La JEP dio vía libre a las eventuales obras que se realizarían en el Canal del Dique, ¿qué se viene ahora?

Tras dos días de audiencia pública en Cartagena, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio vía libre a la intervención del megaproyecto que busca mejorar la navegabilidad y preservar los ecosistemas en el Canal del Dique.

No obstante, el alto tribunal también estableció una serie de medidas cautelares para facilitar el acceso de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y evitar daños que pongan en riesgo sus derechos. Estas determinaciones, según la JEP, no afectan el cronograma en la ejecución del proyecto.

La primera orden fue la creación de un protocolo arqueológico-forense que se encargaría de buscar a las personas dadas por desaparecidas en el Canal del Dique y realizar posibles entregas dignas.

”Este protocolo debe hacer referencia a procesos de monitoreo; registros técnicos, fotográficos, topográficos y arqueológicos; suspensiones temporales de las obras en el frente de trabajo donde ocurra el hallazgo y protección de puntos de interés forense que hagan posible las recuperaciones”, explicó la JEP.

La Jurisdicción también ordenó que, para futuras obras y proyectos en Colombia, el Ministerio de Transporte construya junto con otras entidades del estado, un documento de lineamientos para protocolos de salvaguarda y protección de cuerpos no identificados de presuntas víctimas del conflicto

“Las medidas cautelares imponen una realidad que el país debe asumir sin excusas: los megaproyectos, en zonas de alta incidencia de desaparición forzada, tienen una obligación moral como paso para reafirmar los valores de una sociedad: se deben incluir procesos exhaustivos de indagación y búsqueda de posibles víctimas”, advirtió el presidente de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, el magistrado Gustavo Salazar.

Otra de las medidas es que Cormagdalena deberá informar a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) de cualquier tipo de intervención en el Canal del Dique con ocasión o no de emergencias naturales, mientras se encuentre vigente esta medida cautelar. Esto, con el objeto de que se coordinen las acciones previas necesarias para salvaguardar el proceso de búsqueda, identificación y entrega de cuerpos.

También se ordenó a la vicefiscal general de la Nación, Martha Janeth Mancera, que elabore un ‘plan de acción para superar la impunidad en la región del Canal del Dique’, que incluya las graves violaciones a los derechos humanos, en especial las desapariciones forzadas, imputables a grupos armados ilegales, agentes del Estado y terceros civiles.

Finalmente, como medida restaurativa, se ordenó a los gobernadores de Atlántico, Bolívar y Sucre que, de manera coordinada con los alcaldes y alcaldesas de los 20 municipios que atraviesa el Canal del Dique y, en concertación con las víctimas, diseñen e implementen una Ruta de Memoria demarcada por placas conmemorativas y narrativas ubicadas en lugares públicos a lo largo del Canal.

¿Qué sigue?

Para que la APP del Canal del Dique continúe su proceso adjudicatorio y posterior ejecución de las obras, la Agencia Nacional de Infraestructura está a la espera de que la Corte Constitucional resuelva un conflicto de competencia presentado entre los Juzgados Sexto Administrativo de Cartagena (Bolívar) y Tercero Penal del Circuito de Sincelejo (Sucre), ante una acción de tutela que interpuso el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Los Olivos de Hato Viejo, Bolívar, reclamando consulta previa del proyecto.

El proyecto de ‘Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique’ está concebido para controlar el tránsito de sedimentos del canal hacia la bahía de Cartagena y la bahía de Barbacoas, además de mitigar el riesgo de inundaciones al estar al tanto de los niveles de agua en el canal.

Se contempla la construcción de dos sistemas de esclusas en Calamar y Puerto Badel, compuertas en Calamar y obras de interconexión entre las ciénagas del área de influencia del brazo artificial del río Magdalena.

El proyecto es pionero en Latinoamérica y contará con una inversión por el orden de los $3,1 billones, luego de más de 50 años de estudios, debates y conversaciones sobre su viabilidad.