"Hay que tipificar la conducta del paramilitarismo": María José Pizarro

SEMANA: ¿Qué piensa de la "jugadita" de Ernesto Macías a la oposición y qué se puede hacer desde la mesa directiva para que algo así no vuelva a ocurrir?

María José Pizarro: Tiene que haber un conocimiento del Estatuto de la Oposición y de los artículos que lo reglamentan para que ni la mesa directiva pueda pasarlo por alto ni nosotros, de alguna manera por desconocimiento, terminemos obviando algún trámite. Este año tendremos que dar ejemplo porque el estatuto se implementa a nivel local en los Concejos y Asambleas. Es prioritario reglamentarlo  para evitar situaciones como las que hemos vivido.

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SEMANA: Macías dijo que a él no le habían enviado ninguna comunicación formal solicitando la intervención de la oposición en la instalación, pero sí existió una carta, ¿cómo fue ese trámite?

M. J. P.: Si Macías es respetuoso de la ley debió preverlo como conocedor del Estatuto de la Oposición, debió haberlo garantizado independientemente de que la oposición presentara o no la solicitud, él no puede escabullirse y tirarnos a nosotros la pelota cuando él es el que está planteando juegos perversos. Sí existe una carta exigiendo el espacio y una explicación que él no nos ha dado sobre por qué no incluyó en el orden del día el discurso de la oposición. Por eso es vital la reglamentación del estatuto y así evitar entrar en estos juegos políticos que responden a ciertos intereses.

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SEMANA: En su primer discurso como presidente de la Cámara, Carlos Cuenca resaltó que iba a ser "independiente", ¿cree que lo hará?

M. J. P.: No esperábamos menos del presidente de la Cámara, tiene que ser una persona garante, por eso el hecho que esté en ese cargo un representante de un partido independiente como Cambio Radical nos da esa tranquilidad. También que Cuenca sea cercano a Germán Vargas Lleras, quien está mucho más cercano a los sectores que quieren mantenerse en la independencia que de aquellos que han planteado volverse de gobierno.

Cuenca posesionó a Pizarro como segunda vicepresidenta de la Cámara el pasado 20 de julio. Foto: León Darío Peláez / SEMANA

SEMANA: En cuanto al paquete legislativo de la oposición hay un proyecto para crear el servicio social para la paz que sirva como una alternativa al servicio militar, ¿en qué consiste?

M. J. P.: Este proyecto se fundamenta en lo que se acordó en La Habana: que sea equivalente un servicio social para la paz al servicio militar, para que nuestros jóvenes no tengan que presentar obligatoriamente un servicio militar. Reconoce constitucionalmente el derecho a la objeción de conciencia de los jóvenes que no quieran tomar las armas. La idea es que la persona que elija este servicio social tengan la tranquilidad de que se les va a convalidar.

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SEMANA: ¿Qué otros proyectos de los que van a presentar están encaminados a cumplir lo pactado en La Habana?

M. J. P.: Hay que tipificar la conducta del paramilitarismo, lo cual está establecido en el punto tres y fue aprobado en el Acto Legislativo 05 que prohíbe constitucionalmente el paramilitarismo. Nosotros buscamos incorporar al Código Penal disposiciones que obliguen al Estado a combatir de manera efectiva a los grupos que ejecutan actos ilegales a los grupos organizados que ahora se le han llamado bandas criminales que son el mismo fenómeno del paramilitarismo renovado, grupos de autodefensas o redes de apoyo. Recordemos que hay una ley de sometimiento a la justicia que fue absolutamente ineficaz porque ningún grupo ilegal se sometió a la justicia.

SEMANA: Se podría anticipar que este proyecto va a reabrir un gran debate, teniendo en cuenta que el ministro de Defensa ha dicho que en el país no hay paramilitarismo...

M. J. P.: Independientemente de que el ministro lo diga o no, nosotros recibimos a diario panfletos de las Águilas Negras, de las Autodefensas Gaitanistas, que son grupos paramilitares. Hay además serias denuncias, lo ha revelado la misma revista SEMANA, de corrupción y de alianzas que podrían ser perversas y que podrían reeditar situaciones que hemos vivido en el pasado. Nosotros tenemos que avanzar hacia la no repetición. Para eso está el Legislativo, para dar las discusiones sobre si realmente existen los grupos paramilitares.

SEMANA: En el paquete legislativo plantean la adquisición progresiva de derechos de los partidos y movimientos políticos, ¿cómo funcionaría en la práctica?

M. J. P.: Es la garantía de que se puedan presentar por coaliciones grupos de partidos políticos o movimientos ciudadanos y que nosotros podamos promover a través de esta regulación de las coaliciones un pluralismo político. En plata blanca es la participación de todos los partidos y movimientos y una adquisición progresiva de sus derechos. Tenemos a la Colombia Humana que a pesar de haber estado en segunda vuelta con 8 millones de votos, no tiene personería jurídica ni una representación significativa en el Congreso. Todas las decisiones políticas han ido en contravía de garantizar los derechos de este tipo de movimientos.

SEMANA: ¿Estaríamos hablando de que pudieran dar avales y tener financiación? ¿Cuáles derechos políticos?

M. J. P.: Al regular las coaliciones sucede básicamente lo que pasó con Decentes, un grupo de coalición que llega por primera vez al Congreso. Ya existía bancada de oposición con partidos con mayor tradición como la Alianza Verde y el Polo, pero esta se enriqueció cuando bajo Decentes llegaron el movimiento indígena, la Colombia Humana y la Unión Patriótica. Eso ayuda a que haya un mayor nivel de discusión al interior de las fuerzas políticas. Las coaliciones permiten a los partidos minoritarios y a las fuerzas más pequeñas, que no tienen un acceso al aval, poder materializar su representación.

La Colombia Humana perdió una curul, la de Ángela María Robledo, quien ahora libra una batalla jurídica para recuperarla. Foto: Guillermo Torres / SEMANA

SEMANA: ¿Cómo funcionaría la tarifa diferencial en los sistemas integrados de transporte en las ciudades?

M. J. P.: El funcionamiento es algo que deben reglamentar cada uno de los municipios después de promulgada la ley. Lo que sabemos es que en Colombia no hay tarifas diferenciadas, como en otros países, para las personas con discapacidad, mujeres cabeza de familia, estudiantes y adultos mayores. La idea es que las tarifas sean cofinanciadas, por lo menos en un 50 por ciento, con recursos del presupuesto nacional o regional. Buscamos que las personas que no pueden acceder en las mismas condiciones a una calidad de vida puedan tener herramientas que permitan ir adquiriendo derechos que les han sido negados. Nos quejamos por el nivel de colados en el TransMilenio, pero puede que haya una familia que no tenga cómo garantizar el transporte a la mamá y al papá que trabajan y a los dos jóvenes que están en la universidad. Mucha gente tiene que elegir entre transportarse o comer.

SEMANA: Ustedes tienen un proyecto de ley para hacer un reajuste anual de las pensiones con el salario mínimo, ¿cómo van a lograr acuerdos políticos en elecciones y cuando se está cocinando una reforma pensional?

M. J. P.: Es el problema cuando uno legisla en línea con los intereses políticos y la coyuntura electoral y no en favor de la ciudadanía. Hay una población que ha estado toda su vida en la informalidad y no ha podido acceder a la pensión, por eso hay una serie de medidas laborales que buscan darles un mínimo de garantías. Claro que tendrá que conversarse en el Congreso, aunque cuando se está en la oposición esto no siempre es bien recibido, pero independientemente de eso nosotros legislamos en favor de la ciudadanía.

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SEMANA: ¿Cómo van a proteger los derechos de los campesinos?

M. J. P.: Con la promoción de los derechos de las mujeres rurales. El proyecto de ley busca garantizar mejoras para la población campesina, que siempre ha estado desprotegida, para que a través de normas relacionadas con la reforma agraria y programas de tierras las mujeres rurales puedan acceder a proyectos productivos y sostenibles, y así se pueda garantizar el uso y el acceso a la formalización de la tierra.

SEMANA: Cuando los voceros de los partidos la propusieron como candidata a segunda vicepresidenta de la Cámara todos la describieron como una "defensora de la paz", ¿cómo hará para defender lo acordado en La Habana desde la mesa directiva?

M. J. P.: Es una lucha y una reivindicación de muchísimos años. El tema de la paz será un eje central de mi gestión, eso pasa por garantizar que se incluyan en el orden del día para que puedan tener un buen desarrollo legislativo los proyectos de paz que impulsan los congresistas y aquellos que son fruto del acuerdo y que no han tenido desarrollo. Se harán debates de control político para revisar el estado de cumplimiento de los acuerdos de paz. Además, el Estatuto de la Oposición, resultado de los acuerdos, es una herramienta muy útil y mi compromiso es que se garanticen esos derechos.