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El archipiélago de San Bernardo está ubicado frente al golfo de Morrosquillo, en Sucre, e Isla Fuerte, en las costas de Córdoba. | Foto: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI

COSTA CARIBE

La pelea de Sucre y Córdoba por las islas de San Bernardo

Los gobernadores de ambos departamentos, junto al representante Héctor Vergara, pidieron al Igac revisar la posibilidad de que el archipiélago e Isla Fuerte, que pertenecen hoy a Cartagena, pasen a sus dominios. 

29 de febrero de 2020

Parece un cuento de la época de la colonia, pero Cartagena está bajo asedio por un nuevo conflicto limítrofe. El representante a la Cámara Héctor Vergara y los gobernadores de Sucre, Héctor Espinosa, y de Córdoba, Orlando Benítez, le solicitaron al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) revisar la jurisdicción que ejerce Cartagena sobre el archipiélago de San Bernardo, ubicado frente al golfo de Morrosquillo, en Sucre, e Isla Fuerte, en las costas de Córdoba, “con la finalidad de proceder con una desagregación de los mencionados territorios insulares y la consecuente agregación (sic) de los mismos a los departamentos de Sucre y Córdoba, respectivamente”. 

Según los gobernadores y el representante, las leyes 9 de 1951 y 47 de 1966, que crearon los departamentos de Córdoba y Sucre, no fueron claras al respecto: “Al no indicarse a qué departamento debían pertenecer (por más que geográficamente estén en costas sucreñas y cordobesas), es la capital del departamento de Bolívar la que tomó como suyos dichos territorios”.

El punto más lejano del archipiélago de San Bernardo está a unos 13 kilómetros de las costas de San Onofre (Sucre), mientras que Cartagena se encuentra a casi 80. Isla Fuerte, por su parte, queda a casi 140 kilómetros de la capital de Bolívar. Esa lejanía es, según Espinoza, Benítez y Vergara, uno de los principales factores del retraso y el abandono en que viven los habitantes de estos territorios. 

 En la solicitud argumentan, entre otras cosas, que los territorios tienen su acceso principal y su mayor relación comercial con Tolú (Sucre). “Esa misma cercanía es la que lleva a que los pobladores usen al municipio de Tolú como su principal despensa y socio de intercambios de productos del mar”, dice el documento conocido por SEMANA. 

Esta disputa territorial en la costa Caribe se parece a la controversia entre Antioquia y Chocó por el corregimiento de Belén de Bajirá. 

Por otro lado, según los firmantes, hay pocos registros de los primeros pobladores de esos territorios insulares. Pero los datos hallados refieren que los habitaron grupos aborígenes provenientes de Tolú y posteriormente pescadores de Barú.  

 La Ley 768 de 2002 definió la organización política, administrativa y fiscal de Cartagena y esto dio paso para la definición de tres localidades en la ciudad. La Histórica y del Caribe Norte es una de ellas y de esta hacen parte la mayoría de los corregimientos insulares, entre los que se encuentran Isla Fuerte y el archipiélago de San Bernardo. 

A este último lo conforman las islas Boquerón, Palma, Panda, Mangle, Ceycén, Cabruna, Tintipán, Maravilla, Múcura y Santa Cruz del Islote, un territorio artificial. Todas menos Boquerón, que pertenece al municipio de San Onofre (Sucre), dependen administrativamente de Cartagena. Sus territorios sumados alcanzan casi 214 kilómetros cuadrados y agrupan una población de casi 1.500 habitantes. 

En Cartagena consideran extrañas y hasta agresivas las pretensiones de Sucre y Córdoba, porque nunca nadie antes planteó el tema y parecen querer tomarlos por sorpresa. David Múnera, secretario del Interior de la ciudad, no tenía idea de la solicitud de revisión cuando se entrevistó con SEMANA. A él le suena ilógico que a esta altura alguien esté planteando modificar la delimitación de esos territorios, pues los parámetros actuales están definidos por leyes, y obviamente no van a permitir que se haga ningún cambio.

 “La cercanía o lejanía a un centro urbano no determina la jurisdicción sobre las islas. En ese orden de ideas, habría que revisar la organización de muchos departamentos”, dice el secretario. El Igac resolverá en primer lugar la duda de los intereses cordobeses y sucreños. Luego, si la discusión queda abierta, el Congreso de la República presenciará la contienda legal.