Más de seis mil presos podrían ir a prisión domiciliaria durante emergencia por coronavirus

La sobrepoblación de las cárceles, sumado al temor por la expansión del coronavirus —que ya deja 235 contagiados y dos muertos en Colombia— obligaría al Gobierno a decratar el estado de emergencia en los centros penitenciarios.

Con la decisión, el Ministerio de Justicia podría usar instrumentos excepcionales para facilitar la excarcelación —temporal— a un porcentaje de los colombianos privados de la libertad que cumplan condiciones como estas: ser mayores de 60 años, ser madres gestantes o de niños menores de 3 años, tener enfermedades crónicas o haber sido condenado a una pena de poca duración.

Aunque el decreto aún no está listo, se cree que al menos diez mil personas de las 124.188 recluidas en el país (a corte de 31 de enero de 2020) se beneficiarían con la medida. Para el caso de los adultos mayores, el Inpec reporta que el 4.3% de los reclusos del país tienen más de 60 años. Es decir, 5.884 mujeres y hombres pagarían su pena desde casa durante al menos tres meses, con una probabilidad de extensión de tiempo dependiendo de cómo evolucione el coronavirus en el país.

En cuanto a las madres, las estadísticas del Inpec dan cuenta de 58 mujeres gestantes y 12 lactantes en los centros penitenciarios de las seis regionales del país. Sin embargo, no hay muchos datos respecto a cuantas de ellas cumplen ambas condiciones de ser gestantes y tener hijos menores de tres años que viven con ellas en los centros de reclusión. Tan solo se sabe que hay 8.759 mujeres en la población interna. 

En 2018, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) realizó un informe junto a la Universidad Javeriana y el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México (CIDE) titulado Mujeres y prisión en Colombia: Desafíos para la política criminal desde un enfoque de género. El documento cita al Inpec y señala que para agosto de ese año había 67 niños menores de tres años viviendo junto a sus madres en las cárceles colombianas.

Otros de los candidatos a ser acogidos con la medida de detención domiciliaria serían aquellos que tengan penas de corta duración, por ejemplo, los 27.924 reclusos que recibieron una condena entre los cero y los cinco años de prisión.

No obstante, enviar a casa a todos estas personas representaría un despliegue de recursos humanos y económicos para garantizar el seguimiento y control de cada proceso de los que nos dispone por el momento el sistema penitenciario del país. Cabe recordar que los establecimientos de reclusión presentan un 54.9% de hacinamiento ya que solo están capacitados para atender a 80.156 personas. Mientras que casi cuarenta y cinco mil más habitan en los pasillos, patios y rincones de las cárceles aguardando condiciones dignas.