Palacio de Justicia: magistrados se declaran impedidos

Es casi un hecho que la Corte que absolvió al coronel (r) Luis Alfonso Plazas por su participación en la toma del Palacio de Justicia no será la misma que examine si revoca o no la condena que, por los mismos hechos, tiene detenido al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales.

Los magistrados Fernando Castro, Eugenio Fernández, Gustavo Enrique Malo y Luis Guillermo Salazar se declararon impedidos para conocer la demanda de casación que interpuso el oficial (r) Arias. Lo hicieron por considerar que su participación en la elaboración del fallo que absolvió a Plazas puede suponer un preconcepto frente a este caso.

Cuando la Corte absolvió al excomandante de la Escuela de Caballería (Plazas) por la desaparición de civiles que tuvo lugar en el holocausto del Palacio de Justicia, concluyó que ese oficial (r) no podía ser responsable de los hechos, entre otras razones, porque no comandó el operativo de retoma del edificio, que fue tomado por asalto de un comando del M-19.

A juicio de esa corporación, el cerebro de la acción militar fue Jesús Armando Arias Cabrales. Según la providencia, este oficial (r), que para la época de los hechos comandaba la Brigada 13 del Ejército, fue quien dispuso la evacuación de rehenes y demás personas que salían del complejo judicial, “incluidas aquellas que se dice que desaparecieron”.

Para los cuatro magistrados que se declararon impedidos para juzgar la responsabilidad de Arias, esas conclusiones son un motivo suficiente para tener que marginarse. Según ellos, la exposición de la forma como se expuso la teoría del caso Plazas significa que ya expresaron un concepto previo frente a la participación que tuvo el oficial en estos acontecimientos.

Además, explicaron que las pruebas examinadas en la sentencia que le devolvió a la libertad a Plazas Vega son casi idénticas. De ahí una razón más para considerarse impedidos.

Así las cosas, es casi un hecho que los cuatro togados tendrán que apartarse del caso. De ser así, es muy posible incluso que el proceso resulte en manos de conjueces y no exclusivamente en manos de magistrados titulares.

Arias Cabrales fue condenado a 35 años de prisión por una juez de Bogotá en el 2011, por la desaparición de 11 civiles. En el 2014, el fallo fue ratificado por el Tribunal Superior de Bogotá, pero únicamente frente a dos de aquellas víctimas.