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Esperanza Navas trabajaba con la Fiscalía General de la Nación desde el 2008.
Esperanza Navas trabajaba con la Fiscalía General de la Nación desde el 2008. | Foto: Esperanza Navas

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La asesinaron en su casa mientras teletrabajaba y eso nos preocupa: Fasol sobre asesinato de fiscal en Tibú

La fiscal Esperanza Navas fue asesinada en Norte de Santander mientras trabajaba en su casa. Los sicarios le dispararon en nueve oportunidades, según el reciente reporte.

9 de junio de 2021

“Saber que ni en el lugar de residencia pueden estar seguros nuestros fiscales es algo muy grave”, señaló Carlos Ojeda, director de Fasol, Fondo Solidario con los Jueces Colombianos, tras conocer el asesinato de Esperanza Navas, fiscal primera de la seccional del municipio de Tibú.

“Ella estaba en la sala de su casa, en teletrabajo. Tenía la puerta abierta, como es costumbre en tierra caliente”, describe Ojeda a SEMANA, e indica que la seguridad la brindaba una reja. “Unos hombres que llegaron en moto timbraron y cuando ella se asomó le propinaron nueve tiros”.

Fasol denuncia que el personal de la rama judicial está trabajado en condiciones de riesgo y que no tiene seguridad. “Dicen que quizás ella no llevaba casos difíciles, pero todos sabemos que el Catatumbo es una región muy compleja. Todos los casos son de alto nivel y hay presencia de grupos ilegales, que no son simplemente bandas delincuenciales, sino estructuras al servicio del terrorismo como: ELN, disidentes de las FARC, grupos paramilitares; de todos ellos ha existido presencia históricamente en el territorio”, dijo

Ojeda teme que se esté volviendo a la época en la que los trabajadores de la justicia eran objetivos de grupos criminales e incluso del mismo estado: desde el año 1990, cuando nació Fasol, han reportado más de 1.500 actos delincuenciales a jueces y fiscales, ataques ligados directamente a su oficio. “Sus investigaciones son incómodas para algunos sectores y terminan en homicidios, amenazas, asilos”, dijo el director de la oenegé.

Según informó Ojeda, en este momento cinco trabajadores de la Fiscalía de Tibú permanecen en las instalaciones de la entidad (queda a dos cuadras de la casa de funcionaria asesinada), entre ellos tres investigadores del CTI, el fiscal de la seccional –que es Jhojan Méndez– y personal de servicios generales.

Carlos Ojeda manifestó a SEMANA, que el fiscal Méndez, por razones de seguridad, está pidiendo salir de Tibú por vía aérea, pues en la carretera hay bloqueos de vía que se convierten en riesgos para los funcionarios de la Fiscalía que se movilizan: “Estos días los trabajadores han tenido que regresarse a sus casas, sin presentarse como funcionarios y además diciendo que tienen que ir a alguna diligencia médica u otro asunto de prioridad”.

El crimen de Esperanza Navas levanta aún más preocupación entre la comunidad de Tibú y Norte de Santander, pues en este municipio han sido asesinadas 11 mujeres. El colectivo feminista Espacio Violeta, precisamente, hizo un llamado la semana pasada denunciando que “desde el inicio del mes de abril hasta la fecha 10 mujeres (11 con el asesinato de Esperanza el día de hoy) han sido asesinadas en Tibú, seis de ellas migrantes, además de 54 mujeres amenazadas a través de un video que circula por redes sociales. Miedo y zozobra es lo que se respira en las calles de este municipio y veredas cercanas que viven en conflicto armado”.

Por otro lado, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) capítulo Norte de Santander condenó a través de su cuenta en Twitter este hecho y advirtió “a la comunidad nacional e internacional la grave situación desatada contra las mujeres en Tibú, que llevan más de 6 meses denunciando feminicidios”.

Agregó que desde enero del presente año se viene “denunciando la situación de amenazas, señalamientos y feminicidios que vienen ocurriendo en Tibú, Norte de Santander”, y resaltó la preocupación porque en esto momentos “se esté ejecutando un plan de exterminio social o mal llamadas limpiezas sociales dirigido a las mujeres de Tibú”.

Este municipio, junto con los otros 10 de la región del Catatumbo, viven una situación compleja de seguridad que históricamente los ha tenido en el ojo de los grupos armados ilegales como el ELN, disidencias de las FARC, Clan del Golfo y Los Pelusos, que buscan hacerse con el control del territorio para manejar los cultivos de coca.