“Ningún acuerdo les iba a gustar”: Juan Fernando Cristo

SEMANA: ¿Cuáles son los efectos de haber firmado una paz sin consenso?

JUAN FERNANDO CRISTO: El gobierno siempre buscó una paz con consenso. Antes y después del plebiscito, el presidente Santos estableció un diálogo social y político sin precedentes. En la última etapa este diálogo permitió mejorar el acuerdo, incorporando la mayoría de las propuestas de los distintos sectores del No. Además, se abrieron canales de comunicación que esperamos se mantengan más adelante. Aunque lo ideal habría sido lograr un acuerdo político amplio, la búsqueda del consenso absoluto no podía ser un obstáculo para lograr la paz. Tampoco podía prolongarse esta búsqueda poniendo en riesgo la posibilidad de concluir una negociación que llevaba seis años y que es fundamental para acabar con la violencia.

SEMANA: El acuerdo entre el gobierno y el No estaba cerca. ¿Por qué no hicieron un esfuerzo adicional?

J.F.C.: No fue así. Los sectores del No le entregaron al gobierno más de 500 propuestas que defendimos con compromiso en La Habana y cuya discusión en la Mesa de Negociaciones implicó tensiones y momentos muy duros. Las partes sacaron adelante un nuevo acuerdo con modificaciones sustanciales. La gente que votó No se ha dado cuenta de que hay un nuevo acuerdo. Ese era el compromiso del gobierno, pero unas pocas propuestas del No se volvieron inviables en la mesa de La Habana. Entre ellas, la de prohibir la elegibilidad de los exguerrilleros.

SEMANA: ¿No había fórmulas intermedias sobre elegibilidad, que habrían podido salvar el consenso?

J.F.C.: Ante la imposibilidad de lograr fórmulas en todos los temas con los voceros del No, propusimos un acuerdo entre el desacuerdo para buscar soluciones intermedias frente a diferencias esenciales, pero a medida que avanzaron las reuniones esa posibilidad fue haciéndose más difícil. En el tema de cárcel se impuso la tesis de establecer restricciones más precisas y duras a la libertad para los integrantes de las Farc que hubieran cometido delitos de lesa humanidad, y se incluyó en el nuevo acuerdo. En elegibilidad, como lo señaló el presidente, y a pesar de que se plantearon más de 15 fórmulas, no pudimos hacer cambios. Sin embargo, me hago la siguiente pregunta: ¿la posibilidad de elegir a los integrantes de las Farc en 2018 es una razón para no acabar con un conflicto armado de 52 años? El gobierno consideró que es más importante terminar el conflicto, evitar nuevas víctimas y avanzar en la transformación del campo, que quedarse en esa discusión.

SEMANA: ¿Esa fue la razón por la que en la última reunión no se llegó a nada?

J.F.C.: No fue solo esa. Los sectores más radicales del No llegaron a la última reunión con propuestas diferentes a las que plantearon inicialmente, desconociendo avances sustanciales en temas como reparación a víctimas, justicia y precisiones sobre el enfoque de género, entre otros. Al ver que ni siquiera en esos temas en los que se lograron avances trascendentales se reconocía el esfuerzo del gobierno y las Farc, concluimos que para algunos de los más radicales en la mesa con el No ningún acuerdo iba a ser satisfactorio. Pongo un ejemplo: después de aclarar que en los acuerdos no había ninguna ideología de género, algunos pidieron excluir la palabra género para limitarse a hablar de igualdad de derechos de las mujeres. El lunes, en la última reunión, confirmamos que ningún acuerdo posible les iba a gustar.

SEMANA: ¿No se debilita el acuerdo al ser refrendado por el Congreso y no por el pueblo?

J.F.C.: No. El anterior acuerdo no necesitaba ser refrendado. Sin embargo, en aras de darle aún más legitimidad, las partes consideramos que debería someterse a un plebiscito que inicialmente la oposición criticó y ahora reivindica. Hoy tenemos un nuevo acuerdo que tampoco tiene la obligación de ser refrendado, pero que las partes acordaron validar a través del Congreso. Este organismo de representación popular tiene todas las facultades y competencias para hacerlo y deberá lograr una implementación rápida, que garantice la desmovilización y desarme definitivo de las Farc y que permita que el Legislativo comience a tramitar los proyectos de ley y el acto legislativo que se requieren.

SEMANA: ¿Por qué no hacer otro plebiscito?

J.F.C.: Porque en las actuales circunstancias polarizaría más el país, demoraría el arranque de la implementación y, además, sería muy costoso. De hecho, en su momento quienes más criticaron que invertir 300.000 millones de pesos en un plebiscito era exagerado fueron los líderes del Centro Democrático.

SEMANA: ¿Y no había otra fórmula para refrendarlo?

J.F.C.: Por las circunstancias del momento esta es la más viable. Ahora bien, no cabe duda de que el proceso electoral de 2018 se convertirá en una nueva refrendación de carácter político. En ese momento el proceso habrá avanzado y, estoy seguro, los colombianos van a poder evaluar las ventajas de vivir en un país con menos homicidios, atentados y violencia.

SEMANA: Pero ¿no es muy débil una simple proposición del Congreso para darle vía a un acuerdo tan complejo?

J.F.C.: La refrendación de los acuerdos a partir de una proposición es una decisión política como lo fue la del plebiscito. La incorporación de normas jurídicas solo dependerá del compromiso del Congreso con la discusión y aprobación de los distintos proyectos.

SEMANA: La oposición insiste en que las salidas que buscó el gobierno para salvar el proceso fueron aceleradas y un poco a la brava. ¿Qué opina?

J.F.C.: En algunos momentos de este proceso hemos caído en discusiones santanderistas que parecen ir en contravía de cesar la violencia, reparar a las víctimas e impedir que haya otras nuevas. Los últimos incidentes, que han alterado el cese bilateral y la oleada reciente de asesinatos a líderes de derechos humanos, demuestran que teníamos que avanzar rápidamente en consolidar la paz y que no podíamos mantener la interinidad y la incertidumbre. Hay que celebrar que, a pesar de que no tuvimos eco en los sectores más radicales del No, hay un nuevo acuerdo para salvar vidas.

SEMANA: ¿Se puede confiar en el Congreso, que tiene una agenda bastante congestionada por proyectos tan complejos como la reforma tributaria?

J.F.C.: Hay que ir por partes. Esta semana avanzaremos en la refrendación con un debate político amplio. La tributaria tiene que aprobarse antes de terminar el año y el paquete grande de proyectos de la implementación llegaría al Congreso en enero, aunque las primeras iniciativas esperamos presentarlas antes de finalizar este año. Si se tramita por la vía ordinaria o por el procedimiento de fast track dependerá de la decisión de la Corte Constitucional. A diferencia de lo que ocurre con la tributaria, todos los partidos de la Unidad por la Paz están comprometidos con la implementación. Y la coalición por la paz es mucho más amplia que la Unidad Nacional.

SEMANA: Pero hay sectores de la Unidad Nacional que han dado indicios de que podrían asumir una posición cada vez más distante del gobierno. Entre ellos, algunos líderes conservadores y de Cambio Radical…

J.F.C.: No lo veo así. Hay tensiones evidentes en el Partido Conservador por cuenta de que que algunos de sus líderes como Andrés Pastrana, Alejandro Ordóñez y Marta Lucía Ramírez estuvieron en el No. No obstante, la bancada parlamentaria ha estado comprometida con la paz. Y estoy seguro de que seguirá estándolo. En cuanto a Cambio Radical, hay un enorme compromiso con sacar adelante la refrendación y la implementación en el Congreso.

SEMANA: ¿La Ley de Amnistía, esencial para arrancar la implementación del proceso, alcanzará a ser discutida este año?

J.F.C.: Esperamos que sí. La velocidad con que se apruebe depende de lo que la corte decida frente al fast track.

SEMANA: Preocupa mucho el asesinato de líderes sociales. ¿Estamos ante la perspectiva de una nueva reacción como la que hubo contra la Unión Patriótica en su momento?

J.F.C.: No lo vamos a permitir. Son circunstancias distintas. Hoy el Estado tiene más capacidad de brindar garantías de protección. Lo que realmente haría vulnerable el escenario es la interinidad del proceso de paz, sobre todo en zonas en que el narcotráfico y la minería ilegal tienen una presencia importante. El gobierno está tomando cartas para prevenir y castigar el asesinato de líderes ambientales y derechos humanos. Vamos a trabajar conjuntamente con la Fiscalía y organizaciones sociales afectadas como Marcha Patriótica, para esclarecer los hechos y actuar de manera rápida y preventiva en departamentos como Cauca, Nariño, Norte de Santander, Meta y Caquetá. Son vidas que nos duelen y no vamos a tolerar que se repita la situación de hace 30 años.