La extradición de un cabecilla del Tren de Aragua a Venezuela abrió un debate sin precedentes en la Corte Suprema: ¿es válido enviarlo a un gobierno ilegítimo?

SEMANA revela los detalles de una discusión sin precedentes en la Corte Suprema de Justicia por la extradición de uno de los jefes del Tren de Aragua: Johan Michael García Rojas, alias la Gallina.

Requerido por Venezuela por delitos como terrorismo, tráfico ilícito de estupefacientes, de armas y municiones, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir agravada, el magistrado Carlos Roberto Solórzano aseveró, mediante un salvamento de voto sin precedentes, que el Gobierno que requiere la extradición es completamente ilegítimo y se caracteriza por la violación de derechos humanos de los reclusos.

“El trámite de extradición es adelantado por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Esa institución ha sido permeada por las irregularidades que aquejan al Gobierno de ese país”, resalta el salvamento de voto, conocido en su totalidad por SEMANA.

Pese a la existencia de un tratado de extradición con 112 años de historia, el magistrado Solórzano indicó que no existe garantía de respeto a los derechos humanos de ningún ciudadano que sea requerido para ser sometido a un juicio. Citando la declaración de la Organización de los Estados Americanos el 23 de agosto de 2004, el magistrado afirmó que se trata “del Gobierno de facto que se instaló en ese país y que, por esa vía, ‘carece de imparcialidad e independencia’ (...) resulta imposible verificar y garantizar el respeto de los derechos humanos de los reclamados en extradición”.

El magistrado recriminó que “en Venezuela existe una violación sistemática de derechos humanos (...) no es admisible hacer oídos sordos”.

Para Solórzano, las retenciones arbitrarias, las destituciones a opositores políticos y las persecuciones que llevan hasta el exilio hablan de la situación que vive Venezuela. A esto se suma el hecho de que Estados Unidos ofreció una millonaria recompensa para capturar a Nicolás Maduro y su séquito como miembros del cartel de los Soles.

“Tal es el grado de ilegitimidad de quienes se reputan como gobernantes de la vecina nación que, recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos decidió, el 7 de agosto, ofrecer una recompensa por información que conduzca al arresto o condena de Nicolás Maduro”, señala el salvamento de voto.

“La decisión mayoritaria (de los magistrados) busca justificar la crisis del vecino país haciendo oídos sordos a la coyuntura que lo aqueja; cuando una respuesta no aborda el contenido de la problemática jurídica, política y social, ni consulta la protección de los derechos humanos del futuro procesado, mucho menos plausible es ignorar esa compleja realidad que aqueja a los estamentos de la nación venezolana”, cuestionó el magistrado en su voto, que llamó disidente.

La Gallina

El 28 de diciembre de 2024, el entonces director de la Policía, general (r) William Salamanca, anunció la captura de alias la Gallina tras un gigantesco operativo en la ciudad de Cali.

“¡Ni la brujería salvó al cabecilla del Tren de Aragua! En Cali capturamos a Johan Michael García, alias Gallina, tercero al mando de esta organización criminal, quien practicaba actos satánicos, incluido el sacrificio de animales, para intentar evadir la ley”, señaló el oficial.

Según la investigación, la Gallina era el “mayor proveedor de armas y drogas de la banda del Tren de Aragua en el norte del país. Controlaba rutas de narcotráfico y migración irregular desde Venezuela hacia Ecuador”.

En el operativo, agentes de la Dijín hallaron imágenes, amuletos, cabezas de aves y cráneos humanos, con los que la Gallina invocaba protección.

El futuro de la extradición de la Gallina, requerido por el Juzgado Especial Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, con competencia y sede en el Distrito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quedó en manos del presidente Gustavo Petro. ¿Escuchará los argumentos, que fueron derrotados, del magistrado Solórzano?