Para Uribe, el país no debe aceptar el acuerdo de víctimas

Era previsible que el expresidente Álvaro Uribe se pronunciara en contra del acuerdo que el Gobierno y las FARC suscribieron en el punto de víctimas. Ha sido el principal contradictor del proceso de paz y ha dicho que el acuerdo no despejó sus críticas. Por el contrario, calificó el documento de ambiguo y riesgoso, y aseguró que lo pactado en materia de justicia va a generar nuevas violencias.

Este martes, en La Habana, los voceros del Gobierno y la guerrilla dieron por cerrado el punto de las víctimas, considerado el más complejo del proceso de paz. Allí está incluido todo el capítulo en materia de justicia, cuyas bases fueron acordadas el pasado 23 de septiembre, pero que sólo fue publicado en su totalidad hasta ahora.

Este acuerdo consta de 75 puntos. Para Uribe y su bancada, su redacción es ambigua, lo cual puede dar paso a múltiples interpretaciones. Al menos en seis de estos numerales, el uribismo tiene muchas dudas, por lo cual manifiestan que el acuerdo no puede ser aceptado por el país.  

Varios puntos preocupan a Uribe. Los consignados en los numerales 15 y 32, que en su criterio abren la puerta a que la jurisdicción especial de paz sea aplicada no solo a los miembros de las FARC, sino a civiles y miembros de las Fuerzas Armadas colombianas.

El numeral 23, dicen, ofrece amnistía a los delitos conexos, los cuales podrían ser narcotráfico y secuestro. O el numeral 38, que también tipifica la muerte de soldados y policías en combate como delito conexo al conflicto.

Sobre el punto 36, que señala que “la sanción impuesta no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política”, los uribistas consideran que se está abriendo las puertas a que los jefes guerrilleros puedan hacer política.

Además el punto 59, según la interpretación del uribismo, rompe con el concepto de cadena de mando, pues señala que la responsabilidad de los mandos de las FARC “no se podrá fundar exclusivamente en el rango o la jerarquía”, lo que significa que los jefes de las FARC no podrían ser condenados por graves crímenes cometidos por sus subordinados.

Tras ese estudio preliminar del documento en materia de justicia, Uribe no lo admitió. “Si a mí me dijeran que este acuerdo es necesario para la paz y que sólo se les aplica las FARC, no a las Fuerzas Militares ni a los civiles; si a mi me dijeran que a los responsables de delitos atroces van a tener castigo carcelario, así sea sentencia reducida; si me dijeran que no va admitir la conexidad del narcotráfico, del secuestro, del asesinato de soldados y policías en combate con el delito político, uno dice, aceptemos el acuerdo”.

Pero no. Uribe considera que los responsables de atrocidades no van a tener castigo y podrán tener elegibilidad política. “Eso es un mal ejemplo, eso genera nuevas violencias y eso afecta a las víctimas porque el principal derecho del pueblo colombiano, como víctima, es el derecho a la no repetición, y cuando hay un mal ejemplo y se impulsan nuevas violencias, entonces no se garantiza el derecho a la no repetición”.

Uribe también cuestionó que, en materia de reparación a las víctimas, no se mencione lo que llamó “las fabulosas fortunas” de las FARC como reparación.

“Esto tiene temas muy ambiguos. Somete a los civiles y a militares a esta misma jurisdicción porque los civiles han sido víctimas”, indicó.

El expresidente también anunció que se está llenado de argumentos para informar a los colombianos lo que en su criterio es este acuerdo. Aún no define si hará campaña en contra de los pactos de La Habana o hace un llamado a la abstención.