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Una compleja red dedicada al saqueo del erario, a través de la contratación en Caldas, Cauca, Chocó, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, acaba de ser puesta al descubierto y pone en serios problemas al senador liberal Mario Castaño.
Una compleja red dedicada al saqueo del erario, a través de la contratación en Caldas, Cauca, Chocó, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, acaba de ser puesta al descubierto y pone en serios problemas al senador liberal Mario Castaño. - Foto: SEMANA

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Pareja sentimental del senador Mario Castaño se ganó 20 millones de pesos por “no hacer nada”, revela Fiscalía

SEMANA publicó el viernes en exclusiva audios que demostraban cómo el congresista acordaba esos negocios ilegales por miles de millones de pesos. Habría liderado una “organización criminal” que entregaba cargos en entidades públicas a cambio de comisiones.

Para la Fiscalía General, las personas cercanas al senador liberal Mario Castaño formaron parte de un “grupo criminal organizado” que cobraba millonarias comisiones a cambio de gestionar la entrega de cargos en entidades públicas y contratos en el departamento de Caldas, principalmente.

En la audiencia de imputación de cargos, el fiscal del caso señaló que existió una coordinación para el perfilamiento de personas que estaban en situación de desempleo con el fin de extorsionarlos para que aceptaran la entrega de comisiones a cambio de la entrega de puestos en entidades de la Contraloría General, el Instituto de Bienestar Familiar, la Procuraduría, el Sena, entre otras.

Ejerciendo una serie de presiones lograron que 16 personas aceptaran el pago de estas comisiones para recibir un contrato de prestación de servicios. Las otras personas cercanas al senador habrían recibido de manera directa y sin necesidad de una licitación pública contratos de infraestructura.

Daniela Ospina, quien es la compañera sentimental del senador Castaño –revelan las pruebas–, recibió un contrato de la División de Recursos Humanos del Senado por 15 millones de pesos por trabajos de asesorías por el término de tres meses. Luego, se le adicionó un mes más por un valor cercano a los cinco millones de pesos. Sin embargo, la evidencia revela que jamás hizo el trabajo por el que fue contratada.

Por medio de la presentación de un informe de ejecución al supervisor de Contratos del Congreso en marzo de 2021, Ospina entregó unas cuentas de cobro por un trabajo que no se realizó. “Ustedes recibieron esa plata por no hacer absolutamente nada”, precisó el fiscal del caso. Concretamente –reclamó el delegado del ente investigador–, recibió 20 millones de pesos del Senado de la República por “algo que no hizo”.

Debido a esto le imputó el delito de estafa agravada, puesto que con su actuar hizo incurrir en un error al supervisor de Contratos que ordenó pagarle el sueldo por el trabajo que ella sustentó que había hecho. “Usted obtuvo un provecho ilícito de 20 millones de pesos” con la presentación de un informe que no correspondía a la verdad.

“Para la Fiscalía es totalmente claro que esos informes de ejecución y la respectiva cuenta de cobro es el mecanismo como se induce en error a la administración, pues está plenamente identificado que ustedes no hicieron absolutamente nada”, recalcó.

Así fueron las 16 extorsiones

Entre el 24 de enero y el 15 de marzo de 2021, desde el número privado de Juan Carlos Martínez, quien fungía como asesor del senador Mario Castaño, se hicieron 16 llamadas a un grupo de personas para ofrecerles contratos de prestación de servicios a cambio de una comisión y apoyar con proselitismo al congresista, quien busca reelegirse para cuatro años más.

Martínez –quien fue imputado por los delitos de extorsión y estafa agravada– habría aprovechado su cargo para ejercer presiones indebidas y ofrecer estos cargos sabiendo que eso estaba prohibido. Entre los cargos que “ofrecía” Martínez estaban los de directores del Sena en Caldas y Manizales, así como puestos en la Procuraduría y la Contraloría Regional. Para la Fiscalía, el asesor ejerció una “presión psicológica” puesto que sabía que estas personas tenían una necesidad económica.

El fiscal del caso puso de presente que se investiga un caso de 2022 en el que además de la exigencia de dinero se habría presentado una solicitud de “favores sexuales”.

Daniela Ospina, compañera sentimental del congresista, habría adelantado, según las pruebas recolectadas, el perfilamiento de las personas a las que se iba a llamar para ofrecerles los contratos de prestación de servicios en las entidades públicas a cambio de comisiones y proselitismo político a favor del senador Castaño.