Qué pena: estos son los escándalos que rodean las 16 curules de paz

La llamada bancada de paz, compuesta por los 16 representantes de las víctimas, es la quinta fuerza más grande de la Cámara de Representantes. Tiene la misma cantidad de congresistas que poderosos partidos como Cambio Radical y el Centro Democrático y supera a fuerzas con amplia experiencia como la Alianza Verde.

Sin embargo, más allá de un reciente llamado que le hicieron al Gobierno a fin de que aumente la asignación para las víctimas en el presupuesto de 2023, la bancada de paz, luego de más de dos meses de haberse posesionado, ha estado alejada de las discusiones clave relacionadas con el conflicto: la modificación a la ley de orden público –que le permite al presidente entablar diálogos de paz–, la ley para el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales y la modificación a la ley de víctimas.

Tampoco se conoce hasta el momento algún proyecto radicado en favor de quienes sufrieron la guerra. Según le reconoció a SEMANA el representante por la curul de paz del Catatumbo, Diógenes Quintero, “ha sido un reto la interlocución en bancada debido a que aquí está representada la diversidad de las víctimas, cada uno tiene su propia orientación ideológica”.

A esta diversidad se suma el hecho de que, según han denunciado organizaciones de víctimas, no todos los 16 representantes de la bancada representan a quienes sufrieron el conflicto. De hecho, siete de ellos tienen demandas en contra por presuntas inhabilidades, compra de votos o apoyo de partidos tradicionales.

Uno de los casos más llamativos es el del representante Jhon Fredy Núñez, célebre por decir en una entrevista que llegó al Congreso para aguantar hambre. El representante, electo por la circunscripción de paz del Caquetá, enfrenta un proceso ante el Consejo de Estado que le suspendió la elección, pues durante los cinco años anteriores a su postulación había pertenecido al partido Opción Ciudadana, lo cual lo inhabilita.

Sin embargo, la defensa de Núñez apeló la decisión, por lo que por ahora sigue en su curul. El congresista es reconocido por su cercanía con el exgobernador de Caquetá Álvaro Pacheco, condenado a siete años y medio de cárcel por sus vínculos con las AUC. Otro de los que ha tenido que responder judicialmente es Jorge Rodrigo Tovar, hijo del exjefe paramilitar Jorge 40.

Si bien él ha insistido en que no puede responder por los crímenes de su padre, se le ha cuestionado que haya llegado al Congreso por una de las curules de paz. El Consejo de Estado admitió una demanda en su contra que busca tumbarle la curul debido a que, supuestamente, no habría cumplido con los requisitos.

En este mismo tribunal también hay una demanda en contra de Leonor María Palencia, pues aparentemente el movimiento por el cual se inscribió habría incurrido en vicios legales. Su candidatura también está en juego porque, presuntamente, cuando se inscribió como candidata tenía un contrato vigente con la Gobernación de Córdoba.

La representante es prima del gobernador de Córdoba, el liberal Orlando Benítez Mora. En el caso del representante Gerson Lisímaco Montaño, su elección fue demandada ante el Consejo de Estado por haber incurrido en una presunta inhabilidad al haber recibido el apoyo del exalcalde de Tumaco y excongresista Neftalí Correa.

Caso similar es el de Diógenes Quintero, exasesor del despacho del defensor del Pueblo, Carlos Camargo. El congresista fue demandado por, al parecer, haber recibido apoyos indebidos de alcaldes y funcionarios a su campaña, así como supuestas dádivas a cambio de votos.

Por su parte, James Hermenegildo Mosquera, según una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, “cuenta con un proceso de peculado por apropiación, adelantado en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Mocoa”.

Otro de los cuestionados es Haiver Rincón Gutiérrez, quien, según un informe de Indepaz, tendría vínculos con el Partido Conservador y la campaña al Senado del exgobernador del Tolima Óscar Barreto. Bajo estas circunstancias queda la duda sobre cuál será la agenda de estos representantes cuestionados. ¿Legislarán por una reparación para las víctimas o su labor se diluirá en los intereses de terceros?