La Lonja de Bogotá, en apuros por los bienes incautados

La prudencia con la que la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá y la Sociedad de Activos del Estado han manejado sus diferencias por la dirección de los recursos provenientes del alquiler o explotación de más de 1.700 inmuebles no corresponde con el malestar que este asunto viene generando en cada una de las entidades.

La historia empezó en 2011 cuando la Lonja recibió, según la entidad, el manejo de 1.760 bienes de la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes. A cambio, ganaría el 10 por ciento de lo recaudado como cuota de administración, una cifra superior a la que se les reconoce a la mayoría de los depositarios. A su vez, la Lonja cedió el manejo de los bienes a inmobiliarias afiliadas a la entidad y a particulares, a quienes la agremiación les reconoció hasta el 7 por ciento del valor del alquiler. Es decir que por la intermediación, la Lonja se quedaba con un 3 por ciento de todo el negocio.

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Uno de los administradores le dijo a SEMANA que el acuerdo funcionó bien hasta mediados de 2015, cuando la Lonja les empezó a incumplir con sus pagos e, incluso, a suspenderlos tras argumentar falta de recursos y dificultades con la SAE, entidad que había asumido las funciones de la liquidada Dirección de Estupefacientes.

Precisamente, cuando la SAE se dio cuenta en 2015 de que un supuesto pago de la Lonja al Fisco, por 524 millones de pesos, había sido alterado, encendió las alarmas, comenzó a examinar los informes de administración y los pagos recibidos desde 2011 y comienzos de 2017. En las pesquisas encontró grandes faltantes de dinero, de soportes y hasta falta de pagos del impuesto predial. También halló desorden en la entrega de la información. El desfase, de acuerdo con una carta enviada a la Lonja conocida por SEMANA, ascendería a 6.288 millones de pesos.

Según varios administradores de estos bienes, una alta ejecutiva de la tesorería de la Lonja, que había hecho toda su carrera en ella y tenía la confianza total de las directivas, habría sustraído millonarios recursos provenientes de la administración de los bienes del Estado. Y, para ocultar el supuesto desfalco, habría escondido y manipulado durante un buen tiempo la información y los balances. Ni las cirugías plásticas ni los cambios en la forma de vestir de la empleada, a quienes sus compañeros apodan Marbel, llamaron la atención de las directivas de la Lonja.

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El ingeniero Andrés Martínez Umaña, que llegó hace poco a la presidencia de la Lonja y ha tenido que hacerle frente a este pleito, le respondió a SEMANA que si bien es cierto que hay diferencias económicas con la SAE, estas ascienden, según las cuentas de la entidad, a “1.126 millones de pesos. A la fecha, le hemos radicado a la SAE 3.781 folios en la que se sustenta esta cifra”.

Y, aunque no quiso ahondar en lo ocurrido, Martínez ratificó que “la Lonja fue víctima de una serie de delitos que involucraron un detrimento patrimonial para la entidad, lo que generó dificultades financieras para realizar ciertos pagos. Sin embargo, continuaremos respondiendo por las obligaciones a la SAE”. Además, advirtió que la Fiscalía General de la Nación está investigando por las acciones penales que interpusieron en su momento.

Para la SAE, las explicaciones de la Lonja son insuficientes e incluso tan caóticas, que en marzo de 2016 le quitaron 893 bienes, una cifra que ni siquiera concuerda con las que dice la agremiación. Carlos Andrés Quintero, gerente de Asuntos Legales de la SAE, le dijo a SEMANA que a pesar de las numerosas reuniones y mesas de trabajo, la Lonja no ha podido soportar los 6.288 millones de pesos. “Estamos a la espera de finalizar la etapa prejudicial, de conciliación como lo ordena la ley, para poder iniciar las acciones judiciales”, dijo.

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Frente a este escándalo en el que están involucrados de nuevo los bienes de la mafia en poder del Estado, se requiere que la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá explique su actuación, no solo para entender lo ocurrido, sino para aclarar su futuro y defender su bien ganado prestigio.