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| 10/24/2017 11:33:00 PM

La historia de cómo una fundación para niños discapacitados se transformó en casa del horror, en Ibagué

Los niños que llegaron a la Fundación Peces Vivos con discapacidades psicosociales leves tuvieron que acostumbrarse a vivir entre compañeros con ataques de pánico repentinos y adultos que presuntamente abusaron de su poder para castigarlos sistemáticamente.

La historia secreta de la casa del terror en Ibagué, de la fundación Peces Vivos La historia de cómo una fundación para niños discapacitados se transformó en casa del horror, en Ibagué Foto: Archivo particular

María exploró la Fundación Peces Vivos de Ibagué como si se tratara de un castillo del horror. Después de investigar durante cinco meses las denuncias interpuestas por un extrabajador del lugar que grabó en video los presuntos maltratos de los niños internados en el hogar, el 16 de agosto, María penetró por primera vez en la antigua casa colonial ubicada en el barrio La Pola de Ibagué, a unas pocas cuadras de la Alcaldía.

Antes de eso, ya había acudido en una ocasión anterior, pero por falta de una orden de allanamiento, le prohibieron el ingreso. Detrás de la puerta de madera del lugar hay una reja que se mantiene siempre cerrada con candado y que solo puede ser abierta desde la oficina de administración, por orden de la directora.

Cuando finalmente ingresó, María pudo ver que detrás del pasillo que marca la entrada de la fundación hay un patio en torno al que están dispuestas las habitaciones de los niños y una batería de baños, así como un comedor. Más lejos encontró otro patio y al fondo, unos salones vetustos a los que llaman aulas, que son simples habitaciones acomodadas para el estudio.

En varios de esos lugares fueron grabados los videos que le dieron la vuelta a la web en los que se ven a niños amarrados de pies y manos en camas, banquillos y sillas. Pero cuando entró María, cuyo verdadero nombre se mantendrá en reserva, solo encontró a los chicos sentados en sus bancas, juiciosos.

“Cuando nos vieron, no se asustaron, sino que estaban como alegres, saludándonos. Pero como les dan medicamentos tan fuertes, no es lo mismo que ver a un niño normal, se ven sedados, adormecidos”, dijo. “También encontramos bandas de tela larga, como de dos metros de largo por 3 centímetros de ancho, esas las utilizaban para amarrar a los niños”.

En ese momento fue cuando los psicólogos del CTI se entrevistaron con los menores y estos les contaron que eran amarrados por no hacer caso, por orinarse, por contestar mal a los formadores o por tomar los alimentos antes de que se les indicara. En Medicina Legal, también se constataron las marcas en sus cuerpos, los moretones y las raspaduras en sus brazos y piernas.

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Lo que sorprendió a los psicólogos fue que algunos de los niños les contestaron que eso era bueno para ellos porque los ayuba a ser más disciplinados cuando se portaban mal.

Cuando las autoridades capturaron a diez personas de la fundación, entre las que se encontraba la directora, Johana Dignore Rodríguez Olaya, y RCN reveló algunos de los videos filmados por el exfuncionario, en el que se ven a los niños amarrados, estalló el escándalo. Pero no era la primera vez  que se registraban denuncias sobre lo que ocurría al interior de la fundación.

El origen de la fundación

De acuerdo con los datos de los que dispone el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fundación Peces Vivos nació el 20 de enero de 2014 en Bogotá y obtuvo licencia de funcionamiento dos años más tarde, el 8 de junio de 2016, para la atención de 40 cupos en la modalidad ‘Internado Discapacidad Mental Psicosocial.

Los beneficiarios debían ser mayores de edad con discapacidad mental psicosocial certificada por médico psiquiatra o mayores de 7 años y adolescentes en situación de vulnerabilidad con esa misma discapacidad. Por eso, además de los niños fueron hallados al menos dos hombres adultos entre los ‘pacientes’ de la fundación.

Pero la luna de miel duró poco y apenas al mes siguiente, el 6 de agosto, Lorena Zárate, una vecina del lugar tuvo que interponer una queja porque varios de los niños se escaparon del hogar y, trepando por los techos, penetraron a su hogar.

No era la primera vez que sucedían hechos como este, pero el caso fue particularmente escandaloso, ya que según la Policía de Ibagué, una niña resultó herida ese día y reclamó a gritos que no la devolvieran al hogar. Además de que la demanda presentada por Lorena también incluía la mención de posibles maltratos a investigar por el ICBF. A raíz del evento, la Policía verificó los documentos de funcionamiento y la Alcaldía llegó a solicitar el cierre del establecimiento en octubre de ese mismo año.

Pero la fundación alegó que eso era imposible porque la licencia le había sido otorgada por el ICBF -que se la renovó el 2 de septiembre- y que solo esa institución podía revocársela. Nuevamente, el 27 de febrero de 2017 se renovó la licencia bienal para la atención de 40 cupos en la modalidad de internado.

De hecho, un detalle que extrañó a una vecina de la zona que busco trabajo en Peces Vivos fue que un día, cambiaron el letrero en la entrada de la fundación de “Discapacidad psicosocial” a “Internado”.

Aunque varios vecinos dicen haberse quejado de los gritos que se escuchaban en los alrededores de la vieja casa colonial, en horas de comida y de la noche, una sola denuncia ciudadana llegó al despacho de la Alcaldía, el 10 de agosto, de acuerdo con lo que explica el funcionario de la Secretaría de Gobierno, Marco Emilio Hincapié. El ICBF, por su parte, recibió 6 reclamos por presuntos maltratos.

La opinión de los expertos

Hay un punto en el que coinciden los expertos sobre tratamiento de niños con discapacidades mentales entrevistados, y es que no es sencillo tratar a los  chicos que padezcan afectaciones severas.

“Hay niños que pueden lastimarse a sí mismos, o a terceros. Que gritan e inventan historias. No por ser niños, sino porque así pueden ser las primeras manifestaciones de la esquizofrenia, por ejemplo”, explicó Gloria Marina del Río Mantilla, psicóloga clínica y presidenta de la fundación Cedesnid, para la inclusión y el desarrollo de poblaciones vulnerables.

Una advertencia similar a la que hizo el vicepresidente de la junta directiva de la Fundación Ángeles de Amor, Milton García. “Es concebible que una persona con esquizofrenia, en una crisis en donde quiera lastimarse o lastimar a terceros, sea eventualmente atada durante el episodio violento. Lo que no es concebible es que tales sujeciones sean permanentes, ya que sería considerado como tortura, toda vez que el evento, fue superado y muy posiblemente se sienta como una persona lúcida atada a una camilla sin razón alguna“.

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Y ese, precisamente es el umbral de tolerancia en tratamientos psiquiátricos que rebasaron los trabajadores de la Fundación Peces Vivos, según denunció el fiscal delegado para la protección de niños, niñas y adolescentes, Mario Gómez. “Se estableció que 11 de los 25 niños del internado han sido objeto de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes sancionados penalmente por las leyes”, dijo.

Las acusaciones

Lo que se ha dado a conocer hasta el momento, en las audiencias de imputación que se están llevado a cabo en Ibagué, es que las acusaciones de la Fiscalía se han concentrado en los tres cargos imputados de tortura agravada, concierto para delinquir y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.

El principal, que concierne a todas las personas arrestadas, es el de tortura agravada. “En los videos que se publicaron puede observarse que los niños son atados con cuerdas que no tienen nada que ver con las correas autorizadas para los adultos. Además de que en niños no son claros los protocolos de sujeción”, detalló una de las investigadores que participó en la recolección de información del caso.

En particular, un niño y una niña habrían sido las principales ‘víctimas’ de los trabajadores. El chico habría sido amarrado, sujetado o contenido, 199 veces, mientras que la niña de 10 años también habría vivido continuamente este tipo de tratos.

SEMANA, por su parte, recolectó los testimonios de tres familias que aseguran que sus hijos y hermanos fueron repetidamente reprimidos de esta misma manera, por los empleados de la fundación.

“Antes de entrar allá, W.M era un niño muy noble, que uno podía controlar; salió de allá y era un niño ofensivo, decía groserías. Entró con dos medicamentos no más, solo tomaba Risperidona y Ácido Valproico de 250 gramos y en la fundación le aplicaron cinco medicamentos. Decía el niño que lo amarraban, él se cortaba, no quería volver allí” dijo su hermana, María Isabel Medina.

“Él no tenía problemas mentales, en la escuela dijeron que un poco de hiperactividad, pero nada grave. Pero como eso lo determinan allí los psicólogos y uno no sabe nada (...) Lo que quiero decir es que esas personas van a tener que pedir disculpas, ¡Imagínese si fuera su niño!” reclamó por su parte Wilson, el papá de J.

En ambos casos, las conclusiones de los familiares apuntaron al hecho de que las sujeciones y la fuerte medicación, que debieran ser excepcionales en niños, se convirtieron poco a poco en un régimen disciplinario estricto y terrible con el que se “facilitaron la vida” los trabajadores de la fundación.

Por su parte, Fabián Tique, abogado de uno de los acusados, indicó que sus defendidos se habían ajustado a los protocolos y lo que se estaba presentando era una mala compresión de la complejidad de los tratamientos psiquiátricos.

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Pero los audios presentados durante las audiencias de imputación en los que se escucha a los imputados tratando presuntamente de convencer a niños para que no los denuncien, aunados a las denuncias de amenazas y ofertas de dinero a familiares para que callen -entre las cuales dos llegaron a manos de SEMANA- parecen ensombrecer el panorama de los trabajadores del lugar. Sin contar las pruebas que se están recopilando acerca de la posible falsificación de firmas del médico psiquiatra por parte de los trabajadores, que habrían podido servir para generar recetas médicas no autorizadas.

Será entonces el juez de garantías el que tendrá la tarea de decidir sobre la razonabilidad de las acusaciones de la Fiscalía, antes de que otro juez decida su suerte a lo largo del juicio que se vislumbra por venir.

Las interrogantes abiertas por el caso

Independientemente de lo que suceda con los diez trabajadores imputados por el caso particular de Peces Vivos, el escándalo ha dejado varias preguntas que tendrán que ser resueltas por las autoridades encargadas del cuidado de la infancia y de las poblaciones vulnerables en el país.

La primera de estas la plantea Henry Guarnizo, sujeto de discapacidad sensorial que manejó durante un tiempo los registros de incapacidad en el Tolima, cuando explica que la categoría de discapacidad Mental Psicosocial manejada por el ICBF es demasiado amplia y da lugar a abusos, además de que no puede ser tratada de acuerdo con un mismo protocolo y en un mismo espacio.

“La discapacidad mental es como el síndrome de Down profundo o autista profundo. La discapacidad intelectual son aquellas personas que padecen de déficit cognitivo o retraso en desarrollo psicomotor, como autismo leve. Las discapacidades psicosociales son aquellas que derivan en cambios en comportamiento y generan un distanciamiento para relacionarse con otras personas. Los bipolares, los que sufren de mitomanía o los depresivos”, precisó al respecto.

Un amplio abanico que podría ser el que explique que dos padres de familia se hayan quejado de que sus niños “sin problemas mentales” hayan sido enviados a la fundación, en la que convivieron con niños sujetos a ataques violentos y con trabajadores que, presuntamente, abusaron de su poder con sujetos vulnerables. Un verdadero infierno para el desarrollo de la personalidad de menores desprotegidos.

El segundo de ellos sería el de la vaguedad de los protocolos con los que se pueden tratar a los niños presos de discapacidades mentales profundas que identificaron los investigadores del caso cuando tuvieron que recabar conceptos en diferentes ministerios para poder aclarar los límites de la actuación de los empleados de Peces Vivos.

Mientras que el último, pero no el menos importante sería el de revisar las deficiencias en la vigilancia de los entes encargados de supervisar a la fundación.

Aunque los encabeza el ICBF (que tenía obligación de dar seguimiento al trato de los niños en su fundación e inició controles disciplinarios internos destinados a definir las responsabilidades en la que pudieron incurrir sus funcionarios), también la Gobernación del Tolima firmó un contrato en diciembre de 2016 con Peces Vivos, en el que se comprometió a vigilar la correcta ejecución de los recursos destinados a mejorar las oportunidades y la cotidianidad de los niños de la fundación.

Mientras que los entes de control, por su parte, tendrán que explicar exactamente cuántas denuncias recibieron respecto a malos tratos de los niños y el motivo por el que no prosperaron hasta que Sebastián, -el hombre que denunció el caso- aportó videos documentales que probaron sus decires y los de varios padres de familia que habían visto a sus niños pasar por ese lugar.

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