Reforma a la justicia pide aumento del presupuesto para la rama judicial

La discusión por el aumento al presupuesto para la justicia que tienen el Gobierno y las altas cortes parece zanjarse en la ponencia entregada por los senadores de la Comisión Primera, quienes establecieron un porcentaje legal del 3%.

La rama judicial, que se marginó del debate ante la negativa -entre otras razones- de que se aumentara el rubro, ha propuesto que se garantice un 5% del presupuesto nacional y que este excluya la partida destinada para el funcionamiento de la Fiscalía. La propuesta la hizo hace unos meses el expresidente del Consejo de Estado Mauricio Fajardo.

Pero el asunto no ha sido fácil y ha tenido el rechazo del Gobierno. A finales de marzo el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, les pidió a los congresistas no establecer con rango constitucional el presupuesto de la justicia. La ponencia contradice esa solicitud.

El texto solicita que se modifique el artículo 228 de la Constitución. En el parágrafo primero de este artículo se señala que el presupuesto de la Rama Judicial tendrá un incremento adicional del 3%.

"Con el fin de garantizar su autonomía, a partir de la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, el presupuesto de la Rama Judicial crecerá en un porcentaje igual al de la tasa de inflación esperado, más un incremento adicional del 3%".

Con este cambio en el Congreso se espera que las altas cortes regresen al debate.

Otros cambios

Pero la reforma tiene otros cambios sustanciales, ya que contempla modificar el artículo 277 de la Constitución, en el cual se establecen las funciones del jefe del Ministerio Público. Una de ellas es quitarle al procurador la facultad de investigar a los congresistas. En el artículo 22 de la ponencia se asegura que el procurador general tiene como función, "ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular, excepto los congresistas".
 
Bien conocidos son los casos en los cuales la Procuraduría investigó y entregó sentencia contra legisladores. Entre ellos están la sanción y la inhabilidad contra la hoy exsenadora Piedad Córdoba y las del también exsenador Iván Moreno Rojas.
 
Pero los cambios no quedan allí. En el artículo propuesto se define a qué altos funcionarios del Estado y magistrados podrá investigar fiscalmente la Contraloría General de la República.
 
"En este artículo se deja claro que el control fiscal por parte de la Contraloría General de la República se ejercerá sobre los aforados constitucionales, excepto el presidente de la República o quien haga sus veces, el vicepresidente y los magistrados de la Corte Constitucional", se lee en la ponencia.
 
Esto quiere decir que de ser aprobado el articulado tal como está, en adelante la Contraloría podría investigar a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado. Lo que va en contravía del fallo de la sala de conjueces que determinó que a los magistrados los investiga fiscalmente la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
 
La pérdida de la investidura no será la única sanción aplicable a un congresista, pues el juez podrá recurrir también a la suspensión. Esta no podrá ser mayor a seis meses, según se establece en la ponencia presentada.
 
Finalmente, el texto propuesto regula el período de los magistrados de las altas cortes, el cual se dejará en ocho años. "Se considera que 12 años resulta excesivo y puede implicar un anquilosamiento de la jurisprudencia", se asegura en la ponencia.