INFORME | 3/14/2016 9:03:00 PM

La misteriosa entrega final del contrato de Natalia Springer

El resultado del estudio sobre los crímenes cometidos por el ELN y las bacrimes está en manos del fiscal general y nadie ha tenido acceso por confidencialidad. ¿El país debe conocerlo?

Natalia Springer debió entregar el informe el pasado 31 de diciembre del 2015. Foto: Archivo particular

El nombre de Natalia Springer va y viene en la Fiscalía. Es como un fantasma que no deja de rondar a muchos funcionarios que han visto cómo con la millonaria contratación que se le entregó le hizo un daño enorme al ente acusador. Otros han defendido esa actuación porque, dicen, con sus estudios la entidad fortalecerá su aparato investigativo.

El 8 de febrero Semana.com reveló que la polémica analista no cumplió con la entrega de la fase final del contrato 253 del 3 de julio del 2015 con el que se comprometió a prestar sus servicios de asesoría, acompañamiento y apoyo jurídico al fiscal general, Eduardo Montealegre.

Se trata de uno de los tres contratos obtenidos con el ente acusador para las investigaciones de los crímenes cometidos por el ELN y las bandas criminales (bacrimes) en el marco del conflicto armado de Colombia, el cual estaba cuantificado en 3.085 millones de pesos.

Según las cláusulas del contrato, la politóloga debió entregarlo finalmente el 31 de diciembre del 2015, pero a febrero 8 del 2016 Springer no lo había hecho. Entonces, funcionarios de la Fiscalía confirmaron que a ella se le hizo una prórroga hasta el 29 de febrero del 2016.

Este portal recordó que en la primera entrega, la analista presentó el estudio metodológico para la investigación, por el que recibió una suma de 617 millones de pesos. El segundo pago fue por 925 millones de pesos, por la entrega del documento preliminar sobre los crímenes cometidos por el ELN y las bacrimes. Pero el tercero no llegó a tiempo.

Pasó el 29 de febrero y, desde entonces, reporteros de este portal indagaron con altos funcionarios de la Fiscalía con el fin de establecer si la analista cumplió a carta cabal con el contrato. Las respuestas no fueron suficientes y muchos las evadieron.

Por ejemplo, en la Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión, oficina donde se lidera toda la contratación, no tienen conocimiento sobre ese contrato. Allí dijeron a periodistas de Semana.com: “El señor fiscal es el que recibe los productos de Natalia Springer. Prórroga (después del 29 de febrero) no tuvimos”.

Este portal también indagó con el director de la Oficina de Análisis y Contexto, precisamente la oficina a donde tienen que llegar los estudios y análisis de Natalia Springer, y allí tampoco dan cuenta de la fase final del contrato. Su director expresó: “Este despacho no tiene nada que ver con la auditoría de ese contrato y corresponde al despacho del fiscal general”.

Los periodistas también tocaron las puertas de la oficina del jefe de la Oficina de Informática de la Fiscalía, Carlos Ariel Useda Gómez, que -en el papel- actúa como supervisor de ese contrato. Allí dijeron, este lunes, que se encontraba en una reunión y que no podía atender ningún requerimiento.

Carácter confidencial

Otros consultados advierten que Natalia Springer en la entidad es un tema que a la postre podría darles problemas, por lo que prefieren no confirmar ni negar nada sobre este asunto. En la tarde del lunes, voceros de la Oficina de Comunicaciones dijeron que el informe sí fue entregado al fiscal general, pero que no se dará a conocer ninguna información sobre los resultados debido a que es considerado de carácter confidencial.

Una respuesta que llama poderosamente la atención porque hace varios meses el fiscal y Natalia Springer presentaron, en Estados Unidos, un informe previo de los resultados de una investigación sobre crímenes de guerra y lesa humanidad atribuidos el ELN.

Así las cosas, no existe certeza sobre el reporte final de uno de los contratos más polémicos de la era Montealegre. El solo hecho de que se confirme la entrega no es garantía, en tanto es sólo un funcionario quien lo conoce y corresponde al fiscal general, contratista y auditor del mismo.

Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías Ciudadanas y quien ha interpuesto quejas disciplinarias y denuncias por este episodio, le dijo a Semana.com que “esa contratación es pública y ahora tiene el tratamiento de una contratación privada. La falta de información sobre lo que ha ocurrido con esos contratos denota una falta de transparencia de una entidad llamada a rendir cuentas públicas de su gestión”.

Bustos añadió que su oficina nunca recibió respuesta de fondo a los requerimientos que se hicieron a la Fiscalía para hacerle seguimiento a ese contrato.

¿Qué debe tener el informe final? Según el contrato en poder de este portal, el resultado de esta investigación dará las bases para el procesamiento de los miembros de los grupos ilegales ELN y bacrimes.

En el caso del ELN, la firma de Natalia Springer deberá presentar un documento por los crímenes de guerra así: reclutamiento de niños, violencia sexual y ataques a la infraestructura. Esto último (ataques a la infraestructura) fue lo que ella presentó en una visita a Estados Unidos, junto al fiscal general en un conversatorio en el Diálogo Interamericano de Estados Unidos.

En el caso de las bandas criminales se tiene proyectado un estudio sobre las tres organizaciones de más alto impacto en el país en el marco del conflicto armado: ubicación, identificación, verificación y entrevista con víctimas.

Este informe final, por el cual estaba pendiente un pago de 1.542 millones de pesos, “deberá ser publicado en versiones digitales e impresas, en español e inglés, para ser socializado con todos los funcionarios del ente acusador y la ciudadanía en general para consulta jurídica y académica”, dice el contrato y hasta el momento este punto no se ha cumplido.

Así las cosas, mientras el ente acusador define realizar un informe de gestión sobre estos contratos, la Procuraduría avanza en la indagación que abrió para establecer si existió alguna irregularidad. En el Ministerio Público dijeron que la próxima semana se cierra la etapa probatoria de la investigación y, a partir de allí, entrará a probar si los funcionarios involucrados en dicho contrato incurrieron en alguna falla disciplinaria.