Minería ilegal aumentó la contaminación con mercurio y la deforestación en seis departamentos, la grave denuncia de Procuraduría

El incremento de la minería ilegal en Colombia generó un notable aumento en la contaminación con mercurio en las fuentes hídricas, la deforestación y afectaciones a los ecosistemas ecológicos en los departamentos de Santander, Bolívar, Antioquia, Chocó, Caldas y Boyacá. Con esta premisa, la Procuraduría General convocó a la primera Mesa Nacional de Mercurio, para hablar y atender esta grave problemática socio ambiental.

El Ministerio Público convocó a 50 entidades estatales, entre entes de control, corporaciones, autoridades ambientales, organizaciones y universidades, para consolidar una estrategia nacional de articulación interinstitucional, que facilite el monitoreo y control al uso del mercurio y sus impactos socio ambientales. En la citación, la Procuraduría precisó que la solución para frenar de manera eficaz esta actividad ilícita de alto impacto requiere de la coordinación entre las diferentes autoridades y el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales.

La reunión, liderada por el Ministerio Público, se realizará el próximo 26 de enero en la capital de la República, esto con el objetivo de garantizar la protección del ambiente y los derechos colectivos de las comunidades, mediante la reducción y eliminación del uso de mercurio, evitando así la irreversible afectación de los ecosistemas y salud de los habitantes de los territorios que se benefician de sus servicios ecosistémicos, así como frenar la deforestación generada por esta actividad ilegal.

Entre los citados se encuentran entes de control, autoridades nacionales y territoriales y los jefes de las carteras ministeriales de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Minas y Energía y Agricultura y Desarrollo Rural.

Irregularidades en títulos mineros

El pasado 19 de enero, desde Barrancabermeja (Santander) Álvaro Pardo, director de Agencia Nacional de Minería (ANM), se reunió con los líderes regionales que convocaron protestan en contra de licencia para la explotación de carbón a cielo abierto.

La manifestación pacífica busca que se revoque la licencia que la Corporación Autónoma de Santander (CAS) le otorgó a la empresa minera Colcco SA, para el desarrollo de explotación de carbón a cielo abierto por un periodo de 30 años, en los municipios de San Vicente y El Carmen de Chucurí.

Dicho proyecto minero, según los líderes ambientales, cuenta con 1.900 hectáreas concesionadas para la explotación y podría contaminar el río Cascajares, del cual varias comunidades se abastecen.

Ante esta situación, los habitantes de San Vicente, El Carmen de Chucurí y el sector de La Lizama decidieron alzar su voz para impedir que se generen daños ambientales irreversibles en sus territorios. La manifestación, aunque pacífica, ocasionó el bloqueó de la vía que conecta a Santander con la Costa Caribe.

En medio de la manifestación, los líderes ambientales recibieron amenazas de muerte a través de panfletos, presuntamente, firmados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). La gravedad de la situación, obligó a las autoridades departamentales y nacionales hacer presencia en la zona, tal como quedó evidencia en las últimas horas con la reunión que sostuvo el director de la ANM con las comunidades.

De acuerdo con Pardo, la adjudicación de títulos mineros en Santander se ha hecho bajo una serie de irregularidades que ponen en entredicho la transparencia de estos procesos; por ello se hace necesario reestructurar la forma de hacer minería en la región.

“El título viene desde 2006, yo llevo tres meses y medio en la Agencia Nacional de Minería y he encontrado cosas que ustedes quedarían verdaderamente aterrados por la forma en la que se entregaron esos títulos, no pagan, nadie les caduca y venimos a cambiar el curso de esa situación. El problema es que lo dejan a uno amarrado”, expresó el director de la ANM.

No obstante, según la Agencia Nacional de Minería, no se puede hacer nada para impedir la minería en esta zona del Magdalena Medio santandereano. En palabras del funcionario, solo resta “hacer cumplir sus derechos y garantizar que no se va expropiar a nadie. Vamos a exigir que esas organizaciones cumplan con las obligaciones sociales y ambientales”.

Y agregó que: “Desde lo minero no hay, desafortunadamente, mucho que hacer porque nos dejaron amarrados. Si yo mañana quisiera, por ejemplo, caducar ese contrato y título minero, al día siguiente me llegarían investigaciones disciplinarias, Procuraduría, etc., entonces como funcionario debo obrar como corresponde y con el debido proceso”.