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El proceso ha estado empantanado desde hace 10 meses por recursos de los abogados de la desmovilizada guerrilla.

JUSTICIA

Las dilaciones de los abogados de la Farc que no dejan avanzar a la JEP

Durante 10 meses, la defensa de la extinta guerrilla ha interpuesto recursos en el caso de reclutamiento forzado de menores. Estas son las implicaciones que tiene para la justicia transicional.

31 de julio de 2020

Quizá nada había generado más malestar últimamente, contra la voluntad de contar la verdad de las Farc, que la salida en falso de Sandra Ramírez y Rodrigo Londoño. Ambos líderes de las Farc, desmovilizados tras la firma del proceso en La Habana, rechazaron la existencia del reclutamiento de menores como un fenómeno característico en las filas de la guerrilla: una de las verdades más crueles de la guerra en Colombia. 

Tanto Londoño como Ramírez echaron mano del recurso de contar anécdotas personales para tratar de esconder los miles de casos documentados de niños y niñas que terminaron como combatientes en ese grupo subversivo. Con frases como “yo no entré obligada” o “le puedo hablar de muchos menores que entraron voluntariamente a las filas”, generaron una enorme polémica en el país.

Escuche lo que dijo Rodrigo Londoño sobre el reclutamiento infantil.

En medio del debate, su respuesta frente a si la organización de la que formaron parte reclutó niños o no, es que ese era un asunto por resolver en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por lo cual preferían no hablar en detalle sobre el tema en los micrófonos de los medios.

Sin embargo, en el proceso de reclutamiento forzado de menores, las Farc no han tenido esa apertura. El expediente ante la JEP ha estado empantanado desde hace 10 meses por recursos de los abogados de la desmovilizada guerrilla. A pesar de que hace casi un año el 24 de octubre de 2019 la JEP llamó a versión a los primeros desmovilizados por ese tema, no se ha podido escuchar ni a uno solo de ellos por recusaciones y recursos que han sido interpuestos. 

El día 19 de noviembre de 2019 los abogados de las Farc presentaron varias recusaciones contra el magistrado Iván González. La sala de ese togado negó las recusaciones el 26 de noviembre de 2019 señalando que eran totalmente improcedentes. Sin embargo, el 2 de diciembre de 2019, los defensores de las Farc interpusieron recursos de reposición y apelación contra la decisión que negó las recusaciones.

Por tal motivo, el caso estuvo parado varios meses hasta que finalmente la Sala de Apelaciones de la JEP confirmó la decisión de negar la recusación. Pero el nudo no se desató. En ese momento los defensores de las Farc presentaron 29 recursos de reposición contra el auto que los llamó a versiones libres.

Finalmente, esta semana se negaron los 29 recursos de reposición presentados por los exmiembros de las Farc. Sin embargo, como presentaron también apelación, el caso podría quedar estancado varios meses más. Este mecanismo ha llamado mucho la atención porque es insólito que se presenten recursos contra el simple llamado de la JEP en un proceso donde los desmovilizados están obligados legalmente a contribuir con la verdad.

La naturaleza de la JEP implica, en teoría, evitar el tortuoso y largo camino de un típico proceso adversarial, para tener agilidad con base en aportes significativos de la verdad a cambio de penas alternativas.

Además, la versión libre es apenas un primer paso en el proceso de la JEP. Por ello, si se bloquea, se paraliza todo el proceso desde el comienzo. La JEP es un sistema fundado en el reconocimiento de la verdad por parte de los combatientes en el conflicto. Si ello no se presenta, la JEP está destinada a pasar por un extenuante proceso con las mismas etapas y procedimientos de la justicia ordinaria y que puede durar muchos años.

El compromiso que tenga el grupo en este proceso es fundamental para que la justicia y la verdad lleguen a las víctimas. Parece que los comparecientes de la extinta guerrilla de las Farc han olvidado todo eso, al menos en lo relativo al caso 007 por reclutamiento infantil.