.
 
Al imputarle el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, cuyo castigo es de prisión de 4 a 12 años e inhabilidad de 5 a 12 años, la fiscal Morales consideró que “se disfrazó el objeto del contrato haciéndolo aparecer como si realizara actividades de ciencia y tecnología, y se escogió una forma de contratar libre”.
 
“El doctor Andrés Felipe Arias tenía en sus manos el dominio de la creación, ejecución, dirección y control del programa, por eso era su bandera política”, aseguró la fiscal. “Tenía la llave de la puerta giratoria, porque esos funcionarios del IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que asesoró el diseño de los requisitos para acceder a los beneficios del programa) pasaban a ser funcionarios del Ministerio”, agregó.
 
Como ejemplo, la fiscal aseguró que el exviceministro Salazar (procesado penalmente por estos mismos hechos) llegó al Ministerio de Agricultura como contratista del IICA y terminó siendo viceministro de Agricultura.
 
"Reinado de la informalidad"
 
Por todo esto, la jefe del ente acusador afirmó que el exministro Arias “estaba sentado en el trono del reinado de la informalidad”. Sobre el convenio que Arias desarrolló con el IICA para la ejecución de AIS, la fiscal agregó que los profesionales de la mencionada entidad trabajaban en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y que las medidas de estos “contaron con el visto bueno de Andrés Felipe Arias”, quien “tomó decisiones, desde contratistas hasta de equipos de cómputo”.
 
“El doctor Andrés Felipe Arias sostenía reuniones, denominadas comité de gabinete, los días lunes, sobre el programa AIS (…) Es clara su participación activa en el diseño, construcción y ejecución del programa”, aseguró.
 
En este punto, la Fiscalía consideró que Arias celebró de manera directa con el IICA tres convenios, cuyo objeto verdadero era la administración de recursos públicos, y los presentó como convenios de cooperación de ciencia y tecnología.
 
El primero de los convenios es el 003 de enero de 2007, cuyo objeto era la cooperación técnica y científica entre el Ministerio y el IICA, por el valor de 47.000 millones. También se firmaron el 055 de enero de 2008, cuyo objeto era la cooperación técnica y científica entre el Ministerio y el IICA y el 052 de enero de 2009, cuyo objeto era la cooperación técnica y científica entre el Ministerio y el IICA, por un valor cercano a 100.000 millones.
 
“Se violó el principio de selección objetiva (...) La contratación directa que se utilizó en los convenios no permitió la existencia de una pluralidad de propuestas (…) Es claro que la contratación directa facilitaba los intereses del ministro”, puntualizó la fiscal.

Fin: la Presidencia
 
Para la Fiscalía, las decisiones en la implementación del programa Agro Ingreso Seguro estuvieron a cargo de funcionarios del Ministerio de Agricultura, todos de absoluta confianza de Andrés Felipe Arias. Según la fiscal, el entonces ministro controlaba y dirigía no solo la celebración sino la ejecución de los convenios.
 
“Para el doctor Andrés Felipe Arias era muy importante controlar el programa AIS. Había razones personales y de naturaleza política que le demandaban ese control en el programa”, aseguró la jurista. “Es una hecho que renunció al Ministerio para ser candidato presidencial (…) todo esto permite inferir que utilizó el programa AIS como plataforma política para su programa presidencial”, consideró.
 
Prueba de esto, resaltó la fiscal, es una cartilla denominada Lo que no quieren que usted sepa sobre Agro Ingreso Seguro, que según la fiscal “fue publicada con el clarísimo propósito de hacer apología con el programa AIS”.
 
“Hay varios hechos que evidencian que el objetivo era difundir información positiva (...) Este documento fue publicado por orden de la Fundación Colombia Cambió, que fue creada para mantener la plataforma administrativa de Andrés Felipe Arias durante el periodo que el Partido Conservador suspendió su apoyo a la campaña”, dijo Morales.
 
La contratación
 
De acuerdo con lo expuesto por Morales, los estudios previos de conveniencia para realizar la contratación pública debían indicar las condiciones del contrato a celebrar. Pero en el caso de los convenios del IICA con el Ministerio, aseguró la fiscal, la cartera “produjo documentos para acomodar la realidad”.
 
Para la fiscal general dichos documentos omiten aspectos de la contratación pública. Además, consideró, que si el criterio para adjudicar los contratos hubiera sido la experiencia, Arias hubiera consultado a entidades competentes para la respectiva evaluación. Sin embargo, dijo la fiscal, Andrés Felipe Arias “no consultó esas entidades, ni siquiera al director de Ciencia y Tecnología del propio Ministerio de Agricultura”.
 
“El único principio que cumplió el doctor Andrés Felipe Arias fue el principio de la celeridad”, dijo. La Fiscalía recordó un estudio de Econometría Consultores que le advirtió al entonces ministro sobre una duplicidad de pagos y en la contratación entre el Ministerio de Agricultura y el IICA, situación que llevó al instituto –según la fiscal– a recibir recursos dos veces por un mismo concepto.
 
“La irregular concepción de los convenios dio lugar a que cuantiosos recursos públicos fueron ilegalmente apropiados por particulares que presentaron documentos falsos para acceder a los subsidios entregados para fortalecer los sistemas de riego y drenaje”, concluyó la fiscal.
 
En este contexto, el ente acusador consideró que Andrés Felipe Arias, como garante del debido manejo de los recursos a su cargo, “tenía a su alcance las herramientas para evitar la implementación del programa o modificar el procedimiento”.
 
Pero Arias, dijo la fiscal Morales, “hizo caso omiso a las advertencias en los términos de referencia aprobados por él en varias resoluciones”, lo que dio lugar “a una gran cantidad de irregularidades en la asignación de los recursos de AIS”.

Modalidades del fraude
 
La fiscal general aseguró que desde el programa Agro Ingreso Seguro se favorecieron, en varios casos, a grandes agricultores, y recordó que una de las modalidades de defraudación al erario fue el fraccionamiento de predios. A través de esta técnica fueron entregados subsidios por más de 26.000 millones de pesos.
 
Una segunda modalidad para la asignación irregular de beneficios era que las personas naturales o jurídicas accedían dos o más veces a los subsidios de AIS. Peculado por apropiación a favor de terceros.
 
Al hablar del segundo delito imputado al exministro Andrés Felipe Arias, peculado por apropiación, la fiscal explicó que incurren él los servidores públicos que se apropien en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de bienes o fondos parafiscales cuya administración se le haya confiado. El castigo para esta conducta –recordó la fiscal– es de prisión de 6 a 15 años e inhabilidad por el mismo término.
 
Sobre el caso de Agro Ingreso Seguro, la Fiscalía estima, por ahora, que existe un peculado de más de 17.000 millones de pesos, de los cuales se apropiaron terceros a través de contratos ficticios y empresas usadas como fachada. Esta situación fue denunciada por Econometría Consultores, pero Andrés Felipe Arias hizo caso omiso.
 
Finalmente, tras lo anteriormente expuesto, la Fiscalía formuló la imputación con los elementos materiales probatorios que la sustentan: resoluciones, documentos, copias de actas de comités administrativos de los convenios, entre otros.